Denuncias falsas por violencia de género y abuso sexual: la avanzada antifeminista que está por aprobarse en el Senado

“¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas?” “¿Tus papás saben que sos lesbiana?” “¿Por qué no me mandás fotos tuyas?” “Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así”. 

En 2021, cinco jugadoras de la selección argentina de fútbol denunciaron al entrenador Diego Guacci por acoso y abuso sexual. Estas frases, adjudicadas a Guacci, formaron parte de la investigación que llevó a cabo la FIFA, pero el Comité de Ética terminó cerrando la causa por considerar que las pruebas eran insuficientes. Las jugadoras, que continuaron denunciando el hostigamiento y el abuso, terminaron abandonando la Selección. Guacci, en cambio, se convirtió, junto a su esposa, en un referente de la cruzada contra las “denuncias falsas”. 

Andrea Guacci, quien tomó el apellido de su esposo, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas un año después. No fue la única: según un relevamiento que realizó de manera colaborativa la Federación Nacional Red de Medios Digitales (RMD), a partir de 2021, como un contramovimiento frente al avance de los feminismos, se multiplicaron los actores –organizaciones, fundaciones y grupos de abogados– que comenzaron a alertar sobre una supuesta emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género.

No hay estadísticas que respalden esta supuesta emergencia que, argumentan las organizaciones, está arruinando la vida a cientos de personas y niños. Pero, valiéndose de casos particulares, como el caso Guacci o el del obstetra Pablo Ghisoni, estos actores empezaron a hacer lobby en los medios de comunicación y a reunirse con legisladores y dirigentes políticos.

En 2022, Guacci conoció a Carolina Losada, quien desde entonces se convirtió en una abanderada de la causa. En 2023, luego de perder la interna contra Maximiliano Pullaro en Santa Fe y ser electa, en cambio, como senadora, Losada empezó a encabezar audiencias itinerantes sobre las supuestas denuncias falsas en todo el país. “Están utilizando el sistema como herramienta de extorsión, amenaza, castigo o venganza”, advirtió la senadora radical y presentó un proyecto de ley que, bajo el argumento de que la Justicia aplicaba sanciones sin prueba en casos de violencia de género, endurece las penas para dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncias falsas (artículo 245) y el de falso testimonio (275).

El proyecto de ley fue presentado dos veces y, la semana pasada consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado. La iniciativa no crea un nuevo tipo penal, sino que endurece las penas para dos delitos existentes –denuncias falsas y falso testimonio– en aquellas acusaciones vinculadas a la violencia de género, el abuso sexual o la violencia contra niños. Todos delitos que, advierten varias organizaciones de Justicia y de Derechos Humanos, se producen en ámbitos privados y, por lo tanto, suelen ser muy difíciles de probar.

En el caso de las denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto de Losada convierte el delito en no excarcelable, ya que lleva la pena de 3 a 6 años (hoy es de 2 meses a un año). En el caso del falso testimonio, que afecta a testigos y peritos, lo lleva de 3 a 8 años (hoy es de un mes a 4 años). 

La iniciativa se debatirá en el Senado el próximo 28 de abril. La jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, respalda el proyecto de Losada y está convencida de que tendrá el número para darle media sanción al proyecto. Las organizaciones de abogadas feministas están en estado de alerta: si la ley se sanciona, advierten, habrá un enorme retroceso en el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género.

“El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”, advierte, en diálogo con elDiarioAR, la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Desmitificando

El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las medidas judiciales en casos de violencia de género sin exigir prueba alguna. La Justicia condena hombres sin pruebas, argumentan, y les arruina la vida y los separa de sus familias. Y, si bien existen casos puntuales de denuncias falsas que derivaron en condenas, no existe en la Argentina ningún tipo de estadística que dé cuenta de un incremento de las denuncias falsas por violencia de género. Sino todo lo contrario. 

Según datos recabados por INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en el 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias. De ese total, que son datos proporcionados por la Dirección Nacional de Reincidencia, los casos de falsa denuncia y falso testimonio en todas las modalidades fueron 60. Es decir: el 0,25% del total de las sentencias dictadas en ese año fueron por falso testimonio y falsa denuncia.

“Los datos que existen demuestran la absoluta marginalidad y por lo tanto su irrelevancia político criminal”, advierte el INECIP, junto a decenas de organizaciones que publicaron un documento en contra del proyecto de Losada. 

El problema, sin embargo, no es solo la marginalidad estadística de este tipo de delitos –que ya existen y están tipificados–, sino las consecuencias que una política criminal orientada a endurecer las denuncias falsas por violencia de género puede tener sobre las mujeres y diversidades que denuncian. Un tipo de delito que, a diferencia de las denuncias falsas, sí tienen estadísticas oficiales que muestran que existe un profundo subregistro sobre la violencia de género. 

Según la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, solo el 18% de las víctimas de femicidio hizo una denuncia previa en 2023. Y, en el caso de los delitos contra la integridad sexual, la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC registró que solo el 12,5% de los delitos sexuales se reportan. 

“Lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos, víctimas frecuentes en estos casos y propician la impunidad y repetición de estos delitos”, advirtió, en 2024, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA.

Con otras palabras, Anna del Boca lo señaló así: “A mi me psicopatearon de todos lados, para convencerme de pedir perdón y retractarme por todo lo que me hicieron sufrir. Eso incentivan. Son parte del problema”. Hija de la actriz Andrea del Boca, Anna denunció en 2019 por abuso sexual a su padre, Ricardo Biasotti. El empresario, sin embargo, fue absuelto por la Justicia por falta de pruebas y se convirtió en un referente de las denuncias falsas, participando, incluso, del debate que organizó Losada en el Congreso. 

Después de escucharlo exponiendo en el Senado, Anna concedió una entrevista y le advirtió a los que sostenían la bandera de las denuncias falsas: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están haciendo”.

MCM/MG