En la segunda jornada de su alegato en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani comenzó a profundizar sobre la hipótesis del direccionamiento de las 51 licitaciones y contrataciones públicas adjudicadas al grupo del empresario Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner.
“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, aseguró el fiscal en la audiencia virtual. La vicepresidenta no se conectó al Zoom para escuchar el alegato, como exige el tribunal a los imputados. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez, agregó Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos los jefes de Estado, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.
“Cristina Fernández fue quien dijo en su declaración indagatoria durante este debate (que) las obras no eran ejecutadas por la DNV (Dirección Nacional de Vialidad) sino que eran por convenios con las administraciones provinciales; que los fondos pasaban al patrimonio de las provincias y eran ejecutados por las provincias sin mencionar y sin advertir que esos convenios fueron diseñados, suscriptos por los propios imputados elegidos por ella para que justamente pudiese decir esto y buscar su propia impunidad”, dijo Luciani.
Las normas y reglas para realizar licitaciones públicas “fueron destrozadas por la Administración pública, por las empresas beneficiadas y por las empresas que acompañaron” los procesos simulados de licitación, afirmó Luciani. Existió, dijo, “una inobservancia grosera de las normas”. “Nunca se hizo un análisis real, serio y detenido de las ofertas” realizadas por las empresas de Báez para las obras viales. “Vamos a explicar algunos casos burdos”, adelantó este martes.
Luciani dedicó la mañana del martes a la hipótesis de cómo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner planificación el direccionamiento de la obra vial de Santa Cruz hacia las empresas de Báez; y cómo supuestamente prepararon normativas especialmente pensadas para desviar la responsabilidad del Estado nacional en la adjudicación y el control de los contratos.
El fiscal expuso extractos de documentos, normas, convenios, resoluciones, expedientes administrativos y un informe de auditoría interna de Vialidad Nacional de 2013 para fundamentar la acusación, junto con las declaraciones de los testigos de la fiscalía durante el juicio.
“No había control, lo dice en 2013 la propia auditoría” interna de Vialidad, afirmó. “Se trata de adjudicaciones con una resolución formalmente adaptada a la legalidad pero que escondió un pacto entre la Administración central y Lázaro Báez”, añadió.
“Veremos en todos los casos -las 51 licitaciones investigadas- una actuación de aparente legalidad que escondió una adjudicación arbitraria y esto transgredió la transparencia, imparcialidad en la contratación pública y comportó un delito muy grave para la Administración pública”, aseguró. Agregó que se modificacion leyes y normas para que Nación enviara los fondos públicos para pagar las obras a Báez pero al mismo tiempo se aseguraron que las licitaciones quedaran a cargo de la provincia.
Esto, aseveró, “tuvo como único fin intentar alejar la responsabilidad penal de los altos funcionarios del Estado nacional para que recayera la responsabilidad en los funcionarios locales”.
“Durante doce años, la corrupción sistemática se mantuvo inalterable, por eso hoy todos los imputados deben rendir cuentas ante otro poder del Estado”, alegó el fiscal. “No sólo las licitaciones eran una ficción sino todo lo que pasaba después porque no hubo ningún tipo de control”, dijo antes de exponer cuatro ejemplos de obras con coincidencias que analizó la fiscalía.
“Todas tienen en común que se realizaron de manera simultánea con una inadmisible celeridad y urgencia que no está justificada” y explicó que en las cuatro licitaciones simultáneas se presentaron dos o tres empresas de Báez y Petersen, de la familia Eskenazi, otrora aliada de los Kirchner, que siempre quedaba descalificada por errores en la presentación de la oferta o por ofertar muy por encima del precio ofrecido por Báez. “La torpeza sistemática de la empresa -por Petersen- nos persuade de una complicidad criminal”, afirmó Luciani.
Ejemplos
Una de las cuatro obras analizadas durante la audiencia fue la pavimentación de 39 kilómetros de la ruta nacional 288, tramo Comandante Piedra Buena-Estancia La Julia, por un presupuesto mayor a los $192 millones (más de US$62,7 millones). Los oferentes fueron Kank & Costilla (de Báez), Austral Construcciones (de Báez), Gotti (de Báez) y Petersen. “Tres empresas de Báez y una cuarta de cortesía, que realizó una oferta por arriba del 20% permitido y fue descalificada”, dijo el fiscal.
“No había competencia, competían las empresas de Báez entre sí. Una vez adjudicada la obra a Gotti, se la cedió a Austral Construcciones, burlando todos los principios de la Administración pública y la Administración lo permite”, sostuvo Luciani.
“El pliego establecía el término de tres años (36 meses) para realizar 39 kilómetros. La obra se extendió 120 meses. Así y todo la obra no finalizó, lo que implica un inconmensurable perjuicio”, agregó.
Una Administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa más conveniente, no al empresario amigo.
Otra obra expuesta, el enripiado en la ruta provincial 9, reveló “nn dato que muestra la connivencia entre la Administración pública y el contratista: apenas cuatro o cinco días antes de la apertura de los pliegos, Vialidad firma un convenio con AGDP (Vialidad provincial) en el que se compromete a financiar la suma de $238.248.064,42 para esta obra”. “Esa suma exacta es la que ofertó Lázaro Báez, hasta con centavos. Nos muestra una connivencia inadmisible”. Entonces, la empresa de Báez sólo podía conocer el presupuesto oficial de la obra, que era menor: $199.680.000.
“Una Administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa más conveniente, no al empresario amigo”, acusó Luciani.
Cláusulas Báez
“En Santa Cruz, se limitaba la participación de todas las empresas menos las de Lázaro Báez y a las pocas que se prestaban para la maniobra de simulación”, explicó y sostuvo que “los pliegos vedaban la participación de quienes no tuvieran 10 años de experiencia en obras de Santa Cruz”, como una de las maniobras para legalizar el direccionamiento de los contratos.
“Hemos vislumbrado una sistemática transgresión a las normas de la propia provincia de Santa Cruz”, como la que prohíbe que un mismo oferente se presente con dos o más empresas a competir por una misma obra, explicó Luciani.
“Todas las obras que se analizan fueron financiadas por fondos del Estado Nacional, es decir, del Tesoro Nacional, y por eso sostenemos que debe aplicarse la normativa federal y no la provincial como especifican los pliegos” porque “esto era parte del plan para alejar la responsabilidad de aquellos que planeaban la maniobra, para restringir la publicidad a diarios locales y evitar la transparencia y la competencia”, dijo antes de mencionar un caso en el que ni siquiera se publicó el llamado a licitación en el principal diario de la provincia sino en diarios de la localidad donde se iba a realizar la obra, restringiendo aún más la publicidad exigida por la ley cuando se anuncia una licitación pública.
“Se vulneró el derecho de igualdad de oportunidades y todos los imputados lo permitieron sin decir absolutamente nada”, acusó el fiscal. “La licitación nunca existió”.
Lunes
“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elisabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración nacional y provincial de la provincia de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, había dicho el fiscal este lunes en el inicio de su alegato, que se extenderá por al menos nueve audiencias.
“Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación: capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura; perpetuación en el tiempo con ausencia absoluta de control de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”, aseguró.
“La finalidad de esta asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero, y para la cual se eligió el siguiente medio: se adjudicaron obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, y de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y de su esposa”, afirmó Luciani.
Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elisabeth Fernández, instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias.
En la primera audiencia del lunes, el fiscal expuso también mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Los mensajes nunca habían salido a la luz. Forman parte de las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López en “la causa de los bolsos”, en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito.
Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada” y ante la consulta de elDiarioAR a su abogado Carlos Beraldi respecto a los mensaje exhibidos este lunes en el juicio, el letrado respondió que la defensa esperará que finalice el alegato de la fiscalía antes de pronunciarse. Fernández de Kirchner sostiene que se trata de una “causa fraudulenta” y que los jueces ya tienen “la sentencia escrita y firmada”.
Nunca se hizo un análisis real, serio y detenido de las ofertas.
El caso
Vialidad acumula más de tres años de audiencias, 600 horas de juicio y más de tres toneladas de documentación, afirmó una fuente directa del caso a este medio.
La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos -como el exministro Julio De Vido- y el exsocio de su familia, Báez, por supuesta defraudación a la Administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión- en la adjudicación de 51 obras viales a las empresas del patagónico en la provincia de Santa Cruz. Todos los acusados han negado siempre la comisión de delitos.
Estos delitos también implican inhabilitación para ejercer cargos públicos por lo que una condena eventual a Fernández de Kirchner le impediría, una vez firme, ocupar cargos públicos.
Veredicto
La sentencia condenatoria o absolutoria llegaría a finales de este año, según las estimaciones del tribunal. Lo que puede extender los plazos del juicio son las últimas palabras de los acusados y la posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias, informaron dos fuentes del juicio.
En caso de que la vicepresidenta fuera condenada, para cuando el caso Vialidad tenga condenas firmes (confirmada por la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema), Fernández de Kirchner ya habrá cumplido los 70 años, que celebrará el próximo 19 de febrero. Podrá, a partir de entonces, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Si entonces tuviera fueros como senadora o diputada, la cámara que integre deberá decidir sobre su desafuero.
Nota: se corrigió “administración pública” por “Administración pública”.
ED