Según el último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma basado en la información del Ministerio de Trabajo de la Nación, los salarios formales se encuentran en los niveles más bajos desde abril del 2006. Sin embargo, este dato convive con una tasa de desempleo del 6,3%, la más baja desde el 2004 -en diciembre de 2015 la desocupación fue del 5,9% pero en ese momento los datos fueron cuestionados por distintas organizaciones-.
La caída del salario real -poder de compra sin efecto inflación- expresada a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) fue del 5% entre enero del 2020 y marzo del 2023. Si bien durante el primer trimestre del 2023, se recuperó un 0,7%, los crecientes niveles de inflación esperados para el futuro ponen en jaque esta recuperación experimentada entre enero y marzo de este año.
Según datos del Indec, durante el mandato de Alberto Fernández el empleo creció casi un 7%. Esto es, aproximadamente unos 1,2 millones de puestos de trabajo, de los cuales, 350 mil son de empleo formal y el resto está ligado al trabajo informal no registrado.
Durante las últimas semanas se ha generado un debate público sobre la relación que hay, actualmente, entre la tasa de desocupación, los salarios, la pobreza y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y cómo eso “contradice” o genera situaciones contraintuitivas con respecto a ciertos principios de la economía.
¿Por qué se registra una caída del poder adquisitivo del salario al mismo tiempo que se crean nuevos puestos de trabajo?
El hecho de que la baja tasa de desempleo conviva con un notorio deterioro del poder adquisitivo del salario es algo contraintuitivo para el análisis económico. Generalmente, a mayor nivel de ocupación los salarios tienden a crecer.
Según Mariana González, Economista e Investigadora de FLACSO-CONICET y CIFRA-CTA, la caída del salario registrado a pesar de la creación de nuevos puestos de trabajo encuentra diversos fundamentos.
“Una razón fundamental tiene que ver con que la inflación se ha ubicado en un nivel alto y, además, creciente. Si bien las organizaciones sindicales se adaptaron a la negociación paritaria en un contexto inflacionario, lo que han logrado es que se mantenga el poder adquisitivo del salario, alcanzando a lo sumo el mismo nivel que tenía en diciembre de 2019, pero no que se recupere la fuerte caída salarial previa que había tenido lugar durante el gobierno de Macri. Según el índice de Salarios del INDEC, el poder de compra del salario registrado en marzo de 2023 se ubicó 1% por encima del valor de diciembre de 2019 y fue, a su vez, 19% inferior al de diciembre de 2015”, aseguró.
“Además, debe tenerse en cuenta que la fuerte creación de empleo que se verificó desde la recuperación económica posterior a la crisis vinculada con la pandemia se dio con un deterioro en la calidad de esos empleos: De los más de 1,2 millones de nuevos puestos netos que se crearon entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2022 sólo 350.000 fueron puestos asalariados registrados.”
En términos de políticas públicas e intervención del Gobierno, la economista dijo que “la ausencia de medidas de política específicas que empujasen hacia el alza los salarios –especialmente los más bajos– tampoco contribuyó a cambiar esta situación. El salario mínimo, vital y móvil tuvo una pérdida de poder adquisitivo aún mayor que la del salario promedio y no se instrumentaron aumentos salariales por Decreto en el contexto de recuperación económica con aumento de los excedentes empresarios y salarios estancados.”
El hecho de que la gran mayoría del crecimiento del empleo se explique a partir de la creación de puestos de trabajo en el sector informal tiene como consecuencia una gran disparidad en el desempeño de los ingresos. No estar enmarcados dentro de los convenios colectivos de trabajo ni tener acceso a paritarias hace que los sectores de menores ingresos tengan mayores dificultades para actualizar sus salarios con respecto a la inflación.
El fenómeno inflacionario presente tiene un sesgo regresivo que afecta de mayor manera a los sectores más bajos. Esto quiere decir que la inflación de los hogares más pobres es superior a la que tienen los hogares con mayores ingresos. Un informe publicado por Ecolatina asegura que esto tiene que ver, principalmente, con la evolución del precio de los alimentos: mientras que el Nivel General del IPC trepó 32% en los primeros cuatro meses del año, los alimentos y bebidas aumentaron más de 41%.
¿Cómo impacta en la pobreza?
Otra paradoja o cuestión contraintuitiva es que durante 2022 hubo un incremento en simultáneo de la pobreza y del PBI -producción de bienes y servicios finales en la economía durante un año. La lógica indica que, si la producción se incrementa, suceda lo mismo con los ingresos y por ende la pobreza disminuya. No fue así, ya que durante el segundo semestre del año pasado alcanzó el 39,2% -1,9% por encima del segundo semestre del 2021- mientras que la economía creció casi al 4%.
En Argentina, la pobreza se mide por ingresos: una familia tipo debe tener un ingreso superior a $203.361 -en mayo 2023- para no ser considerada pobre. Este monto surge del valor de la canasta básica total (CBT) que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud entre otros. Mientras que, la vara de la indigencia es la canasta básica alimentaria (CBA), la cual incluye un conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales por persona.
Los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para, entre otras cosas, determinar la pobreza e indigencia son de carácter declaratorio. Esta metodología tiene la ventaja de ser extremadamente práctica ya que es una recopilación de declaraciones, pero, a su vez, puede llegar a ser un tanto imprecisa.
Una postura -no exenta de polémica-, que cobró gran relevancia durante las últimas semanas, está relacionada con la sub declaración de ingresos en la EPH. Esto encierra una crítica implícita a la manera en la cual se mide la pobreza. En un hilo de Twitter, el economista Eduardo Crespo plantea que la economía en negro no está sufriendo tanto como se piensa y que, en el pasado, la literatura económica latinoamericana siempre asoció la informalidad como un refugio de la pobreza. Si bien no niega que esto exista, y que siga siendo relevante, argumenta que el cepo y algunos efectos aceleradores de la pandemia sobre las comunicaciones -Zoom, Google meet- “ayudaron a gestar una informalidad de medianos y elevados ingresos”. Algunos ejemplos de esto son los programadores freelancers, psicoanalistas, diseñadores que facturan a empresas del exterior y cobran a través de billeteras virtuales a un tipo de cambio similar al blue. En este aspecto, el economista finaliza diciendo lo siguiente: “Pienso que en el futuro vamos a entender que en estos años la economía era mayor de lo que pensábamos y que estábamos subestimando el valor de las exportaciones y sobreestimando el porcentaje de pobreza.”
Por otro lado, una visión que no cuestiona la medición de la pobreza y mantiene a la economía informal como una actividad de supervivencia, argumenta que el crecimiento económico durante 2022 -en 2023 se encuentra estancado- tiene que ver con que la elevada inflación erosiona el poder adquisitivo del salario. Frente a esta situación, los individuos, al ver que las posibilidades de ahorro son cada vez menores, eligen consumir el pequeño excedente que les queda.
El aumento de los límites de gasto y financiamiento con tarjeta de crédito anunciado por el Ministerio de Economía también parece ir en línea con sostener un consumo a pesar de la pérdida de poder adquisitivo. Si bien, la utilización del crédito es un recurso genuino de la economía, un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que, para finales de 2022, más del 54% de las familias recurrió a fuentes de financiamiento para sostener su consumo. Dentro de este universo, el 64% se endeudó para cumplir con sus necesidades básicas: comida y medicamentos.
El mismo documento muestra que del total de los hogares sostenidos por mujeres, el 60% tuvo que recurrir a financiamiento para sostener su consumo mientras que, en el caso de los hombres, ese valor ronda el 50%.
IC