Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado Maximiliano Ruscon para cumplir en prisión la condena de cuatro años impuesta por la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4.
El abogado defensor, Maximiliano Rusconi, había solicitado el beneficio de la detención en su domicilio en razón de la edad del exministro, de 75 años, y su estado de salud, pero el tribunal rechazó el planteo y ratificó la citación para el 13 de noviembre de 2025. Quedaría alojado en el penal de Ezeiza.
En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, Rusconi calificó de “arbitraria” la decisión judicial y cuestionó la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con la que, según él, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.
El letrado adelantó además que realizará una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, por considerar que la medida vulnera los derechos de su defendido.
El fallo firmado por los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel determinó “mantener indefectiblemente la convocatoria” y negar la prisión domiciliaria, dejando sin efecto los argumentos esgrimidos por la defensa.
De Vido está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.
Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema; en 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.
Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.
Con información de NA