Representan el 58%
Los desalojos sin juez ya son mayoría en la Ciudad y la ley busca darle respaldo legal al mecanismo
En apenas unas horas, la Guardia de Auxilio llega a un edificio, lo inspecciona, genera un acta que consigna riesgo de derrumbe y ordena la evacuación. Ese mismo día, camiones de mudanza cargan a las familias y sus pertenencias y las trasladan a un hotel, un parador o, en algunos casos, a la calle. No interviene un juez. No hay aviso previo ni relevamiento social.
En la Ciudad de Buenos Aires, ese mecanismo pasó de explicar el 2% de los desalojos en 2024 al 58% en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el Congreso debate un proyecto que acelera los desalojos judiciales, amplía quiénes pueden iniciarlos y, según sus críticos, podría darle respaldo normativo a una práctica que hoy no lo tiene.
El 2 de marzo le tocó al edificio de Cochabamba 2642, en San Cristóbal. Brigitte Torres vivía allí desde hacía siete años con sus dos hijas. Algunos vecinos llevaban dos décadas con contrato. “Era una herencia vacante”, cuenta Torres. “Apareció un supuesto dueño, pero nunca hizo la sucesión”.
Un mes antes habían pasado los bomberos. Según Torres, revisaron columnas, ventanas y escaleras y no detectaron problemas estructurales, aunque sí fallas técnicas, cables fuera de sus cajas y caños en mal estado. Después llegó la Guardia de Auxilio con la faja de clausura. “El arquitecto nunca entró al edificio”, afirma. El desalojo duró casi dos días.
Una excepción convertida en regla
La clausura total con desocupación por riesgo de derrumbe se apoya en el artículo 12 del decreto 1510/97, que habilita a la administración a actuar sin esperar a un juez. Está pensada para situaciones de emergencia estructural inminente e inaplazable. Es una excepción a la tutela judicial previa. Pero dejó de ser una excepción.
Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 hubo 621 desalojos en la Ciudad, que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El dato surge de un informe del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con información oficial.
El cambio está en el método. En 2024, el 98% de los desalojos se hizo por orden judicial. En los primeros meses de 2026, los administrativos llegaron al 58% y superaron por primera vez a los judiciales, según un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad. Las clausuras totales pasaron del 2% al 56%: en todo 2025 alcanzaron a 20 familias y 35 chicos; en los primeros meses de 2026, a 222 familias y 215 chicos.
El mismo informe advierte que en 2026 la Jefatura de Gabinete porteña instó a realizar inspecciones en el 33% de esos desalojos, cuando el mecanismo debería responder a una “situación de emergencia técnica objetiva”. Los organismos también señalan que la evacuación total solo se justifica cuando no alcanza con apuntalar o clausurar una parte del inmueble y reclaman un protocolo único, que hoy no existe.
“Nos preocupa porque no cumple las pautas de los desalojos judiciales. No hay aviso previo, relevamientos ni intervención de los organismos correspondientes para evaluar la vulnerabilidad”, dice Victoria Freire, diputada de Fuerza por Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, quien además presento un proyecto de protocolo contra los desalojos. Según sus registros, las clausuras con desalojo fueron 14 en 2025 y 67 hasta el 14 de mayo de 2026. Contabiliza 509 familias desalojadas por esa vía, frente a 954 por la judicial. Un tercio de las personas alcanzadas son chicos.
“Está dirigida a viviendas colectivas donde viven familias trabajadoras de bajos ingresos que llevan muchos años en la Ciudad”, describe Freire. El informe del Ministerio Público ubica esos desalojos principalmente en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares de las comunas 1, 3 y 4.
El proyecto que acelera los desalojos
El 7 de agosto el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos contra 33. Su capítulo sobre desalojos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Ciudad.
El texto establece que toda acción de desalojo tramite por juicio sumarísimo, habilita la entrega inmediata del inmueble bajo caución juratoria y amplía quiénes pueden iniciarla: ya no solo el propietario, sino cualquiera que invoque un derecho o interés legítimo. Para las viviendas, mantiene una intimación previa de diez días corridos por falta de pago. El proyecto pasó a Diputados.
“Los desalojos exprés ya se están desarrollando en la Ciudad, encubiertos bajo la modalidad de evacuación”, sostiene Freire. “La ley les otorgaría un marco legal que hoy no tienen”.
A quién alcanza el texto
La discusión pública asocia el proyecto con las usurpaciones, pero los números del Poder Judicial muestran que son una minoría. Entre 2020 y 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil registró 15.037 causas de desalojo. La intrusión –el ocupante sin ningún vínculo con el propietari– explicó 2.351, el 15,6%, y viene en baja: fueron 496 causas en 2023, 412 en 2024 y 336 en 2025.
Dos de cada tres causas corresponden a inquilinos: 5.576 por vencimiento de contrato y 4.238 por falta de pago. Los datos surgen de un trabajo especial de la propia Cámara publicado en junio de 2026.
Sobre ese universo recaen algunos de los principales cambios. Para obtener la desocupación inmediata ya no haría falta una caución real –una garantía económica– sino una declaración jurada del propietario. Y la intimación previa por falta de pago, que el Ejecutivo había fijado en tres días, quedó en diez después de la negociación en el Senado.
“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago”, planteó en el recinto el senador Mariano Recalde.
Torres, vocera de la Coordinadora contra los Desalojos, asegura que el perfil de las consultas empezó a cambiar: “Al principio recibíamos casos de lugares ocupados, inmuebles ociosos y herencias vacantes. Ahora están llegando directamente inquilinos con contratos formales”.
Qué queda después de un desalojo
Ni las familias ni los edificios desalojados tienen seguimiento. “No sabemos cómo reorganizaron su vida, si consiguieron otra vivienda o si los chicos continúan en sus escuelas. Tampoco existe una planificación clara sobre los inmuebles”, dice Freire.
Desde abril, ocho familias fueron desalojadas en distintos operativos en edificios ubicados en Girardot y Heredia, en el barrio de Villa Ortúzar, en la zona que rodea la Plaza Malavar. Dos de ellas desalojadas el lunes pasado, vivían allí desde hace más de 20 años, según informó el medio vecinal Villa Ortúzar Periódico. Después del operativos, los vecinos se organizaron para montar guardia y evitar que otras personas en situaciones similares terminaran también en la calle. Sin embargo, este viernes volvieron a desalojar otra casa.
Cochabamba 2642 sigue tapiado. Adentro quedaron muebles de vecinos que estaban de vacaciones durante el operativo. “Está desierto. Se está pudriendo por dentro y las vecinas dicen que se llena de gatos”, cuenta Torres. De noche, algunas personas en situación de calle duermen bajo un techito sobre la vereda.
El edificio forma parte de un stock de viviendas vacías que la Ciudad no moviliza. En 2023, el 13% de las viviendas porteñas estaba vacío y unas 70.000 llevaban más de un año sin consumo eléctrico, según un estudio de CIPPEC y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. La vacancia se concentra en el macrocentro y zonas como Constitución y Flores, entre sucesiones trabadas, deterioro edilicio y departamentos que perdieron demanda.
El Gobierno porteño sostuvo que había recuperado “un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años”, donde había denuncias por peleas, robos y disparos. También afirmó que funcionaba como “aguantadero” y que allí encontró un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad. Con ese procedimiento, la gestión de Jorge Macri contabilizó más de 610 inmuebles devueltos “a sus verdaderos dueños”.
La Legislatura aprobó un pedido de informes para conocer qué justificó la urgencia, por qué no se optó por reparar o apuntalar el edificio, cuántas familias fueron desalojadas y qué destino tendría. No hubo respuesta.
Torres se fue a un hotel con sus dos hijas, por $560.000 mensuales, y se endeudó en más de $2 millones para afrontar el primer mes, al igual que todas las familias que vivían en el edificio. Según cuenta, algunos quedaron en la calle. Una, de cinco personas y cuatro chicos, durmió tres días frente al edificio.
Cinco meses después, no hay obra ni proyecto. “Podría albergar a 40 familias y desalojaron a 40 familias”, dice Torres. Entre ellas, calcula, había al menos 60 chicos.
LNMG