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En Chubut falta agua, pero el gobierno provincial insiste con una apuesta a la megaminería

Protesta contra las actividades extractivistas en Rawson, Chubut.

Julián Raso @RasoJulian

Chubut —

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El invierno de 2021 transcurrió en la provincia del Chubut, en el sur de la Argentina, con una reflexión común para cualquier conversación sobre el clima: se viene un verano difícil. Para fines de septiembre, en la ciudad de Esquel había llovido un 40% menos que el año anterior —otro año seco—. La situación era similar en el resto de la cordillera, por lo que se espera que en las ciudades de la costa falte agua en el verano y que se repitan las condiciones para que se desarrollen incendios forestales como los que afectaron, en marzo pasado, a la Comarca Andina.

Si bien es normal que haya ciclos húmedos y otros secos, en general, llueve y nieva cada vez menos en las nacientes de los ríos. El agua atraviesa la gran mayoría de los problemas provinciales por falta de control y planificación en su uso: lagunas, lagos y ríos secos, comunidades con pozos que ya no logran extraerla; tormentas que enturbian ríos con cada vez menos caudal y generan problemas en la potabilización.

El cambio climático implica, para la región, la profundización de estos problemas. El aumento sostenido de la temperatura proyecta, para el centro y norte de la Patagonia, deshielos tempranos, reducción del caudal de los ríos, aumento de la aridez y degradación de los suelos, mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos (como tormentas localizadas) y condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales. 

En ese marco, y a pesar de ese pronóstico, el Gobierno provincial busca habilitar la minería a gran escala, una actividad resistida desde hace dos décadas por la población. El proyecto, presentado a fines de 2020, lleva las firmas de todos sus ministros, dos de los cuales fueron candidatos por el oficialismo en las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre y quedaron en el cuarto lugar, apenas arañando al 10% de los sufragios.

Falta de agua: sin control ni planificación

El río Chico conectaba la cuenca del río Senguer con el río Chubut tras recorrer casi 300 kilómetros. Hace 80 años, su cauce dejó de ser permanente y son contadas las veces que volvió a correr agua. Su nacimiento era provocado por el desborde del Colhué Huapi, un enorme espejo de agua que hoy también está seco. El lecho del lago, expuesto, es levantado por el viento patagónico, generando un campo de dunas que avanza hacia el este. Y, los días de mucho viento (nada raro en Patagonia), se genera una pluma de polvo que desde el espacio parece una erupción volcánica. Los sedimentos desertifican el suelo, cubren la ciudad de Comodoro Rivadavia, afectando la salud de la población, y llegan incluso a depositarse en los hielos de la Península Antártica.

El río que abastecía el Colhué Huapi fue cerrado artificialmente para intentar sostener el nivel de su vecino, el lago Musters. De allí se abastece un importante acueducto que corre riesgo de no poder tomar agua por la contínua bajante del lago. Este año, se habló de avanzar con una obra de bombas flotantes para evitar que la población de Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia (más de 250.000 personas) se queden sin agua durante el verano.

Sin embargo, el consumo de agua de la población no es el principal responsable de la falta de agua en el lago. Al ciclo climático seco se suman años de utilización del recurso por parte de petroleras y, como causa principal, la reconocida por el organismo oficial encargado de su control (el Instituto Provincial del Agua): río arriba, cientos de canales clandestinos sin compuertas desvían el río Senguer para hacer riego por inundación en estancias ganaderas, sin medición ni control por parte del Estado, sin siquiera dejar de inundar los campos en invierno cuando el agua debería llegar en grandes cantidades a los lagos.

Lluvias extraordinarias

En las últimas décadas, Chubut ha registrado tormentas excepcionales y localizadas sobre terrenos afectados por la desertificación. Las más recientes y recordadas son el desborde del arroyo Telsen en 2014 (198 milímetros en 24 horas) y la de Comodoro Rivadavia en 2017 (232 milímetros en 24 horas), principalmente por cómo afectaron directamente a poblaciones urbanas, viviendas, chacras, caminos y servicios. Sin embargo, se desarrollan en distintos puntos del territorio y muchas veces, como en los casos mencionados, descargan en pocas horas lo que normalmente llueve a lo largo de todo un año. Este tipo de tormentas generan la activación de cauces de arroyos que no son permanentes, arrastrando sedimentos cuenca abajo y enturbiando el río Chubut: es común que se dificulte la potabilización y se deba cortar o racionalizar el agua para la población en localidades como Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Puerto Madryn.

La tormenta de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, alcanzó la cuenca seca del río Chico, que venía acumulando los mencionados sedimentos del fondo expuesto del Colhué Huapi. La crecida llegó hasta el Florentino Ameghino, embalse que hoy ocupa lo que era la confluencia con el río Chubut, elevando repentinamente su nivel 12 metros y volviéndolo turbio por dos meses. En esa ocasión, la falta de agua potable para la población duró dos semanas; las restricciones, tres meses.

Los estudios científicos demuestran que cada vez hay más tormentas localizadas y que el cambio climático las hará más extremas. Un informe de la Universidad Nacional de la Patagonia sobre la tormenta de 2017 revela la complejidad y la fragilidad de la realidad hídrica de la comarca del Valle Inferior del río Chubut: “Sequías,  inundaciones  y  problemas con la calidad del agua son problemas intrínsecos de las características biofísicas de este sistema, y sólo pueden ser agravados  por  el  cambio  climático  y  las  actividades  humanas no planificadas”.

Disminución del caudal en el Río Chubut

El Chubut es, en verdad, otro río chico, sobre todo si se lo compara con sus pares patagónicos —51 metros cúbicos por segundo frente a los casi 800 m3 del río Santa Cruz o los más de 1.000 m3 del río Negro—. Hoy, es el único río que recorre la provincia completa de oeste a este, desde la cordillera hasta el mar. Abastece a la mitad de la población de la provincia y a la agricultura de su valle inferior, que en veranos secos llega a utilizar el 80% del caudal.

A la falta de control sobre el uso del agua y las complicaciones que generan las tormentas en su potabilización, hay que agregar la proyección que el cambio climático ofrece para la región. Natalia Pessag es meteoróloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y una de las autoras del estudio que proyecta para fin de siglo un promedio de disminución del 40% en las precipitaciones en la cabecera de cuenca, esto es, donde nace el río. “Ya hay tendencias en la reducción de precipitaciones y del caudal del río. Son cambios continuos que se vienen evidenciando desde 1950 a la actualidad y van a continuar en el futuro”, explica.

Este estudio, así como otros relacionados al río Chubut, puede encontrarse en unriotodaslasaguas.com.ar, que es una iniciativa que busca dar a conocer la información científica generada por las instituciones científicas de la región. Entre otras cosas, estas investigaciones explican que la disminución del caudal, además de afectar debido a la falta de agua, modifica la capacidad del río de diluir compuestos que provienen del suelo pero también de las actividades humanas. 

Emergencia hídrica

Este 2021, el invierno -con pocas precipitaciones- adelantó un verano en el que no alcanzará el agua para la población y para la producción agropecuaria. Ante la evidente crisis, el gobierno provincial cambió al encargado del Instituto Provincial del Agua y logró, en poco tiempo, una Ley de Emergencia Hídrica, con lo cual se garantizan fondos y se habilitan contrataciones directas para distintas obras. La Legislatura acompañó el proyecto dada la urgencia, pero no faltaron quienes recordaron los juicios por corrupción que se llevan adelante por las contrataciones directas fraudulentas en la Emergencia Ambiental de 2017 en Comodoro Rivadavia. Las asambleas socioambientales desconfían sobre las verdaderas intenciones y desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) denuncian, en referencia a la falta de controles del gobierno y a las intenciones de avanzar con obras sin licencia social: “No te saca del problema quien te mete en él”.

Mientras tanto en Yala Laubat, pequeña aldea escolar en la meseta chubutense, no tienen agua desde junio, cuando el pozo que les abastecía se secó. Se abastecen con un camión que recorre más de 100 kilómetros para buscar agua en otra población, Lagunita Salada. La solución parecía llegar en el invierno, con el arribo de la máquina perforadora del Estado provincial para realizar una nueva perforación, pero se rompió y, desde entonces, no hay novedades. Como en distintas localidades de la meseta, el agua está, pero bajo tierra.

Reservas de agua subterráneas. El acuífero Sacanana

Sacanana es uno de los acuíferos subterráneos de la Meseta Central Norte chubutense. Según estudios de la empresa Hidroar S.A., tendría agua para 3 millones de personas. Pero, hay un problema: las mediciones fueron realizadas a pedido de Pan American Silver, empresa minera que pretende construir un campo de pozos de bombeo para abastecer un proyecto que prevé utilizar 9 millones de litros por día para la extracción de plata y plomo a cielo abierto.

Según la empresa encargada de las mediciones, el proyecto minero utilizaría sólo el 2% del agua, dado que el acuífero se recargaría con las precipitaciones. También aseguran que la cuenca no tiene conexión con el Chubut, por lo que “sería imposible” que el río se contamine.

Para el ingeniero Héctor Malnero, Jefe del Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la información no es suficiente y está generada para dar sustento a la actividad extractiva. Indica que falta información importante sobre la profundidad de la cuenca en distintos puntos, los niveles de evaporación y los cambios entre ciclos secos y húmedos, es decir, el nivel real de precipitaciones sostenido en el tiempo.

“Es un estudio presentado como concluyente, pero, en verdad, es sólo un primer paso, una foto. Para análisis dinámicos es necesario analizar toda la película. En Patagonia, por norma, cualquier estudio de este tipo debe tener, mínimo, entre 25 y 30 años para incluir al menos un ciclo húmedo y uno seco. Predecir o tratar de establecer un estudio así requiere de un esfuerzo de recursos y tiempo que excede mucho a lo que se ha hecho”, afirma Malnero, y agrega que, además, el Estado no ha contrastado ni verificado esa información: “Se han tomado y dado por bueno esos estudios sin haberlos verificado”.

Con esta realidad y pronósticos, la existencia de acuíferos subterráneos se vuelve un hecho de suma importancia. En un contexto de cambio climático, crisis hídrica y falta de agua, su cuidado y preservación debería ser una política central. Sin embargo, la política actual del gobernador Mariano Arcioni apunta casi exclusivamente a “zonificar” la provincia y habilitar proyectos mineros precisamente sobre el acuífero Sacanana.

Una actividad resistida hace 18 años

La minería a gran escala y a cielo abierto está prohibida en la provincia desde 2003, año en que la movilización del pueblo de Esquel forzó un plebiscito en el que el 81% de la población votó en contra de un proyecto en su cordón montañoso. El levantamiento popular logró también la Ley XVII-Nº 68 (antes Ley 5001) y la sostuvo desde entonces frente a distintos intentos de modificarla. La defensa del agua y el territorio contra esta actividad extractiva se extendió a toda la provincia, tomando forma en asambleas ciudadanas y de comunidades, pero también como un debate y una identidad propia que atraviesa partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, religiosas y la sociedad toda.

Desde noviembre de 2020, se encuentra en la Legislatura un proyecto de zonificación minera presentado por el gobernador que busca proponer una excepción a la ley actual. En un principio, buscaba habilitar la actividad casi en el 70% del territorio provincial, incluyendo yacimientos uraníferos sobre el río Chubut, pero hoy, más acotado, busca casi exclusivamente habilitar el Proyecto Navidad de la transnacional Pan American Silver. La empresa compró el proyecto en 2010, con la legislación que prohibía su explotación a cielo abierto en plena vigencia.

Distintos sectores sociales y políticos se han pronunciado contra esta zonificación inconsulta. Con diversas pero similares argumentaciones, se sostiene que el gobierno llegó a donde está haciendo campaña en sentido contrario, que el proyecto no fue debatido a nivel social, que se está alterando la paz social y que la provincia no tiene recursos para garantizar el control siquiera de las actividades extractivas que hoy afectan al ambiente y la sociedad. Las asambleas presentaron nuevamente una Iniciativa Popular, herramienta que ofrece la Constitución Provincial para que la población presente leyes a la Legislatura. Avalada por 30.196 firmas (más del 7% del padrón electoral), buscaba incluir etapas y procesos no contemplados en la ley actual, pero fue rechazada por la Legislatura en mayo de este año en una sesión exprés. Comunidades mapuche tehuelche de la región afectada por la zonificación buscan, por vía judicial, que el proyecto de zonificación no avance sin realizar la consulta previa, libre e informada que indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): rechazado el amparo por cuestiones técnicas por la justicia chubutense, se abre el camino a que la disputa llegue a la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, las instituciones del sector científico-académico como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la UNPSJB, la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Chubut se han manifestado en contra del proyecto. También la mesa técnica del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), desde donde elaboraron un informe interdisciplinar en el cual solicitan que el proyecto sea retirado, manifestando la necesidad de evaluar los riesgos de la minería sobre acuíferos subterráneos en un contexto de cambio climático, así como distintas preocupaciones de índole social.

El pasado 4 de diciembre, se cumplieron 19 años de marchas mensuales en Esquel, a las que hay que sumar las que cada 23 de marzo conmemoran el plebiscito de 2003 y todas las realizadas frente a cada intento del poder político y el lobby minero de avanzar. Las actividades, el cuarto día de cada mes, se extendieron hace años a toda la provincia, convirtiéndose en una lucha que excede al pueblo cordillerano e involucra a gran parte de la población.

Sin embargo, llegamos a fin de año y nuevamente vuelve la amenaza megaminera. Sin importar los pronósticos científicos, la emergencia hídrica, ni la licencia social, el gobierno vapuleado en las urnas sólo encuentra respaldo en sectores que proponen como única salida profundizar el extractivismo, un sistema que endeudó a la provincia y la está dejando sin agua.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAr forma parte.

JR/WC

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