Chile: a menos de dos meses de gestión, Gabriel Boric hizo frente a las primeras protestas sociales

A fines de abril, las manifestaciones de camioneros se habían iniciado en la carretera panamericana a la altura de la localidad de Paine a raíz de que un chofer recibió un balazo en la cabeza. Se trata de la Macrozona Sur, término que refiere a la zona donde se encuentra ubicada en la actualidad la región histórica de la Araucanía, escenario de conflictos entre las comunidades mapuches – el pueblo indígena más numeroso del país- , el Estado y las forestales que explotan los bosques que ha cobrado vidas tanto de miembros de  los pueblos originarios como de la policía. El viernes la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Izquia Siches, aseguró que el Gobierno no implementará el estado de excepción en la denominada Macrozona Sur, una medida que estuvo vigente durante seis meses en el mandato del ex presidente Sebastián Piñera, porque no significó grandes avances. Después de un domingo 1° de mayo donde la violencia irrumpió en las celebraciones del Día del Trabajo, el presidente Gabriel Boric fue entrevistado en el canal TVN a cincuenta días de haber asumido pero a horas de los incidentes, y se solidarizó “con (la periodista) Francisca Sandoval, con su familia, con las cuatro personas heridas de gravedad en los incidentes”.

Los camioneros, un colectivo que tiene una enorme influencia en Chile desde que en la época de Pinochet se abandonó el transporte ferroviario, en febrero – previo a la investidura del nuevo presidente Gabriel Boric, se manifestaron en protesta por la seguridad en la frontera norte. Los transportistas atribuyeron a los cientos de migrantes -que entran desde hace más de un año de forma irregular a través del altiplano boliviano y los caminos de Perú- el incremento de la inseguridad ciudadana en las ciudades de Arica e Iquique, que lograron bloquear durante un largo y violento fin de semana.

Además de una mayor seguridad en la carretera, los camioneros,  añadieron  en un temario de tres puntos las multas del llamado TAG (el peaje automatizado) y  el alza de los combustibles que se atribuye a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primer mandatario que el 11 de marzo asumió la presidencia, tras haber ganado el 19 de diciembre el balotaje al frente de la coalición electoral Apruebo Dignidad, interpeló  a los huelguistas por su “poca voluntad de diálogo”. “Quienes cortaron rutas ayer habían decidido ni siquiera ser parte de las conversaciones (...) Yo como jefe de Estado no puedo permitir que se impida el libre tránsito a los habitantes de nuestro país”, dijo Boric desde  La Moneda.

“Sobre el conflicto que existe latente en La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, estamos ocupados y preocupados. Sabemos que es un conflicto histórico que excede el momento actual, y la inaceptable violencia es consecuencia de un problema político e histórico no resuelto”, insistió Boric. “Como Gobierno haremos el mayor esfuerzo por abordarlo desde todas sus dimensiones, de orden público, por cierto, la propiedad de la tierra, el derecho de que exista un pueblo, la lengua, la economía, entre otros factores”, agregó el presidente más joven de la historia de Chile.

A la vez, la ministra de Interior Izkia Siches dispuso  el viernes acciones legales contra los responsables del bloqueo de las principales carreteras en ocho ciudades del territorio.  A  través de un comunicado, informó que se presentaron 9 querellas por Ley de Seguridad del Estado por bloqueos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, el Maule, Los Lagos y Magallanes.

Después de que en la capital Santiago se registraran los desmanes en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, en el sur del país el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo reuniones con dirigentes forestales de la Macrozona sur en busca de un acuerdo que evitara futuras movilizaciones, con la promesa de nuevas propuestas para aumentar la seguridad en la zona y dejar sin efecto la  jornada de movilización prevista para el lunes debido a los numerosos ataques que se registraron en el lugar, en especial el que la madrugada del jueves afectó a una planta de áridos en la localidad de Los Álamos, provincia de Arauco, y que destruyó 33 vehículos entre camiones, camionetas y otras maquinarias.

Monsalve, en conferencia de prensa indicó que las medidas para la zona no son solo en materia de seguridad sino también  que una estrategia de nueva política de compra de tierras resolver el origen del conflicto.  En la línea de los anuncios del presidente Boric después de reunirse con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). “Y una política de compras de tierra que no sea solamente la compra de tierras, sino también el agua, la luz, los caminos, la vivienda, el sembrado, porque entendemos que ahí radica parte del desafío que tenemos y de la deuda pendiente que tenemos con el pueblo de nación Mapuche”: estas eran las palabras con que el primer mandatario descartaba que la solución fuera implantar el estado de excepción.

1° de Mayo violento

Francisca Sandoval es la cronista del canal Señal 3 La Victoria que en el Día del Trabajo recibió un balazo en el rostro y que está con diagnóstico reservado.

“No podemos permitir como Estado que bandas delictuales de crimen organizado se tomen las calles de nuestro país”, declaró el presidente Boric.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, indicó por su parte que hay un problema “cada vez más grave” con el control de armas. En declaraciones de la mañana del lunes a Radio ADN había reconocido un “descontrol de la posesión de armas que hay en la población y sobre todo en bandas el crimen organizado”. Precisó que “el Gobierno a través del Ministerio del Interior ya se ha querellado y se están revisando las imágenes para que todo procedimiento respecto a esta materia no quede sin sanción y la persecución que corresponde”.

La gestión de Boric - quien en  diciembre pasado venció al pinochetista ultraconservador José Antonio Kast en un balotaje con el 55,87% de los votos-  es rechazada por un 53% en tanto que solo un 35% la aprueba. Y la aceptación a la Nueva Carta Magna- que en 2020 fue de abrumadora mayoría-  para en el referéndum previsto para el 4 de septiembre cuenta con 46% en contra y 40% a favor según los datos obtenidos por la última encuesta Cadem.

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