Condenaron a un exjuez y un funcionario judicial por encubrir el crimen de Mariano Ferreyra

El Tribunal Oral Federal N° 8 condenó este jueves al exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid a cinco años de prisión y al prosecretario administrativo de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar a tres años, por las maniobras para encubrir el asesinato de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que fue muerto de un disparo durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados el 20 de octubre de 2010.

La sentencia tuvo también un capítulo amargo: Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria (UF) y vicepresidente de Belgrano Cargas, fue hallado culpable como partícipe secundario de cohecho activo —es decir, participó del soborno— pero resultó absuelto porque el delito había prescripto. El tribunal absolvió además a la directiva de Belgrano Cargas, Susana Planas. Los otros dos protagonistas centrales de la trama, el exsecretario general de la UF José Pedraza —condenado en la causa principal por el homicidio— y el espía Juan José Riquelme, murieron antes de que comenzara este juicio.

Lo que quedó probado

La sentencia estableció que el plan para garantizar la impunidad de Pedraza arrancó prácticamente desde el mismo día del asesinato. Pedraza y Stafforini le ofrecieron dinero al espía Riquelme y a Aráoz de Lamadrid para mover sus influencias dentro de la Sala III de la Cámara de Casación, donde actuaba el juez Eduardo Riggi, a quien pretendían influenciar. Riquelme, agente de la SIDE que trabajaba para Pedraza, era el articulador: circulaba por Comodoro Py, informaba al sindicato sobre el estado de la causa y coordinaba a los distintos actores de la red.

El nudo central del esquema fue la manipulación del sorteo. Cuando la situación procesal de Pedraza llegó a Casación, Ameghino Escobar —quien manejaba el sistema informático de asignación de causas— intervino para que el expediente cayera en la sala de Riggi. Pedraza, a través de Stafforini, pagó al menos 50.000 dólares. El tribunal también tuvo por probado que tanto Riquelme como Aráoz de Lamadrid cobraban de Belgrano Cargas y de la Unión Ferroviaria: los vínculos entre ese sector sindical, el poder judicial y los servicios de inteligencia eran anteriores al crimen.

La operación se desbarató cuando el juzgado de instrucción allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid justo el día en que todo estaba preparado para que Riggi interviniera. El allanamiento alertó a todos los involucrados. Sin embargo, a pesar de que todos los imputados señalaban a Riggi como el destinatario final de las influencias y los pagos, el exjuez fue sobreseído y su participación no pudo ser investigada. El CELS, que representó a la familia de Ferreyra en ambos juicios, señaló que la sentencia de hoy “dejó en claro que había mucho más para investigar sobre la participación del exjuez”.

Quince años de resistencias

La causa del encubrimiento atravesó quince años de demoras y obstáculos. Más de una decena de jueces se excusaron de actuar por tener vínculos con los imputados. El CELS describió la trama que quedó expuesta como la expresión de algo que en Comodoro Py era un secreto a voces: operadores que trafican influencias, lazos entre sectores del poder judicial y la inteligencia nacional, manipulación de sorteos, cadenas de favores y alianzas políticas que los propios integrantes del fuero se resisten a investigar porque forman parte de esa misma estructura.

Mariano Ferreyra tenía 23 años cuando fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban su pase a planta permanente y el fin de la precarización laboral. La primera condena, por el homicidio, alcanzó a los autores materiales e intelectuales del crimen, entre ellos al propio Pedraza. Esta segunda sentencia, la del encubrimiento, completó el cuadro al comprobar que el aparato montado para que ese crimen quedara impune incluyó al poder judicial, a los servicios de inteligencia y a la cúpula del sindicato que ordenó el ataque.