Javier Milei eligió una vez más Twitter para expresarse sobre un tema de alta sensibilidad institucional. La excusa fue el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51% de YPF como forma de pago a fondos buitre por la expropiación de la petrolera en 2012. Fiel a su estilo iracundo y eligiendo a quién culpar, esta vez insistió en su blanco predilecto en este 2025 electoral, Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Economía que decidió, junto con Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la compañía hidrocarburífera a la española Repsol.
“El inútil soviético de Axel Kicillof”, lo llamó Milei en su mensaje. Lo responsabilizó de manera directa por la situación actual, sin matices ni contexto, y prometió apelar el fallo “en todas las instancias que corresponda”. Sin embargo, el mensaje omitió un detalle fundamental: el Gobierno libertario no presentó en enero las garantías necesarias para que la apelación iniciada por Alberto Fernández pudiera avanzar. Esa omisión procesal habilitó a los fondos litigantes, Burford Capital y Eaton Capital, a pedir la ejecución del fallo de Preska, que ahora incluye la entrega de las acciones estatales de YPF.
El tuit de Milei evita explicar por qué su Gobierno dejó desprotegida la estrategia judicial. Tampoco dice que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en favor de la Argentina en esta causa, ni menciona que el encargado de defender al Estado argentino, Santiago Castro Videla, fue socio en un estudio de abogados donde uno de sus integrantes representó a Burford en el mismo juicio.
El Presidente repite que “avisó” sobre Kicillof, al que llama “pelotudo”, como si la política internacional y los litigios millonarios pudieran zanjarse con exabruptos. Pero la realidad es más incómoda: la Argentina enfrenta una condena por US$16.000 millones, y su administración dejó pasar la oportunidad de sostener una defensa firme. El default procesal en enero fue una decisión del actual gobierno, no del anterior.
El juicio en cuestión se originó por la “argentinización” de YPF promovida en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que permitió al Grupo Petersen adquirir un 25% de la compañía sin poner un peso, prometiendo pagar con futuras ganancias. En 2012, ya sin Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández reestatizó la empresa. El corte de dividendos hizo que los Eskenazi no pudieran seguir pagando su parte y los derechos de litigio quedaron en manos de fondos buitre.
No se trata solo de la “imbecilidad de Kicillof”, como dice Milei, sino de una cadena de decisiones políticas y financieras con consecuencias complejas. Y la más reciente de ellas —la falta de garantías procesales en enero de 2024— corresponde íntegramente a la gestión libertaria. El insulto no borra el expediente.
JJD