“Nos fuimos del Gobierno y el 70% decía que Aerolíneas tenía que ser estatal y hoy eso cae al 40% y va a llegar al cero”, soltó Mauricio Macri cuando presentó la semana pasada su libro Para qué, y reforzó un debate que viene planteando la oposición y algunos medios de comunicación sobre la necesidad de resolver el déficit de las empresas estatales. “Nos vamos a sacar de encima a (el líder sindical Pablo) Biró y todos su compartimientos mafiosos y la plata que nos roba. Vamos a volar. Vamos a estar llenos de aviones otra vez. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado Aerolíneas (en 2008). Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades?”, recurrió al exabrupto el ex presidente. En un contexto más sosegado, este miércoles en Resistencia se analizó el déficit de las empresas públicas y la manera de resolverlo en el Seminario Nacional de Presupuesto Público, que organizan la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Consejo Federal de Inversiones y Chaco.
Los economistas Nicolás Gadano y Ariel Melamud y el especialista en administración financiera gubernamental Emiliano Nastri presentaron el informe que elaboraron para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que se había difundido en septiembre, sobre las compañías estatales. Entre sus conclusiones figura que “existen 34 empresas públicas, incluyendo a YPF”. “Suman un total de 111.000 empleados, equivalentes al 39% de las plantas permanente y transitoria de la administración nacional, con remuneraciones semejantes a las firmas privadas del rubro. Algunas empresas registran resultados positivos (fundamentalmente YPF, acompañada muy lejos por Nucleoeléctrica Argentina y otras empresas pequeñas). Ellas conviven con otras que registran desequilibrios, sin registrar los aportes del Tesoro Nacional, como Enarsa, Aerolíneas y AySA, todas con resultados negativos superiores a los $100.000 millones en 2021. En 2021, el conjunto de empresas recibió del Tesoro $ 719.00 millones, 84% superior a lo originalmente presupuestado (frente a una inflación del 50%). La asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas ha crecido a valores equivalentes a 1,5% del PIB en 2021. En muchos casos, los déficits no se deben a ineficiencias sino a políticas públicas de tarifas que influyen en sus ingresos (fundamentalmente Enarsa, AySA y Operadora Ferroviaria). Las empresas públicas ejecutan casi el 60% de la inversión real directa del sector público, básicamente AySA, Enarsa y ADIF (infraestructura ferroviaria). No hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de leyes que ordenan al Tesoro no transferir fondos a empresas cuyos presupuestos no estén aprobados por el Ejecutivo. Los riesgos fiscales originados por las empresas se explican principalmente por dos juicios en EE.UU. contra YPF por su proceso de nacionalización y por daños ambientales, ya que las garantías soberanas y deudas financieras y comerciales del sector no son relevantes”, cierra el resumen del trabajo.
En diálogo con elDiarioAR, el economista radical Gadano observó que “gran parte de lo que se conoce como déficit de las empresas públicas en realidad es un problema tarifario, es por los subsidios a la energía en el caso de Enarsa, a los ferrocarriles o al agua a través de AySA”. “Estas empresas no tienen déficits atribuibles a su performance. Intuimos sí que varias de estas empresas tienen problemas grandes de eficiencia por la planta de personal y otros temas, pero presupuestariamente habría que distinguir el subsidio a los clientes. Incluso en el caso de Aerolíneas, si hay una política que tiene que ver con algún destino, que haya una transferencia del Tesoro en ejercicio de ese rol. Todo lo demás es ineficiencia de la empresa. Es un tecnicismo que apuntaría a mejorar la discusión en torno de las empresas”, analizó Gadano, que asesoró a Miguel Galuccio en la gestión estatal de YPF en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después fue gerente general del Banco Central con Macri.
Gadano aclaró que su postura “no es excluyente con la posibilidad de transferir, cerrar o privatizar” firmas. “En el caso de Enarsa, los ferrocarriles y Aysa, primero deberías resolver la política pública de subsidios a los clientes. Pero hay otras empresas como Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), que es un despropósito tener centrales a carbón en este momento. Es más un tema de desarrollo regional de Santa Cruz. Después hay radios estatales o Impsa (fabricante de turbinas fundada por la familia Pescarmona), donde una cosa es que el Estado colabore para evitar que una empresa importante no quiebre y otra en que de manera permanente se convierta en su principal accionista, que no tiene ningún sentido. No es que todas las empresas estatales tienen que seguir, como Télam, por ejemplo”, apuntó el economista contra la agencia de noticias donde Macri había aplicado despidos masivos que finalmente quedaron en la nada.
Otro de los expositores del seminario, el abogado y politólogo Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos del gobierno de Alberto Fernández, advirtió a elDiarioAR que el déficit es una de las variables para analizar el desempeño de las compañías estatales. “Si existen las empresas públicas es por un cometido de interés general. Lo más eficiente que funcionen, mejor, porque son fondos públicos. Reducir el déficit es siempre bienvenido en pos del modelo de gobierno corporativo, que implica la eficiencia, la integridad, la transparencia, la creación de valor para el accionista. En ese marco no solo hay que evaluar cuánta plata gastan sino si realizan el para qué. En algunos casos son empresas monopólicas, como la generación nuclear, en otras compiten en un mercado y en esa competencia no pueden arrogarse funciones que sí tiene el Estado. Una empresa pública, si quiere competir, tiene que ser como un privado, eficiente. Pensemos en los casos de Aerolíneas o YPF. Pero no podemos permitir que las empresas públicas se escindan de la política pública sectorial porque esa es su razón de ser por la cual el Estado está ahí adentro y en muchos casos, capitalizándola con dineros públicos que podría poner para otros fines. A veces lo que se verifica es que se altera la finalidad o el Estado no se mete y no le da directrices ni un plan de negocios para saber cuál es su norte. Hay que comprender las empresas para saber qué les vamos a exigir. Hay muchas empresas que están yendo por el buen andarivel, pero hay mucho para hacer en ese sentido”, elaboró Carbajales.
El ex funcionario puso como ejemplo de una firma estatal sin directriz a la YPF de la era Macri: “Y salió mal”. Cuando se le preguntó si habría que privatizar o cerrar alguna, respondió: “Algunas cumplen roles fundamentales y otras tal vez haya que revisar por lo menos su alcance y forma de actuación. El modelo de gobierno corporativo llegó para quedarse. Las empresas públicas deben poner las barbas en remojo e ir por ahí”. ¿Cuáles? “Hoy en día, Enarsa tiene muchos cometidos, algunos fundamentales como importar gas, hacer un gasoducto y las represas. No le podemos pedir de todo. No digo cerrar las empresas sino repensar su rol, su dotación, su eficiencia. Uno de los casos para repensar es Aerolíneas, hay que seguir por el camino que está transitando, que está bajando su déficit operativo, competir en el mercado y seguir dando la conectividad que no dan otras compañías. Al mismo tiempo hay empresas lucrativas que realizan su objeto social, exportan, generan valor.”
“Muchas veces se pide a las empresas comercializar por debajo de sus costos porque se busca otra finalidad en la política pública. Por ejemplo, Enarsa importa gas y después lo vende por debajo del costo o YPF con el gasoil o Cammesa con la electricidad. Pero no es que son empresas que en su desempeño diario estén haciendo las cosas mal”, opinó Carbajales. “Sino que les pedimos determinada acción que genera déficit.”
¿Hay que cerrar YCRT o Télam, como sugiere Gadano? “Ojalá no tuviéramos Río Turbio porque hoy la transición energética nos impone dejar de consumir los combustibles más contaminantes. Pero tenemos que repensar dos ciudades enteras (28 de Noviembre y Río Turbio) que dependen de esa central. No es tan simple como decir no me gusta, la cierro. En cuanto a Télam, el Sistema de Medios Públicos cumple una finalidad. Hay lugares a los que solo llega la Radio Pública o la TV Pública. Pero hay que revisar los costos operativos, la planta de personal, hay mucho por hacer”, completó Carbajales, que había trabajado en el Gobierno a las órdenes del ex ministro Matías Kulfas.
A Delfina Rossi, economista cristinista y directora del Banco Ciudad, le tocó presentar el informe de la OPC sobre empresas públicas, pero su opinión difiere de la de Gadano y así la expresó a este cronista: “Son y sirven dentro de un proyecto económico de desarrollo nacional. En un proyecto de economía donde no importa qué población queda afuera y juega a favor de las grandes concentraciones, sobran las empresas públicas. En un proyecto en el que necesitamos trabajo decente para 47 millones de argentinos y argentinas, pasan a ser elementos fundamentales de la conducción de ese proceso de desarrollo. Hay que ver el efecto que generan en el tiempo no solo en sus balances sino también en el apalancamiento de las cadenas de valor. Pongo el ejemplo de la energía nuclear, que la genera Perón como un proyecto de soberanía energética. Hoy te da capacidades que pocos países tienen en el mundo y nos permite ir descarbonizando. Macri, en cambio, cerró la empresa de aguas pesadas y hoy tenemos que importarla”.
Rossi también citó el déficit de empresas de defensa, como Fabricaciones Militares y la de aviones Fadea, pero se preguntó: “¿Cuántos países tienen las capacidades de construir aviones y poder ir escalando esa tecnología, que da independencia? Tenemos un territorio con situaciones que deberíamos proteger y tener capacidades propias para hacerlo”. En conclusión, “hay un falso dilema que se intenta proponer, que es estatización o privatización, sin hablar del dilema de fondo de qué modelo de desarrollo queremos”, según la directora del Banco Ciudad en representación de la oposición. Preguntada entonces sobre si estas compañías deben reducir sus pérdidas, contestó por su experiencia en ese banco: “Yo trabajo para que la empresa rinda económicamente, sea eficiente, porque es la mejor manera de que sea competitiva en el mercado, no se quede atrás, obsoleta, sea la primera opción para nuestros clientes. Ahora bien, si me dicen hipotéticamente que la banca pública debe contribuir al financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner y por eso vamos a tener resultados negativos, me parece que es considerable porque ese gasoducto nos va a permitir ahorrar divisas, subsidios, reducir el costo energético. Por ahí hoy tengo un pasivo no remunerado negativo y después consigo escalar con empresas energéticas y con la potencialidad que va a tener Vaca Muerta. Sí a la eficiencia de las empresas públicas, pero también que hay procesos enmarcados en prioridades mayores”.
El presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, también vino al seminario de Resistencia para exponer que el déficit de su empresa, que subió de US$ 431 millones en 2019 a 593 millones en 2020 por la pandemia y a 620 millones en 2021, bajará a 514 millones en 2022 y promete que caerá a 412 millones el año próximo, cuando se termine de recuperar el nivel de pasajeros previos al Covid-19. Aerolíneas cuenta con una dotación de 11.393 empleados, 653 menos que en 2019. En su reciente visita al Congreso, Ceriani presentó las rutas que sólo completa su empresa con este mapa:
AR