La Procuración del Tesoro Nacional está bajo revisión interna. En medio del revés judicial que sufrió el Estado argentino por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei ordenó una investigación por presuntas “filtraciones” de información reservada y prepara una reestructuración de su jefatura de abogados, según confirmaron a elDiarioAR fuentes del organismo. Si bien se descarta de plano una remoción del procurador Santiago Castro Videla, voces oficiales confirmaron que el Ejecutivo avanzará con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas.
La medida será formalizada en las próximas horas a través del Boletín Oficial. A través de un comunicado oficial difundido este miércoles, el Gobierno detalla que la Procuración del Tesoro “pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”, en línea con los criterios establecidos por la Ley Bases. El recorte, señalan, es parte del proceso de “transformación y racionalización del Estado” impulsado por la administración libertaria.
Designado por impulso directo de Santiago Caputo en febrero, tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra, Castro Videla comanda ahora tanto la reestructuración administrativa como la investigación por filtraciones. Pese a su cercanía con el Presidente, debió excusarse de intervenir en la causa YPF por haber integrado el estudio jurídico de Alberto Bianchi, quien colaboró con el fondo Burford Capital en el armado de la demanda. Su salida dejó al Estado sin abogado principal en uno de los juicios más sensibles del siglo.
El comunicado oficial sostiene que el organismo “ya ha reducido su personal en más de un 20% desde el ingreso de las nuevas autoridades” y que pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales. También se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya tarea de capacitación quedará restringida al fortalecimiento de la abogacía pública y la doctrina jurídica de la PTN. Esa función será asumida por un nuevo centro “que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”.
La denuncia de filtraciones se produjo en el momento de mayor tensión legal para el Estado desde que se reactivó el juicio por la estatización de YPF. Hace dos semanas, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park, que compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar. La decisión fue apelada y, mientras tanto, se obtuvo una suspensión administrativa de la entrega de las acciones. Fuentes oficiales deslizaron que “parte de la estrategia legal del fondo se nutrió de información reservada del Estado argentino”.
En la Procuración creen que esa información —que incluía detalles internos sobre la línea jurídica que el Estado planeaba seguir ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito— salió de sus despachos durante los últimos meses. “No hay forma de saber para quién se filtró, pero es razonable pensar que fue para Burford”, apuntó una fuente. La revelación de esos datos habría fortalecido la posición de los litigantes en el tribunal neoyorquino, donde se discute un fallo con impacto potencial de US$16.100 millones.
Desde el Gobierno remarcan que la reestructuración “busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”. También se avanza con la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”. Según se informó, se eliminaron comitivas y gastos en viajes oficiales, y se reasignaron tareas que antes estaban tercerizadas.
“El objetivo es colaborar con el equilibrio fiscal”, concluye el texto oficial, “y acompañar el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos”. La intención, según se desliza desde el Gobierno, es reconfigurar su estructura interna y profesionalizar su planta, en línea con los criterios que La Libertad Avanza impulsa en otras áreas clave del Estado.
Gesto de Trump
Sin embargo, en ese marco de incertidumbre judicial, Milei recibió un inesperado respaldo político y diplomático: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se presentará como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para apoyar la postura argentina. El objetivo es lograr que se mantenga la suspensión del fallo que ordenó al Estado entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.
El respaldo de Washington no es menor. Aunque por ahora no se extiende a la apelación de fondo ni alcanza el fallo de US$16.100 millones dictado contra la Argentina, la jugada apunta a reforzar la posición del país en el punto más sensible: evitar el traspaso inmediato de las acciones de la petrolera, un hecho que el Gobierno considera de altísima gravedad institucional.
“El amicus implica el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso, y le agrega argumentos favorables para que los jueces sean persuadidos y fallen a su favor”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en diálogo con Noticias Argentinas. Según detalló, el gobierno estadounidense considera que forzar la entrega de las acciones viola las normas de inmunidad soberana y podría sentar un precedente indeseable en su sistema jurídico.
El respaldo no es nuevo: bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia ya había solicitado a la jueza Preska que rechazara la solicitud de Burford de hacerse con activos clave de la petrolera argentina. En aquel momento, la magistrada desestimó el planteo de la Casa Blanca y falló en contra del país. Pero ahora, con una nueva administración republicana, el Gobierno argentino vuelve a depositar esperanzas en que el respaldo internacional contribuya a frenar los efectos inmediatos de la sentencia.
Actualmente, la cesión de acciones se encuentra suspendida de manera temporal, mientras las partes presentan sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones. El amicus que presentará la administración Trump busca que esa suspensión se extienda durante todo el proceso de apelación, lo que le permitiría al Gobierno ganar tiempo político y jurídico en medio de la reestructuración interna de su defensa legal.
Fuentes oficiales admiten que el juicio por YPF se ha transformado en un problema político de primer orden. La causa no solo amenaza con comprometer el patrimonio estatal, sino que deja en evidencia las fisuras dentro del esquema de defensa del país ante los tribunales internacionales. Mientras la Procuración del Tesoro intenta blindarse frente a posibles fugas de información, el Gobierno busca apoyo externo para evitar un desenlace que podría marcar a fuego su gestión. Todo en medio de una pulseada que, más allá de los fallos, pone a prueba la capacidad del Estado argentino para defender su soberanía jurídica y económica en los foros más hostiles del planeta.
PL