A dos años de los crímenes narco en Rosario, el relato de uno de los asesinos: “Le tiré al tachero como me dijeron”

“Gusti me llamó el día que jugó Central y me mandó a hacer el hecho de calle Flammarión, el del primer taxista”, relató el adolescente de 15 años, del que solo conocemos sus iniciales: DMG. “Me dijeron que tenía que hacerlo en el entretiempo, cuando están todos los policías en la cancha”, continuó.

Hace dos años, los crímenes de Héctor Figueroa, taxista de 43 años; Diego Alejandro Celentano, taxista de 33 años; Marcos Daloia, colectivero de 39 años; y Bruno Bussanich, playero de estación de servicio de 25 años dejaron a Rosario paralizada. Sus asesinatos, a manos de sicarios, sumaron uno uno de los capítulos más oscuros de la guerra contra el narcotráfico.

Las declaraciones se conocieron en el marco de una audiencia judicial, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Pero el menor declaró mediante Cámara Gesell, fuera de la provincia de Santa Fe, en la órbita del programa nacional de protección de testigos. Desde Fiscalía explicaron que, al confirmarse que era un menor no punible al momento de los hechos, DMG pasó a ser un testigo para la causa. Su testimonio reconstruye al detalle cómo se gestaron los crímenes de los cuatro trabajadores. Él mató a tres.  

 El relato es cronológico. Cuenta que a través de su cuñado conoció a un joven de 16 años que les presentó a quienes le encomendaron el hecho: Macarena Muñoz, de 29 años, y su pareja, Gustavo Márquez, de 28. Al igual que él, otros dos menores fueron reclutados para cometer el crimen: uno de 16 y otro de 15 años. 

La orden era matar a alguien. Entonces, ese martes 5 de marzo urdieron un plan: tomarse un taxi, esperarlo en un destino determinado, disparar. “Cuando llegó el taxi me acerqué a la calle y le tiré al tachero como me dijeron”, recordó. Uno de los disparos rozó en la panza del pasajero, que era uno de los dos menores reclutados. Mientras huía, perdió una zapatilla. Por el hecho, cobraron 300 mil pesos. La víctima, Héctor Figueroa, taxista de 43 años.

Al día siguiente usaron la misma estrategia. También en la huida, uno perdió una zapatilla. Dos taxistas asesinados de forma consecutiva bajo una misma modalidad, con dos zapatillas en la escena del crimen. Los investigadores comenzaban a preguntarse si eso significaba algo y las crónicas policiales enfatizaban el detalle. En su declaración, DMG contó que se reían de esa casualidad: el dinero que cobraron por ese asesinato se fue la tarde siguiente en zapatillas. 

Durante la audiencia, DMG brindó los detalles que lo llevaron a cometer aquel hecho. Contó que esa semana se movía en una moto prestada que sería de Márquez, y que el viernes del temporal un control policial intentó detenerlo en zona sur. Para evitarlo tiró la moto y corrió por los pasillos de barrio Tablada. Al día siguiente sonó su celular. “Ya sabemos cómo vas a pagar la moto”, le dijeron. Un Uber lo trasladó desde el sur rosarino hasta una casa del barrio Santa Lucía, al oeste de la ciudad. Allí lo esperaba Axel Uriel Rodríguez, que pagó el viaje. Le dieron una Taurus 9 milímetros y una nota amenazante para dejar en la escena del crimen. Una persona lo transportó en un Fiat Duna a la estación. En el baúl viajaban unos bidones de combustible. El joven dijo que en el lugar dudó.  

“Me bajé, caminé y me quedé pensando un ratito si hacía o no el hecho. Estaban cargando gasoil. Pensé que podía explotar todo. La nota se me cayó cuando saqué el arma. Fui, tiré y me volví al auto”, relató. A unas diez cuadras de la estación prendieron fuego el Fiat Duna. Luego, DMG caminó hasta la casa de Rodríguez, donde le dijeron que se saque la ropa y la quemaron. Ahí cargó un rato el celular hasta que lo llevaron a una casa abandonada. Le dijeron que se guarde unos días, hasta que la espuma baje.

Según el fiscal Patricio Saldutti, las primeras averiguaciones derivaron en allanamientos que permitieron avanzar en la investigación. Pero la difusión del video del asesinato a sangre fría del playero Bruno Busanich aceleró el proceso. El gobierno santafesino le puso precio: $10 millones para quien aporte alguna información. Lo capturaron un mes después. 

Ciudad en trauma

La saga de crímenes que conmocionó a Rosario, donde mataron a cinco trabajadores en cuatro días, comenzó el 5 de marzo de 2024. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad provincial identifican otro hecho como antecedente directo: el sábado previo, dos colectivos del servicio penitenciario provincial salieron de la cárcel de Piñero con destino a Santa Fe, cuando un auto se puso a la par y disparó nueve veces. Adentro viajaban guardiacárceles, quienes sufrieron heridas leves. El auto huyó del lugar y dejó una nota amenazante, dirigida al gobierno.   

Para ese entonces, el gobernador Maximiliano Pullaro llevaba apenas tres meses en el cargo y había ordenado restituir los pabellones de alto perfil para narcos y sicarios en la cárcel de Piñero, endureciendo las condiciones de encarcelamiento. Eso también implicó volver a armar el grupo de requisas que, según el gobierno, había sido desmantelado por la anterior gestión.  

 —¿Ahí vino la foto a lo Bukele?  

—Sí. La foto es el aseguramiento. Hoy las requisas se hacen así...  

El que habla es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Para llegar a su oficina, primero un efectivo de la policía provincial debe autorizar el ingreso a la sede de Gobierno de Rosario, un edificio imponente en el corazón de la ciudad, que arrastra una carga tan grande como sus dimensiones: allí funcionó el Servicio de Inteligencia que, durante la última dictadura cívico militar, tuvo el centro clandestino de detención más grande del sur santafesino.  

Su oficina es grande y mira a la plaza San Martín. En una de las paredes, cuatro pantallas monitorean en tiempo real la cantidad de patrulleros que circulan por Rosario. Cococcioni se para, señala y dice que cuando asumieron había 19. Hoy se ven 214 puntos azules merodeando las calles rosarinas.  

—Fuimos recibiendo la información a cuentagotas. Hasta la muerte del primer taxista había dudas respecto a la motivación. El segundo crimen nos sorprendió en una reunión con legisladores en Santa Fe, justamente discutiendo reformas al código procesal penal. Les decíamos que estábamos en una situación excepcional donde en Rosario podían matar a cualquier persona. Cuando pasó lo del colectivero ya estaba claro que era algo organizado.   

Para ese entonces, desde el Ministerio se habían ordenado una serie de procedimientos de control y vigilancia, pero que no alcanzaron a prevenir la muerte de Bruno Busanich. En el vértigo de esos días un hecho pasó desapercibido: la policía provincial logró frenar un quinto ataque. Esa semana, los agentes identificaron a un joven con actitud sospechosa en inmediaciones de otra estación de servicio. Le encontraron un arma y una nota con una amenaza escrita. Tenía 16 años y quedó detenido por portación de armas.  

Para muchos sectores de la vida institucional santafesina, los crímenes fueron una respuesta del crimen organizado a la foto “a lo Bukele” difundida por el gobierno provincial, apenas unos días antes. El 5 de marzo, las redes oficiales del gobierno santafesino publicaron imágenes de una requisa en la cárcel de Piñero donde se veía a un grupo de internos con el torso desnudo, esposados y sentados en el piso, custodiados por policías portando armas largas. La modalidad replicaba la política de mano dura contra las pandillas que popularizó al presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Cada vez la van a pasar peor”, decía el mensaje del gobierno santafesino. 

Pero en la Casa Gris (la casa de la gobernación santafesina) descartan una relación directa entre la difusión de las fotos y los ataques. Para Cococcioni, los crímenes responden a las decisiones políticas tomadas desde el inicio de la gestión: la restitución de los pabellones de alto perfil, la realización de requisas sostenidas y la limitación del régimen de visitas para los presos más peligrosos.   

 —Esto es lo que más les dolió. Tenían visitas igual que el resto y entraban changuitos de supermercados con mercaderías y objetos electrónicos. Pasaron de esas libertades a tener una visita de 30 minutos, cada 15 días, con solo dos familiares y blindex de por medio. 

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) presentó una denuncia por casos de tortura y vejaciones contra internos de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. La denuncia remite a “prácticas de tortura” mencionadas por la población carcelaria el 2 de marzo, el mismo día en que se produjo el ataque a los micros del servicio penitenciario. Tras una investigación de seis meses, la fiscal de Violencia Institucional de Rosario, Karina Bartocci, imputó en libertad a diez agentes del servicio penitenciario por apremios ilegales. A finales de 2025, la situación llegó al Comité contra la Tortura de la ONU, donde se advirtieron “conductas objetivamente idóneas” para investigar como torturas a prácticas como “simulacros de ahogamiento en tanques de agua, o al seco con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales”.

 La conmoción generada por la saga de crímenes puso al gobierno en una encrucijada. Por lo bajo, algunas voces comenzaban a exigir un cambio de rumbo con pedidos de renuncias. Nada de eso pasó. Dos años después, en la Casa Gris no solo entienden que fue la decisión correcta, sino que decidieron profundizar: a fines de 2026 se prevé la inauguración de una cárcel de máxima seguridad en la localidad de Piñero, con capacidad para alojar 1.150 internos, con una inversión que supera los 109.000 millones de pesos. Será el primer penal para presos de alto perfil de la Argentina. El gobierno ya la bautizó: El Infierno. 

—Hubiera sido algo irreversible. Si las organizaciones criminales están desafiando al Estado y se actúa de manera timorata, puede leerse como una muestra de debilidad. Cuando se instala esa idea, después es muy difícil extirparla, señala Cococcioni

 Pese a los crímenes de marzo, el 2024 finalizó con 90 crímenes en Rosario, lo que representa una disminución del 65,5% de muertes violentas, el registro más bajo de la última década.

Cococcioni lo resume así: “Una baja del 65,5% interanual en los homicidios es difícil de explicar porque no pasó nunca en ningún lugar del mundo. Hubo una terapia de shock muy fuerte, donde se tomaron muchas medidas al mismo tiempo. No tenemos una explicación definitiva, será algo pendiente para los estudios en materia de seguridad poder explicar este fenómeno”.

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.