El debate sobre la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia

— Opinión

El sueño de la Corte propia

Éramos pocos y parió la abuela: como si faltaran temas de los que ocuparse, esta semana comenzó a debatirse en el Congreso la ampliación de la Corte Suprema. En el undécimo aniversario de la recesión argentina, tal vez pueda parecer una discusión sin sentido. Sin embargo, no deberíamos apresurarnos en ridiculizarla. Según una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, el Poder Judicial argentino se encuentra en el subsuelo de la legitimidad social. Más despacio: los jueces argentinos (es decir, aquellos encargados de solucionar nuestras disputas de modo pacífico y consistente) son los actores de la vida pública con la peor imagen pública del país, por debajo de periodistas, políticos y sindicalistas. La Corte, sin ir más lejos, pasó en tres años de ser duramente acusada de peronista por el macrismo a ser duramente acusada de macrista por el peronismo. Ok: tenemos un problema serio del que ocuparnos. Pero, ¿ampliar la Corte apunta a resolverlo? Veamos, entonces, qué problemas y qué soluciones identifican quienes proponen la ampliación.

Una primera y constante obsesión es la de los miles de causas que debe resolver la Corte anualmente, ya que revisa sentencias de todos los tribunales del país. Con ese flujo de trabajo, se nos dice, nuestra Corte no tiene más remedio que tomarse largos años para decidir y, por si fuera poco, no puede concentrarse en el centenar de casos que son realmente importantes. Ampliar la Corte, continúan, permitiría dividirla en “salas” especializadas que puedan repartirse el trabajo.

Es interesante detenerse en lo que este argumento deja de lado. Primero, como alerta uno de los proyectos en danza, más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó. La ANSeS apela estos fallos para postergar su pago hasta llegar a la Corte, que los resuelve de a cientos. Pensemos en explicarle esto a un marciano: ¿cómo resolvemos el problema de la población pasiva en la Argentina? ¡Muy simple! Tenemos una oficina (el Congreso) que fija un monto para los jubilados, otra (la ANSeS) que les paga cualquier otro monto, y un montón de otras oficinas (los jueces de todo el país) ante la cual reclamar cuando la segunda oficina no obedece a la primera. El marciano lo pensaría un rato y nos diría que si la ANSeS dejara de apelar los juicios contra los jubilados, se despejaría la mitad del trabajo de la Corte (o propondría tal vez que el Estado pague lo que corresponde desde el principio, pero claro, es marciano, no tarado).

Más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó

Es verdad, nos dirán, pero todavía nos quedan unas 13 mil causas, suficientes para distraer a los cortesanos de las cosas relevantes y para privar a la gente de una respuesta de calidad. Lo primero no parece verificarse en la realidad. Como dijo un ex juez de la Corte al exponer en el Senado, las causas que tratan sobre temas mundanos son proyectadas por la burocracia de la Corte y firmadas por los jueces sin leerlas, con la sola pregunta “¿hoy estamos sacando algo importante?”. En cuanto a lo segundo, se critica que la enorme mayoría de las causas son rechazadas en dos líneas, en las que la Corte dice “esto no es tema nuestro”, sin más fundamentación. Pero tampoco está claro que haya aquí un problema genuino: antes de la intervención de la Corte hubo dos o tres instancias previas, en las que las partes recibieron una explicación de por qué ganaron o perdieron. No existe, contra lo que parecen creer algunos, un derecho a que a nuestra causa la resuelva la Corte Suprema.

Otras voces eligieron no alzarse contra el flujo de causas, sino contra la estructura que debería tener la Corte para cumplir mejor su rol: no es lo suficientemente representativa, o no es lo suficientemente federal. Estos argumentos también causan alguna perplejidad. 

¿Qué significa que no sea lo suficientemente federal? Aparentemente, a pesar de que los jueces de la Corte son aprobados por dos tercios del muy federal Senado, debería haber en ella menos porteños y más provincianos (como quienes escriben esta nota). Sin embargo, este argumento es contradictorio con el de la cantidad de causas. Hoy, el noventa y tantos por ciento de las causas que llegan desde los tribunales provinciales son rechazadas sin más trámite. Es decir: la Corte permite que sean las provincias las que, a través de sus respectivos jueces, decidan sus cuestiones internas. Preparar a la Corte para resolver más causas es, entonces, armarla para revisar más sentencias provinciales. En nombre del federalismo, lo que se propicia es una constante intervención en los poderes judiciales desde el Estado federal y en Buenos Aires (eso sí, mientras escuchamos al Chaqueño Palavecino).

¿Qué significa que no sea lo suficientemente representativa? “¡La Argentina tiene 45 millones de habitantes!”, nos dicen, “¡un país tan rico, vasto y diverso no puede ser representado por sólo cinco jueces!” Entonces, nos proponen nueve. Es decir, en vez de un juez cada 9 millones de habitantes, uno cada 5 millones. Ahora sí quedaría representada la magnífica diversidad de la Argentina. Una vez, hablando de la Conmebol, Daniel Osvaldo se quejó amargamente: “cinco gordos de traje en un escritorio se robaron la ilusión de mi sobrino”. No sabemos si se hubiera contentado con nueve. Nosotros no: ya tenemos una institución pública en la Argentina que representa, con imperfecciones pero con ahínco, la diversidad de nuestro país. Se llama Congreso Nacional.

Y aquí deseábamos llegar. Los sucesivos oficialismos han criticado, una y otra vez, el rol de la Justicia en el diseño de políticas públicas. Y puede que tengan razón: ya hemos hablado en esta columna sobre la excesiva judicialización de los temas públicos. El problema no es que la Corte no sea representativa, sino que asuma un rol que debería ser de los representantes. El problema no es que no sea federal, sino que asuma un rol que debería ser de las provincias. Si el diagnóstico es que la Corte tiene mucho poder, la solución pasaría por devolver el poder a los lugares de los que no debería haber salido: mejorar nuestros procesos legislativos, mejorar los poderes judiciales provinciales. 

Pero la tentación es más fuerte: ¿ya que tiene tanto poder, qué pasaría si lo usara para hacer el bien? Resolvemos los temas rápido y con la última palabra. Y detrás de las propuestas parece subyacer esta idea: con mayoría de gobernaciones peronistas y la mitad de ambas Cámaras, una Corte federal y representativa le convendría al oficialismo.

Spoiler alert: no le convendría al oficialismo ni a nadie. Este plan, aun ejecutado con buenas intenciones, adolece de dos errores fatales. El primero, es que el poder de la Corte depende de su legitimidad pública. Si la ciudadanía percibe que el tribunal es una dependencia partidaria, habrá dejado de ser un tribunal. Gran parte de la mala imagen actual de la Corte tiene que ver justamente con la percepción de que hace política. Si el objetivo no es evitar esto, sino hacer otra política, será robarse el caballo ganador… cortándolo en pedacitos. 

Si con esto no convencemos a los escépticos, tenemos otro. Los jueces, una vez nombrados, ya no son del gobierno, sino del derecho (o de lo que ellos dicen que es el derecho). Nada nos garantiza que en tres o siete o diez años seguirán pensando igual, o que nosotros lo seguiremos haciendo. La historia de los Estados Unidos está llena de presidentes que declararon que sus elegidos para la Corte Suprema fueron los peores errores de sus gobiernos. La argentina también. Tal vez podamos, por una vez, aprender de la experiencia.

MA/SG