Con fuerte respaldo de la CGT, los judiciales marcharon contra el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad

La protesta de los trabajadores judiciales contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña sumó este martes un respaldo político y sindical de peso: la adhesión formal de la Confederación General del Trabajo. La central obrera acompañó la movilización convocada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) al Palacio de Tribunales y se pronunció en defensa de la competencia nacional del fuero laboral.

La medida se desarrolló en el marco de un paro total de actividades en todo el fuero del trabajo y la ocupación del edificio ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, decidida en asamblea como acción de “emergencia” frente a lo que el gremio define como un intento de “desmantelamiento”.

“La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores. No puede fragmentarse ni debilitarse”, sostuvo la CGT en un comunicado difundido este martes. Además, remarcó que “defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales”.

El respaldo no es menor: la central obrera se involucra de lleno en un conflicto que, hasta ahora, aparecía circunscripto al ámbito judicial. Con esta adhesión, la disputa por el artículo 91 del proyecto de reforma laboral -que habilita la transferencia progresiva de competencias a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de 180 días- adquiere una dimensión política más amplia.

El titular de la UEJN, Julio Piumato, calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y sostuvo que se trata de una medida “totalmente inconstitucional”. Para el dirigente, el traspaso es “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional” y advirtió que apunta a transformar al país en “uno absolutamente unitario”.

Desde el gremio estiman que la transferencia podría poner en riesgo más de 1.700 puestos de trabajo en el fuero laboral, sin garantías claras de continuidad. También sostienen que la reforma vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, en particular en materia de tutela efectiva de derechos laborales.

La CGT, por su parte, anticipó que si la norma es aprobada en el Senado impulsará su judicialización por considerar que afecta derechos consagrados, como los previstos en el artículo 14 bis, y el principio de no regresividad en materia social.

El conflicto escaló el lunes, cuando cientos de trabajadores ocuparon el edificio central del fuero laboral y decretaron un paro de 48 horas. La medida impactó en el funcionamiento habitual de los juzgados y tensó aún más el clima en el microcentro porteño.

Para los judiciales, la Justicia del Trabajo cumple un rol histórico como herramienta para equilibrar la relación entre capital y trabajo. “Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, advirtió Piumato, quien además es secretario de Derechos Humanos de la CGT.

El Gobierno, en tanto, impulsa el traspaso como parte de la reforma laboral en debate, que contempla la progresiva disolución del fuero nacional una vez formalizado el acuerdo de transferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la CGT ya involucrada y una movilización que mostró capacidad de convocatoria, el conflicto promete seguir escalando. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre competencias judiciales se convirtió en un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, que ahora advierte que está en juego no solo la estructura del fuero laboral, sino la protección misma de los derechos de los trabajadores.

CRM