Alteró fotos de sus compañeras de clase y las subió a sitios porno: por primera vez un caso de violencia digital llega a juicio en Córdoba

El 5 de junio de 2024 Camila recibió un WhatsApp de una compañera del colegio que contenía una captura de pantalla. Tuvo que leerlo dos o tres veces antes de irse al navegador para buscar lo que nunca hubiera querido encontrar: su nombre y apellido en un sitio web de contenidos pornográficos. “Cuando ingreso mi nombre, aparecen automáticamente tres resultados de búsqueda”, señala la joven. A partir de ese momento, un huracán arrasó con todo. 

Jimena, otra joven afectada, hizo la misma búsqueda: se encontró con fotos de su cara, extraídas de su cuenta de Instagram y “fotos de otros cuerpos de mujeres en ropa interior con su cara editada arriba de esos cuerpos”. La práctica se denomina “face swapping”: se realiza con IA y consiste en el reemplazo de imágenes (fotos y/o video) e intercambio del rostro de dos o más personas. 

Las estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano empezaron a recibir mensajes directos de varones desconocidos, de distintos países del mundo, en sus cuentas de Instagram. Junto a las imágenes trucadas y los nombres reales, alguien había publicado los perfiles de redes sociales de ellas en el sitio web Poringa, con mensajes tales como: “XX...se regala en MD de Instagram”, junto a una serie de fuertes adjetivos sobre las chicas, propios del discurso porno. 

El alcance del daño era descomunal. Las publicaciones habían sido realizadas un año atrás, por lo que ya tenían miles de visualizaciones, de usuarios locales y de otros países. Las víctimas entraron en pánico, temían que la población escolar ingresara a las publicaciones y que el tema escalara, exponiéndolas a las miradas y a los comentarios de sus pares e incluso de desconocidos que podían quizás reconocerlas. 

En esta nota no usaremos los nombres reales de las chicas: una decisión para respetar su intimidad y evitar la revictimización.

En el aula… y en Internet

Buscando respuestas, la mamá de Josefina, una joven que tenía 17 años en ese momento, descubrió que el autor del hecho habría utilizado fotos de su hija y de otras compañeras que subían a la red social de Instagram en una lista reservada, de mejores amigos, a la cual tenía acceso. Era un conocido, un compañero de escuela de las chicas quien editaba y pegaba sus caras sobre imágenes de cuerpos desnudos de mujeres que exhibían lencería o mostraban sus partes íntimas. Aún desconcertada, decidió ponerse en contacto con las mamás de las otras chicas que formaban parte de esa lista y que eran amigas o conocidas de su hija. El resultado fue abrumador.  

En total, al menos 15 las adolescentes que cursaban 5° y 6° año en la escuela preuniversitaria fueron víctimas de violencia de género en línea, violencia sexual y violencia psicológica por parte de un compañero de colegio. El imputado, identificado por sus iniciales J.M.C., tenía 18 años al momento de los hechos y en algunos casos era parte del círculo íntimo, de amistad, de las jóvenes. Hoy está imputado y camino a juicio. En menos de 72 horas, desde que descubren que había sido él, se desató un infierno para las chicas, que de un momento al otro debían enfrentar una situación para la cual no estaban preparadas. Desde la Escuela las citaron en Dirección y les indicaron que debían informar a sus madres y padres de manera urgente, debido a la gravedad de lo ocurrido. 

Ese miércoles J.M.C. se vio cercado por las sospechas y pidió ser retirado de la escuela por su mamá. Nunca más volvió al colegio. 

Lo virtual es real

A través de la Asesoría en Violencias de Género y la Asesoría en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), la Escuela acompañó a las víctimas y a sus familias a realizar las denuncias en el Polo Integral de la Mujer de la Provincia de Córdoba, para que pudieran recibir asesoramiento técnico y psicológico. 

La Justicia actuó rápidamente en relación a la desindexación de los contenidos: en 24 horas ya casi no quedaba rastro de las imágenes de las pibas. Decimos “casi”, porque no es posible eliminar la huella digital en un cien por ciento. Si bien J.M.C. se había ocupado de bajar el material, la Justicia pudo acceder a todos los registros que hoy forman parte de los elementos probatorios de la causa.

“Cuando es necesario, las madres nos ponemos de acuerdo muy rápido. A mí me llegaron las pruebas, porque otra mamá me las envió. Y a otra madre que no tenía las pruebas, se las mandé yo”, explica la mamá de Josefina*, en diálogo con Punto de Encuentro. “A nuestras hijas no les gustó eso, porque se sintieron expuestas, pero nosotras no teníamos alternativa: teníamos que protegerlas y actuar en función de que se haga justicia”, aclaró. 

Ese fin de semana las pibas se cayeron a pique. Varias de ellas experimentaron episodios de depresión profunda, angustia y nerviosismo. Se pasaron días enteros en la cama, llorando sin parar, intentando procesar lo que se les vino encima. No querían volver a pisar la escuela.

“El pibe había estado en mi casa, era parte del grupo de amigos de Josefina; darnos cuenta de eso fue también muy doloroso”, señala la mamá, en diálogo con ElDiarioAR. 

En su último libro “Denunciá”, la investigadora británica, Sara Ahmed plantea que “las palabras tienen una carga: pueden terminar haciéndonos sentir que nosotras somos el problema”. Ahmed agrega que “la palabra denuncia también puede sonar como un choque, una colisión, el sonido fuerte de algo rompiéndose en pedazos”.

Denunciar es enfrentarse al encorsetamiento de la palabra, es encontrarse con el aparato institucional como aparato disciplinador, en el que incluso, a veces, se victimiza al denunciado y se cuestiona o se expone innecesariamente a la víctima. 

Lo cierto es que existe una brecha entre lo que se supone que debería suceder según las políticas y procedimientos, y lo que en realidad termina sucediendo. Si bien, el hecho de que existan dispositivos para denunciar las violencias garantiza una puerta a la cual golpear, la circularidad y los obstáculos a la denuncia también forman parte de un tortuoso proceso. 

No somos las mismas después de denunciar, el proceso no es gratuito y el costo lo pagan nuestros cuerpos, nuestras vidas.  

“Este contenido fue eliminado”

El 6 de junio de 2025, el Fiscal Pablo Cuenca Tagle, responsable de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Genero y Familiar de Sexto Turno de Córdoba, elevó a juicio la causa contra J.M.C. por lesiones graves calificadas por violencia de género. En su argumentación, Cuenca Tagle apeló a la Ley Olimpia (27.736) que se encuentra vigente desde octubre de 2023 y que incorpora la violencia en línea como una de las modalidades de la violencia por razones de género, tipificada en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485).

En ese marco también reconoció que el imputado ejerció violencia sexual, debido a que “las imágenes editadas contenían representaciones sexualizadas de la mujer, vulnerando también el libre desarrollo de la personalidad en esa área”. El uso de la IA no fue circunstancial o esporádico en este caso, sino que el joven hizo un uso repetido y prolongado de esta tecnología durante un período de al menos dos meses. 

El Fiscal enmarca los hechos en la problemática de la violencia de género digital y menciona la Convención Belém do Pará que reconoce que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a nuestro orden constitucional en 1994.

Solo dos chicas decidieron, junto a sus familias, presentarse como querellantes. Algunas más decidieron sumar su testimonio, y otras eligieron no exponerse, ni llevar a J.M.C., a la instancia de los tribunales.

“A las víctimas hay que respetarlas”, señala el abogado querellante de la causa, José D´Antona. En ese sentido, indicó que este caso sería “un leading case que sentaría jurisprudencia” en la materia. Acepta que el Congreso “nunca irá a la velocidad de internet y del desarrollo de la IA”. En esta línea, reconoció que actualmente existe un vacío en derecho penal, en relación al face swapping. 

Mientras tanto, en el mes de junio, la Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, agravó la imputación de J.M.C. por tenencia de contenidos de pornografía infantil. Además de los archivos relacionados a la denuncia de sus compañeras de colegio, entre los materiales secuestrados por la justicia que se encontraba alojado en dispositivos digitales, los expertos informáticos de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal de Córdoba hallaron imágenes relacionadas con abuso sexual infantil.

La elevación a juicio se encuentra en instancia del Juzgado de Control y todo indica que el proceso seguirá su curso para llegar pronto a la Sala de Audiencias de los Tribunales II de Córdoba Capital. 

Nuestras vidas importan

Olimpia Coral Melo, activista mexicana, es una reconocida defensora de los espacios digitales libres de violencia para niñas y mujeres a nivel regional. En 2013, sufrió en carne propia un hecho de violencia de género en el entorno digital cuando fue víctima de la difusión de imágenes íntimas, sin su consentimiento, por parte de quien era su pareja.

Acorralada por la vergüenza y la angustia, Coral Melo pensó en quitarse la vida. En cambio decidió salir a luchar por todas las mujeres y niñas que habían sufrido situaciones similares, en un país en el que no contaban con marco legal para poder abordarlo. “Que nuestro sufrimiento valga la pena”, lanzó la mexicana como una consigna que encontraría eco en toda la región.

En 2023, el Congreso Nacional argentino aprobó la Ley Olimpia (27.736) que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485, como una modalidad de violencia de género. De esta manera, se le puso nombre a una tipología de violencia online que afecta especialmente a mujeres y niñas.

Belén San Román trabajaba como agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado, tenía dos hijos de 2 y 8 años. En diciembre de 2020 murió después de varios días de agonía, tras haberse disparado en la cabeza con su arma reglamentaria. Tobías Villarruel, un hombre con el que se había vinculado, la había extorsionado publicando una serie de fotografías íntimas y un video sexual en redes sociales. La familia de la joven contó que “no soportó la presión, la exposición y la vergüenza” y se quitó la vida. 

Ema Bondaruk tenía 15 años cuando se quitó la vida luego de que se difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. En su memoria, en agosto pasado se presentó una ley para prevenir y abordar la violencia digital y de género en las escuelas de todo el país.

Una guía para hacerle frente

“El 23 de agosto de 2024 se difundió un video con imágenes íntimas de Ema, sin su consentimiento. Esto ocurría en el horario escolar, entre pares: 24 horas después Ema se quitaba la vida”, explicó Laura Sánchez, mamá de la joven de Longchamps. “En mi ignorancia entendí que se había difundido un video y listo. Yo soy de una época distinta. No me justifico, pero no tomé dimensión”, reflexionó la mamá días después de los hechos, en diálogo con Infobae. 

“Frente al desencadenante de esa viralización del video de Ema ni las familias, ni la escuela supieron qué hacer. Hubo medidas que no se tomaron y que, tal vez, hubieran podido contener la situación”, explica la diputada nacional Mónica Macha, quien promueve la Ley Ema y dio impulso a la Ley Olimpia y al proyecto de Ley Belén en nuestro país. 

El 18 de agosto pasado Macha, junto a Laura Sánchez, y referentes de diversas organizaciones que trabajan la temática presentaron la Guía Ema “Para el Abordaje de Casos de Difusión de Contenido Íntimo Sexual sin consentimiento en Ámbitos Educativos”, una herramienta pensada para prevenir y abordar este tipo de casos en las escuelas del país, desde una perspectiva feminista y restaurativa.

“La intención es plantear un abordaje restaurativo, porque estamos hablando de adolescentes, y entendemos que la adolescencia es un proceso de transición, de desarrollo, de construcción de la subjetividad”, explica la diputada. “Creemos que hay chance para que los pibes que suben material de otra persona sin consentimiento y lo viralizan, tengan un espacio para hacer una elaboración colectiva de esto que pasó, que haya conciencia del daño y que esto pueda cambiar”, remarcó.

En esta línea, es un desafío para las comunidades educativas promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en espacios digitales, favoreciendo particularmente el respeto y la garantía de la intimidad y la protección de datos personales conforme lo establecido en la Ley 25.326.

La Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral en clave digital también configura una herramienta potente, para trabajar sobre el consentimiento, la autonomía, la privacidad, el respeto por la intimidad propia y ajena, el cuidado de la identidad digital y el uso responsable de plataformas digitales desde una perspectiva de no-violencia.

En paralelo, frente a las graves consecuencias que acarrea para la vida de las víctimas, el proyecto de Ley Belén propone modificar el Código Penal y crear 6 delitos relacionados con la violencia de género digital: la recepción no consentida de material sexual digital (ciber flashing), la sextorsión – extorsión con amenaza de exposición de material íntimo-, la obtención no consentida de material sexual, íntimo o de desnudez, la difusión no consentida de material íntimo y su reenvío y la difusión no consentida de montajes pornográficos desarrollados con IA.

De ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, el joven estudiante de la escuela preuniversitaria de Córdoba podría enfrentar una condena de entre 3 y 10 años de prisión. 

SS / MA