En tiempos vertiginosos detenerse a reflexionar es todo un desafío. No es sencillo encontrar el espacio para dar lugar a la introspección pausada en medio de tantos estímulos, sobreinformación y controversias. Al mismo tiempo, es imprescindible.
Así llegamos las feministas y organizaciones de mujeres a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha conmemorativa de la lucha global de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo, en condiciones de igualdad en dignidad y derechos. Llegamos profundizando los espacios de diálogo y encuentro con otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos, luego de poco más de dos meses de transcurrido un año que parece ya haber depositado el peso de unos cuantos meses más sobre nuestras espaldas.
Cómo prepararnos para una fecha tan significativa para la lucha por la igualdad de género cuando una parte importante de la dirigencia y de la sociedad parece no solo indiferente a los efectos de la crisis en los sectores más desaventajados, sino además en franco ataque a los feminismos. Si se tratara de una confrontación de ideas, de la evaluación crítica para mejorar los enormes desafíos pendientes para políticas públicas que no lograron aún alcanzar a todo el territorio federal, que muestran la persistencia de los índices de violencia que sigue alimentando las cifras de femicidios, donde el impacto de la crisis económica sigue empobreciendo a las mujeres y la infancia, se podría generar un debate honesto analizando la evidencia y posibles caminos alternativos. Pero no es así. No se discuten las ideas ni se ofrecen mejoras sino que se multiplican los discursos altisonantes, desinformados, sesgados, cargados de discriminación y violencia.
En estos primeros meses de la gestión tuvimos una muestra clara de la forma en que llevarán adelante las propuestas de campaña que ya eran promesas explícitas de retroceso. El proyecto de Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo buscará reflotar para el trámite legislativo ya dejó en claro que la protección de la dignidad de las personas no es un objetivo de esta gestión, que propone instrumentalizar a las niños, niños y a las mujeres desconociendo su autonomía y sus libertades individuales.
Es sorprendente: en nombre de la libertad se propone prohibir. El vocero presidencial enfatizó en una de sus conferencias de prensa matutinas que “Se va a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”. En esa misma línea, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ya dictaron normas que eliminan las referencias al género femenino en las palabras y comunicaciones oficiales.
Eliminar los recursos gramaticales o idiomáticos que se fueron buscando para que el lenguaje pudiera expresar la inclusión de todas las personas, puede resultarles sencillo. De hecho, el uso de estos recursos nunca fue obligatorio, muy por el contrario: era parte de las formas de expresión libres que algunas personas incorporaron pero de ninguna manera llegó a atravesar los documentos o actuaciones de la administración pública de manera generalizada.
Pero eliminar “la perspectiva de género” con el argumento que se ha utilizado para “el negocio en la política” parece ser algo distinto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la aplicación de la perspectiva de género en el trabajo de la administración pública? Bien entendida, aplicar la perspectiva de género quiere decir aplicar el enfoque de derechos humanos, es decir, considerar a las personas como libres e iguales en dignidad y derechos encaminando en consecuencia las decisiones de política pública para responder progresivamente a esa obligación. Es difícil comprender cómo podría la Administración Pública renunciar a este paradigma sin atropellar por completo y abiertamente todos los consensos que tenemos (no que teníamos, reafirmemos que estos son los consensos que tenemos) como Estado democrático.
¿Cómo se propuso el estado cumplir con esa obligación de incorporar una perspectiva de género en el trabajo de la administración pública? La Ley Micaela fue una de las estrategias utilizadas para ese fin, aprobada prácticamente por unanimidad en el Congreso en el mes de diciembre de 2018 y promulgada el 10 de enero de 2019. El objetivo de la ley fue dar herramientas a través de la capacitación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado para procurar que no volvieran a repetirse las circunstancias que permitieron el femicidio de Micaela García. La joven fue asesinada en abril de 2017 en la provincia de Entre Ríos en un contexto en el que varios funcionarios y empleados (en particular, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad) no comprendieron la gravedad del contexto en el que se encontraban al tomar decisiones que (tal vez) de haber sido distintas hubieran podido evitar el femicidio cometido por quien debió haber estado, a esa fecha, privado de la libertad.
La Ley Micaela, a través de los espacios de formación y reflexión que habilitó en las reparticiones de la administración pública pero también en los ámbitos legislativos y judiciales de todo el país, ofreció una puerta de entrada para problematizar situaciones e impulsar líneas de acción que permitieran un acercamiento a los cambios que impulsa la búsqueda de la igualdad. Una posibilidad para poner en crisis la rigidez de las dinámicas que habitualmente organizan las formas de trabajar y gestionar los sistemas burocráticos y administrativos, permitir que tengan lugar los cambios culturales que ya suceden en otros ámbitos y que no se traducen en normas escritas, sino en prácticas y costumbres que a fuerza de reiteración parecen inamovibles. Estas dinámicas permitieron cambios personales e individuales en quienes se dejaron conmover por esa invitación a la reflexión, que también se tradujeron en cambios grupales, laborales e institucionales tal como documentó el trabajo de evaluación de esta política estratégica la Provincia de Buenos Aires.
Me pregunto cómo cree el Gobierno nacional que podría obligar a esas personas a desandar el camino que han recorrido. El proyecto de Ley Ómnibus proponía la reforma profunda de la ley tergiversando por completo su objetivo, alcances y propuesta. Acaso este anuncio del vocero presidencial sea una muestra más de cómo planean avanzar en ese objetivo. Es posible, pero mientras tanto la Ley Micaela está vigente y debe cumplirse.
Hace poco más de quince días se oficializó el nombramiento de Claudia Barcia a cargo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área del Ministerio de Capital Humano a la que quedó reducido el anterior Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Barcia tiene la formación, la trayectoria y la experiencia de haber trabajado muchos años como fiscal especializada en violencia por razones de género en la Ciudad de Buenos Aires. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos una reunión y fuimos recibidas por ella hace pocos días. Es un nombramiento que genera expectativas porque es una profesional con quien compartimos un marco conceptual y teórico, que valora muchas de las políticas públicas que se implementaron en los últimos años como el Programa Acompañar y la implementación federal de la línea 144 para la asistencia, asesoramiento y derivación.
De todos modos, generan alarma las señales claras que van en un sentido contrario: la reducción presupuestaria es un hecho. La evaluación que hicimos junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
muestra que los recortes en políticas para cerrar las brechas de género implementados en estos primeros meses de 2024 son mayores al promedio de los recortes a todo el presupuesto nacional. Se redujeron los fondos destinados a las políticas para promover la igualdad de género en un 33%, contra un 24% de recorte en las otras áreas.
Políticas como la línea 144 y el programa Acompañar, destinadas a brindar atención, contención, asesoramiento y asistencia económica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, también sufrieron un fuerte recorte: se redujo en un 12% el presupuesto destinado a la Línea 144 y en un 69% los fondos destinados al programa de acompañamiento económico para las víctimas de la violencia. Por otra parte, el financiamiento para infraestructura de jardines y centros de primera infancia, políticas orientadas a espacios de cuidado, casi no tuvo ejecución en 2024. Es difícil imaginar cómo podrían las mujeres insertarse laboralmente en condiciones de igualdad sin espacios o instituciones que faciliten el cuidado de sus hijas e hijos, cuando son ellas las que dedican el doble de horas por día que los varones a las tareas de cuidado no remuneradas.
Así llegamos a este 8 de marzo. Con preocupación, pero también organizadas y en diálogo con otras, con otros, con otres. Llegamos hasta acá y logramos conquistas impensadas durante cuarenta años de democracia trabajando colectivamente. Será colectiva también la defensa que haremos siempre de nuestra dignidad y nuestros derechos. Nos vemos en las calles, en las plazas y en todos lados. Porque no nos vamos a ninguna parte.
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