El futuro del Ministerio de Justicia volvió a convertirse en el epicentro de la disputa interna que atraviesa al oficialismo. Mariano Cúneo Libarona, el abogado penalista que llegó al gabinete como garantía de nexo con el establishment judicial, ya había adelantado su salida en declaraciones previas a las elecciones. Pero Javier Milei y su hermana lo convencieron de quedarse al menos hasta el verano. “Karina le pidió que aguante unos meses más”, confía una fuente con acceso directo a Balcarce 50.
La continuidad del ministro, sin embargo, se sostiene en un equilibrio precario. En la Casa Rosada saben que su salida es cuestión de tiempo y que detrás de esa silla se esconde una pelea mayor: quién controlará el vínculo del Gobierno con el Poder Judicial. La mira del karinismo está puesta sobre una cartera que se volvió estratégica, no sólo por su peso institucional sino por lo que simboliza en la puja interna con el asesor Santiago Caputo.
Semanas atrás, Cúneo Libarona había puesto su renuncia a disposición. Su desgaste es inocultable. “Está cansado del fuego cruzado”, dicen en su entorno. Pero Karina Milei lo contuvo con un objetivo político preciso: bloquear el desembarco de un dirigente del PRO o de su segundo, Sebastián Amerio, amigo personal y operador judicial de Caputo, figura excluyente del mileísmo en los tribunales de Comodoro Py.
Esa resistencia abrió una nueva fractura dentro del triángulo de hierro. Mientras la secretaria general de la Presidencia intenta preservar el control político del área, Caputo busca preservar a Amerio. En los hechos, el actual vice de Justicia hace tiempo que ejerce como un ministro de facto, aunque prefiere mantenerse en ese rol antes que asumir el primer mando: el cambio de jerarquía lo obligaría a dedicar tiempo a actos protocolares y viajes que lo alejarían de las gestiones que hasta hoy concentró en los tribunales.
En su entorno aseguran que su influencia real radica en ese trabajo silencioso, en contacto directo con jueces y fiscales. La disputa, más que simbólica, define si el Gobierno mantendrá una estrategia judicial autónoma o si el poder real volverá a concentrarse en la figura de Amerio, el funcionario que Caputo logró instalar como su pieza más sólida dentro de la estructura estatal.
Aunque formalmente no hay decisión tomada, los nombres que circulan para suceder a Cúneo Libarona revelan las líneas de tensión interna. Uno de ellos es el de Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y legislador bonaerense electo, a quien se lo ubicó como virtual titular de una cartera unificada de Justicia y Seguridad que a último momento terminó descartándose. De perfil PRO –pero vez más distanciado de Mauricio Macri– y experiencia judicial, hay quienes consideran que Montenegro podría funcionar como una suerte de figura de equilibrio en caso de que la intención sea buscar una salida por el lado de la amplitud.
La Casa Rosada analiza incluso la posibilidad de ungir a una figura con mayor capacidad de articulación con el Congreso, en línea con la nueva etapa de diálogo que Milei intenta reconstruir con los gobernadores y bloques aliados. En cualquier caso, el reemplazo se resolverá después de que se defina el rediseño más amplio del gabinete, previsto para diciembre.
Rosca judicial
Más allá de la disputa interna, lo que se pone en juego en el Poder Judicial excede cualquier recambio personal. Es que casi la mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podría quedar vacante antes de fin de año. En 2024, Amerio había anunciado el envío de 150 pliegos al Senado, pero la decisión se frenó por pedido del propio Presidente, que no quería abrir un frente judicial en medio del año electoral. Ahora, con el nuevo escenario político, el Gobierno busca destrabar ese paquete.
Además, en oficialismo también se evalúa avanzar en nombramientos de extrema sensibilidad, como son los candidatos a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación. El máximo tribunal opera hoy con su integración mínima y en Balcarce 50 no descartan ampliar el número de cinco a siete jueces como parte de una negociación con el kirchnerismo que ya está puesta en marcha.
Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner mantienen desde hace semanas un canal de interlocución reservado, mediado por emisarios de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La conversación –negada por ambas partes– gira en torno no solo a la designación de magistrados, sino al reparto de influencia en el sistema judicial, con el ministro bonaerense Juan Martín Mena y la senadora Anabel Fernández Sagasti como enlaces del cristinismo.
Ese intercambio inconfesable, nacido en la aritmética del poder, responde a una lógica compartida: juntos, La Libertad Avanza y el peronismo concentran los dos tercios del Senado, suficientes para decidir sin necesidad de la UCR ni del PRO. Desde San José 1111, la expresidenta percibió rápido que esa mayoría eventual podría ser la base de un intento de acuerdo inédito con el Presidente: redefinir el armado de la Corte Suprema y condicionar el mapa judicial sin depender de Mauricio Macri.
El diálogo se da en silencio, sin fotos ni mensajeros formales, y refleja un cambio de tono en el oficialismo: la hermana del Presidente, refrendada como jefa política tras el triunfo electoral del 26 de octubre, busca asumir el control de un área que había dejado librada a los designios delineados por el “monje” del Salón Martín Fierro.
Emisarios misteriosos
Pero aunque el interés de Karina por la rosca judicial comienza a asomar, no termina de quedar claro en qué intermediarios se sostiene. El abogado Santiago Viola es uno de los pocos nexos visibles de la secretaria general con ese mundo. Apoderado de La Libertad Avanza, en los tribunales lo conocen también por sus vínculos familiares: su madre, Claudia Balbín, es una figura mencionada en Comodoro Py y que mantiene una relación de amistad con la jueza María Servini.
El incipiente avance karinista choca de frente con los planes de Caputo, que pretende seguir reservando esas tratativas para Amerio. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales nadie olvida su gran traspié. El verano pasado, el asesor estrella encabezó la fallida negociación para colocar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, una jugada que terminó en derrota legislativa y con un costo político elevado.
Ahora, casi un año más tarde, los mismos nombres vuelven a sobrevolar las conversaciones. Como publicó elDiarioAR, Lijo conserva apoyos entre los gobernadores peronistas, y Massa busca reactivar su pliego con el visto bueno de Cristina. Pero el kirchnerismo discute si volver a apostar por un juez ligado a Ricardo Lorenzetti o impulsar a una mujer propia para completar la Corte, vacante de perspectiva femenina desde la salida de Elena Highton en 2021. En esa lista aparecen la propia Fernández Sagasti y la exsenadora santafesina María de los Ángeles Sacnún.
Mientras esas negociaciones avanzan en silencio, el Ministerio de Justicia atraviesa una parálisis cada vez más visible. En lo inmediato, Cúneo Libarona se mantiene en funciones con un margen cada vez más reducido. Su gestión quedó atrapada entre la inercia administrativa y el fuego cruzado de las facciones internas. “El Presidente ya sabe que se va, pero todavía no quiere abrir otro frente”, admite una fuente con llegada a la mesa chica libertaria.
El Gobierno evita dar señales públicas y prefiere mantener el suspenso. “La orden es mantener todo como está hasta que baje el ruido”, señalan. Detrás de esa espera se mueve algo más profundo: un tablero en plena reconfiguración. En ese juego, el control de la cartera judicial no es un asunto menor, sino la llave de futuras negociaciones que pueden redefinir los equilibrios de poder del nuevo ciclo abierto en la Argentina.
PL/MG