“En las próximas semanas vamos a estar trabajando en la construcción de un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada, producto del shock que implica la guerra”. Era 18 de abril y Martín Guzmán anunciaba la medida junto al Presidente, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Frente al gabinete casi completo, gobernadores, sindicalistas y empresarios, el ministro de Economía prometía una herramienta para evitar que la situación global genere un efecto regresivo: que enriquezca a pocos y empobrezca a muchos.
No pasaron solo semanas, sino un mes completo, pero el proyecto para gravar la “renta inesperada” no tomó forma ni fue enviado al Congreso para su tratamiento. La iniciativa se demora en la elaboración de la letra chica, pese a que es uno de los pocos intentos del albertismo que logró entusiasmar a la órbita de la vicepresidenta, que exige tomar cartas para que al crecimiento “no se lo queden cuatro vivos”. En ese mismo acto, el presidente Alberto Fernández le concedió –tal vez por primera vez en términos tan explícitos– al kirchnerismo que es en el plano de la distribución donde “está fallando el (su) proyecto”.
Del texto sólo se conocen los lineamientos originales; el “punto de partida” que planteó Guzmán para iniciar la discusión con “fuerzas productivas, laborales y políticas”. A diferencia del aporte extraordinario a las grandes fortunas, destinado a personas con patrimonio superior a los $200 millones, este instrumento se enfoca en empresas. Es un segmento muy pequeño del universo total de firmas, que el Gobierno estima en torno al 3% y está vinculado sobre todo al sector de alimentos y energía.
Para ser alcanzadas por este gravamen, las empresas deben registrar ganancias netas imponibles superiores a los $1.000 millones al año. Además, esa ganancia tiene que evidenciar un incremento “significativo” respecto del año previo, “anormalmente alto”, y no estar explicada por alguna estrategia de inversión o innovación. Que sea, como la bautizaron en España, una ganancia “caída del cielo”. Guzmán aclaró que si esa “renta inesperada” se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución exigida será menor.
La crítica del sector cristinista es, en todo caso, que no sea más bajo el piso de ganancias netas imponibles, para incluir en el tributo a un porcentaje más amplio de empresas. Y, claro, la demora en la instrumentación. Todavía no ocurrió en este caso, pero en las últimas semanas el kirchnerismo intentó acortar los plazos de otras medidas clave con el lanzamiento de iniciativas paralelas: con un proyecto de Máximo Kirchner se aceleró la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil; con otro de Sergio Massa se empujó la suba del salario a partir del cual se paga Ganancias.
“Estamos trabajando”, dijo el lunes Guzmán en una entrevista televisiva de Alejandro Bercovich en C5N. Aseguró que “hay mucho intercambio técnico” y que esperan, “en las próximas semanas”, enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. “Ese es el estado de situación; se sigue trabajando en ese tema”, se limitaron a confirmar a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Economía.
El gravamen aparece como una estrategia, si no para evitar el traspaso de la suba de precios internacionales a las góndolas –mecanismo para el que son útiles, pese a sus efectos adversos, las retenciones que demanda Roberto Feletti– al menos para permitirle al Estado fondear políticas para fortalecer los bolsillos de argentinos y argentinas. De hecho, el anuncio del proyecto se dio en simultáneo con el del bono de “refuerzo de ingresos” para trabajadores informales, monotributistas de categorías bajas, empleadas de casas particulares y jubilados.
Por la manera en la que fue anunciado, se esperaba que el bono fuera financiado por este impuesto, pero terminó por encararse con recursos propios del Tesoro. La primera cuota de $9.000 para trabajadores informales comienza a pagarse este jueves 19 de mayo, mientras que el proyecto para gravar la renta inesperada continúa en etapa gestacional.
DT