La CGT paraliza el transporte en el país mientras Diputados vota la reforma laboral de Milei

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD