El virtual desembarco de buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías, promocionado como el pasaporte al desarrollo por el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck, desató un conflicto que atraviesa a comunidades costeras, organizaciones ambientales y sectores políticos. En esa bahía del noreste patagónico, entre la Península Valdés y la costa que une Las Grutas con la localidad de San Antonio, se juega una pulseada que ya no se limita a cifras millonarias: el choque es entre un modelo de desarrollo extractivo y la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur.
La polémica está cruzada por un antecedente central: la Legislatura de Río Negro reformó en 2022, casi a escondidas, la histórica ley 3308 de 1999, en cuyo articulado se prohibía la instalación de terminales hidrocarburíferas en el Golfo de San Matías. Esa norma había nacido de la alerta de la comunidad por un oleoducto que pretendía convertir a San Antonio Oeste en “la nueva Comodoro Rivadavia” y cuya caída consolidó el perfil turístico de la región. Las organizaciones sociales denunciaron que se trató de un trámite exprés, con legisladores votando entre gallos y medianoche y vecinos impedidos de ingresar al recinto.
El valor ecológico del Golfo refuerza esa disputa. Allí conviven ballenas francas, orcas, toninas y hasta lobos marinos de uno y dos pelos. Además, llegan aves migratorias desde el Ártico canadiense e Inglaterra y se desarrollan pesquerías de merluza y langostino, así como del denominado pulpo tehuelche. “Un derrame aquí sería letal para las aves playeras migratorias. Podría arrasar con un ecosistema que sostiene al turismo y la pesca artesanal”, advierte Mirta Carbajal, bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen.
“El Golfo San Matías es el único de la zona que no tiene actividad petrolera. No queremos que eso se pierda, por eso la esperanza está en la gente que pueda apreciar este lugar en el que estamos”, añadió Carbajal en diálogo con elDiarioAR, quien también integra la Multisectorial Golfo San Matías, una organización que reúne a personas de distintas ciudades costeras autoconvocadas para proteger al golfo de la explotación petrolera y de los derrames de crudo al mar.
De audiencia en audiencia
Un momento clave de toda esta historia tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024. Ese día, en San Antonio Este, se desarrollaron las primeras audiencias públicas para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Hilli Episeyo, el primer buque que llegaría a la costa argentina, propiedad de la noruega Golar LNG. En aquel momento, vecinos y asambleas advirtieron que el documento minimizaba riesgos y que el procedimiento no se hacía en el lugar directamente afectado, Las Grutas. “Se trató de una audiencia con respuestas evasivas y tiempos acotados, un trámite más que un debate”, recuerda Raquel Perier, activista socioambiental y doctora en Biología por la Universidad Nacional de La Plata, que desde 1979 vive en el Golfo.
Southern Energy —el consorcio integrado por Pan American Energy y Golar LNG, además de por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy— , sin embargo, destaca otra versión. Según indicaron a elDiarioAR, los EIA de ambos buques fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La compañía asegura que los estudios incluyeron un equipo multidisciplinario de expertos —entre ellos investigadores locales del CIMAS y del IIMYC— y que las audiencias cumplieron con todos los requisitos normativos. La primera, dicen, se extendió por 12 horas con 23 expositores, 152 oradores y “plena participación ciudadana”.
Nueve meses después, el 16 de septiembre pasado, se repitió la escena con el FLNG MKII. Las asambleas denunciaron nuevamente cupos cerrados y tiempos recortados. “Estamos viviendo sin respeto alguno de las leyes que hemos construido durante años”, se lamenta Perier. El consorcio, en cambio, afirma que la segunda audiencia se prolongó por 11 horas, con 33 expositores (entre ellos autoridades provinciales, universidades, sindicatos y legisladores) y 146 oradores, de los cuales más del 90% se manifestó a favor del proyecto. El informe presentado sostiene además que se evaluaron impactos acumulativos —ruido, descargas térmicas, emisiones gaseosas, paisaje— y que todos resultaron “bajos” según las guías internacionales.
La empresa agrega que el proyecto generará 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales, y que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial. Para las organizaciones socioambientales, en cambio, el debate sigue siendo el mismo: el impacto acumulativo sobre un ecosistema frágil y la pérdida de soberanía en nombre de un desarrollo que consideran extractivista.
Tres días antes de esa última audiencia oficial, el sábado 13 de septiembre, vecinos y organizaciones habían organizado su propia instancia de deliberación en Las Grutas: la llamada “asamblea del pueblo”. Desde el mural “No al buque” partió una caravana hacia San Antonio Oeste y terminó en la Plaza Centenario, donde un centenar de personas —entre ellas ambientalistas, referentes religiosos y artistas— plantearon un espacio paralelo de discusión.
Una actividad en riesgo
Está claro que los cuestionamientos no se limitan a la forma. Es el fondo lo que está en disputa. Según indican desde las organizaciones, el GNL requiere enfriar el fluido hasta los –161 ºC para transportarlo y luego regasificarlo, un proceso de altísimo consumo energético. Diversos informes internacionales señalan que, en un horizonte de 20 años, sus emisiones pueden llegar a superar en un 30% a las del carbón.
En Río Negro, además, el proyecto de la instalación de los buques depende del fracking en Vaca Muerta y del tendido de un oleoducto de cientos de kilómetros hasta la costa cuya construcción está a cargo de YPF. Es decir, no se trataría solo de un barco: es un modelo de hidrocarburización intensiva, con consumo de agua, sismicidad inducida y generación de residuos tóxicos.
Héctor tiene 53 años y desde los 8 que es “pulpero”, aunque él prefiere que lo llamen recolector costero. “Tenemos miedo de que no nos dejen llegar más al mar”, se lamenta, sentado en el comedor de su casa junto a su hermana Mabel. Ambos viven a las afueras de San Antonio Oeste y reivindican el trabajo que les fue inculcado por sus padres y abuelos y que hoy está en riesgo debido al avance del proyecto petrolero.
“No sé cómo lo tomarán los otros compañeros, pero mi trabajo es este y lo traigo de nacimiento”, afirma Héctor cuando se le consulta si recibió propuestas laborales de parte de las petroleras, algo que niega de plano. “Hace poco tuve problemas de salud y lo único que le pedía a Dios era que no me sacara eso”, grafica, mientras señala los “sunchos” que colocó sobre la mesa. Son varillas metálicas con la punta doblada, instrumentos caseros que desde tiempos inmemoriales se usan para capturar a los pulpos. Es una técnica transmitida de generación en generación, basada en la destreza manual y en el conocimiento del terreno marino.
La clave, dice Héctor, está en saber cuándo “entrar a la marea” y cuándo retirarse: una sabiduría que combina tradición, intuición y resistencia frente a un ecosistema en transformación.
Es que el pulpeo se realiza en un tiempo muy limitado: las pocas horas en que el mar retrocede y deja al descubierto la franja intermareal. Los recolectores observan además la dirección y la intensidad de los vientos, y dependen de la luz natural para detectar las señales que delatan la presencia de los moluscos.
Denuncia abierta
Mientras tanto, la oposición política rionegrina también toma nota. La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, denunció a Weretilneck ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por habilitar la participación de Harbour Energy, heredera de la británica Premier Oil, sancionada en 2012 por operar ilegalmente en las Islas Malvinas.
“Es un caso de encubrimiento empresarial que vulnera la ley nacional y hasta la causa Malvinas, de jerarquía constitucional”, afirmó Odarda, poniendo en el foco al gobernador de la provincia, hoy amo y señor de la política de Río Negro. Para ella, al igual que para las organizaciones ambientalistas, las audiencias públicas “son apenas un simulacro, un trámite administrativo para legitimar lo que ya está decidido”.
Ese señalamiento no solo apunta a una empresa, sino también al estilo del propio Weretilneck. Fiel a su mote de “el Brujo”, el gobernador volvió a desplegar el pragmatismo que lo caracteriza: con mayoría en la Legislatura, allanó en tiempo récord la derogación de la ley 3308 que blindaba al Golfo, alineó a su tropa detrás del RIGI y tejió alianzas con Nación y con las petroleras. Su apuesta es clara: provincializar un proyecto con capitales multinacionales y convertirlo en la bandera de un legado productivo, aunque para ello deba relativizar las críticas por la participación de Harbour o los reparos de las comunidades costeras.
En el último tiempo, Weretilneck consolidó su sintonía con el gobierno nacional. A fines de septiembre, la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, fue designada como directora titular de YPF, con mandato hasta 2026, consolidando así la participación provincial en las decisiones estratégicas de la principal empresa energética del país. La designación fue leída en Viedma como una señal política de la Casa Rosada hacia el gobernador y como una de las puntas del acuerdo que lo une a Javier Milei. En el Congreso, Weretilneck ya venía ordenando a la senadora Mónica Silva y al diputado Agustín Domingo para votar en sintonía con el oficialismo libertario, mientras su gobierno provincial acompaña las principales reformas económicas impulsadas desde Nación.
El gobierno local sostienen que el proyecto de GNL traerá empleo, logística, obras de infraestructura y regalías. En esa línea, en la última audiencia oficial, el gerente de Ambiente de Southern Energy, Marcelo Bombicini, apeló a una metáfora llamativa. “Ya somos vecinos y vamos a ser vecinos durante 20 años con un buque, ahora lo estamos ampliando a un segundo ambiente de nuestro PH, que es el MKII”, señaló, según indicaron las crónicas periodísticas. El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, se sumó a los festejos y aclaró que “estas inversiones no vienen a perjudicar absolutamente nada”.
Pero la desconfianza de un sector de la sociedad persiste. Las organizaciones señalan que, en los últimos años, la Legislatura entregó el control ambiental a la Secretaría de Energía provincial, sin idoneidad técnica, y que la provincia avanza sin cumplir con la consulta previa a las comunidades originarias establecida por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú. “No nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a que lo hagan a costa de nuestra biodiversidad, de la pesca artesanal y del turismo, que es la base de la economía local”, apunta Perier.
El conflicto recién empieza. A medida que se acercan los plazos de inversión, estimados para el 2027, la brecha entre la épica oficial del polo energético y la alerta socioambiental se profundiza. El Golfo San Matías, hasta ahora una postal de aguas transparentes y actividad pesquera artesanal, quedó en el centro de un dilema que excede a la provincia de Río Negro: ¿exportar gas como vía rápida al desarrollo o preservar un ecosistema único en nombre de las generaciones futuras y el bienestar presente?
PL/MG