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100 primeros días amputando al Estado y los 100 próximos para talar la inflación

Milei en la ExpoAgro 2024.

Alejandro Rebossio

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“Nada bueno del estado se puede esperar”, citó Javier Milei al Nobel Milton Friedman el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa. Cuatro días después posteó un video de Friedman para justificar su visión divergente de la que pregonaba Mauricio Macri en su presidencia: “Cuando un político te habla del Estado eficiente sólo se trata de una máscara para robarte”.

Dentro de cuatro días, el 19 de marzo, se cumplirán los primeros 100 días del experimento de gobierno libertario de Milei que votó el 30% de los argentinos en primera vuelta y el 56% en segunda, después del fracaso del modelo del “Estado presente” pero ineficiente. Sus funcionarios reconocen que al jefe de Estado sólo le importan dos objetivos: achicar el Estado para alcanzar el déficit cero, sin emisión monetaria, y, de ese modo, reducir la inflación. En los primeros 100 días y en todos los que vendrán hasta 2027 busca alcanzar la primera de estas metas. Pero en los próximos 100 días entre el 19 de marzo y el 27 de junio se abocará a ajustar como sea para bajar el índice de precios al consumidor (IPC) a menos del 10% en junio. O antes. Marzo viene “complicado”, admitió Milei después de festejar el 13% de febrero, mayor a los peores meses del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, responsables también del desaguisado que ahora se gestiona con improvisación.

No se designan funcionarios para evitar que ejecuten acciones. Prefieren el Estado quieto, al que después acusarán de ineficiente y promoverán su reemplazo por el privado. Los no designados no cobran, pero al menos no los pueden responsabilizar de errores, como le pasó a Omar Yasin, inocente del escándalo por el aumento salarial del Presidente. Fue eyectado como secretario de Trabajo sólo para que en su lugar llegue Julio Cordero, abogado de Techint, aportante en blanco de la campaña libertaria. Otros contribuyentes bajo poncho provinieron de la industria electrónica fueguina y de la farmacéutica, con empresarios siempre dispuestos a adornar a diestra y siniestra.

“No hay ni papel”, se queja un funcionario. “Borran mi línea del presupuesto”, se sorprende otro. En la volteada se cortaron gastos de todo tipo. Un ejemplo es la entrega de medicamentos a pacientes de cáncer y enfermedades graves que hace una semana prometió resolver el ministro de Salud, Mario Russo, ante familiares de pacientes. Aunque quien influye en esa cartera es uno de los asesores sin nombramiento, Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, de vínculo con el gremialista Luis Barrionuevo y padre de Rodrigo Lugones, uno de los consejeros de imagen junto a Santiago Caputo. A su vez, Caputo es sobrino de Luis Caputo, el ministro de Economía, y de Nicolás Caputo, uno de los popes de la electrónica de Tierra del Fuego junto con Rubén Cherñajovsky. Por algo no prosperan los deseos del diputado José Luis Espert ni de otro asesor en las sombras Federico Sturzenegger de que el ajuste incluya las desgravaciones impositivas a esa industria patagónica.

En cambio, la poda paraliza las obras públicas, incluida la urbanización de villas, o pone en riesgo el funcionamiento de la universidad pública a partir de la segunda mitad del año. De paso, los libertarios acusan sin pruebas concretas a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de financiar las campañas del senador Martín Lousteau, uno de los que rechazaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que pergeñó Sturzenegger para flexibilizar la legislación laboral –y dejar de castigar el trabajo no registrado– y desregular los alquileres y las prepagas, entre otros sectores económicos.

“La agenda no es un Estado chico. Es la ausencia del Estado”, reflexiona el exviceministro de Economía Fernando Morra, actual director de la consultora Suramericana. “Pasamos del 'achicar al estado para agrandar la Nación' de los 90 a 'demoler al estado para liberar al individuo'. Para Milei el mercado no comete errores sistemáticos, posee toda la información y no funciona en un contexto de poder. Los economistas llamamos a eso teorema de (Kenneth) Arrow (Gérard) Debreu. Vamos a desregular todo y retirar al Estado de todas sus funciones. Hay que empezar a desandar los supuestos de Arrow Debreu: tenés como 30 premios Nobel que lo hicieron. No existe un país que se rija por estos principios, ni Estados Unidos”, concluye Morra.

¿Puede funcionar? La población que lo votó sufre la recesión pero con ilusión, como describe el consultor de consumo masivo Guillermo Oliveto. Entre los empresarios, hartos en general de las excesivas regulaciones del gobierno anterior, hay quienes consideran que si no se consigue bajar la inflación rápido la Argentina quedará cara en dólares oficiales otra vez en el corto plazo, como hasta noviembre pasado. Está claro que ahora ya no está más barata para los turistas extranjeros o los exportadores de servicios de economía del conocimiento que cambiaban sus divisas a un tipo de cambio paralelo alto hasta 2023.

Si marzo está complicado, como dijo Milei, entre tarifazos de energía que sorprenderá cuando lleguen las boletas, y el índice de precios al consumidor (IPC) no baja de un dígito en abril y mayo, ya para entonces el peso oficial quedará para entonces tan sobrevaluado como en noviembre. No convendrá ofrecer servicios turísticos ni de economía del conocimiento desde la Argentina, ni producir bienes industriales, hasta el campo se quejará de los costos de producción mientras le caen las cotizaciones internacionales de los granos. “El dólar bajo es una circunstancia que creo que no es deseada”, observa Morra. “Ellos piensan que el valor del dólar lo va a poner el mercado y el que sobrevive es el que tenía que sobrevivir. Si a mí me lo preguntás, no funciona así.”

La población que lo votó sufre la recesión pero con ilusión, como describe Guillermo Oliveto. Entre los empresarios, hay quienes consideran que si no se consigue bajar la inflación rápido la Argentina volverá a quedar cara en dólares oficiales

Economistas ortodoxos como Daniel Artana, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), analizan ante sus clientes que el Gobierno pensó que con la recesión agravada, a partir de la devaluación de diciembre y la simultánea licuación de ahorros, jubilaciones y salarios, iba a poner a raya la inflación, pero no fue así. Según el pensamiento de Artana, debería abrirse también la economía, bajarse los impuestos y flexibilizar el trabajo. Lo primero lo hizo Caputo en forma tímida al facilitar todos los dólares de una sola vez para importar alimentos y medicamentos, para disgusto de los fabricantes locales que deben conseguir insumos del exterior pagando en cuatro cuotas a 120 días. Pero el ministro de Economía tampoco abrió demasiado la importación de estos productos básicos, que deben seguir pagando 17,5% del impuesto PAIS. Es que este tributo es el cuarto que más recauda, el único que pudo aumentar Milei por falta de apoyos en el Congreso para subir otros –retenciones y Ganancias– y que, por tanto, es clave para lograr el déficit cero.

Pese a su prédica libertaria, el Presidente se da cuenta de que no puede abrir totalmente la economía porque destruye la industria, ni puede cumplir su promesa electoral de reducir gravámenes porque no le cierran las cuentas públicas y por ahora su reforma laboral por DNU está trabada en la Justicia. Encima sube los costos de la energia. Los hogares reciben subas de la luz de entre el 150% y el 300% y del gas, del 500%, pero para las empresas son mayores. El uso de la capacidad instalada de la industria no ha tan mal este siglo, salvo en la crisis de 2001 o en la pandemia. Pero tampoco pueden vender más barato para mejorar sus ventas. Sólo el azúcar y la batata bajaron de precio en febrero entre los alimentos, bebidas y productos de higiene. Mientras el presidente de la Federación de la Industria Maderera (Faima), Román Queiroz, alborotó a la Unión Industrial Argentina (UIA) porque supuestamente calla sobre el “industricidio” en marcha, en la entidad que preside Daniel Funes de Rioja, abogado defensor de la reforma laboral y representante del sector de alimentación, admiten que muchas empresas importaron insumos en 2023 previendo un dólar más alto que el actual y subieron los precios para cubrirse en consonancia. Ahora no pueden bajar los valores porque deben repagar todavía el 40% de aquellas importaciones del año pasado a partir de abril.

No sólo los empresarios esperan que la inflación baje pronto a un dígito. Sobre todo, la población. Si no se logra en abril, ya para entonces se habrá licuado todo el aumento del 100% de la asignación universal por hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. En el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, al menos Yasin y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, venían trabajando en dupla para evitar que explote un desborde social y al mismo tiempo licuar el poder de ese enemigo que se fijaron, los movimientos sociales. Con la duplicación de la AUH y la tarjeta suplieron la falta inicial de envío de alimentos a comedores, según la versión oficial. De todos modos, ahora sostienen que han relevado 8.600 merenderos y están empezando a mandarles directo a sus responsables el dinero para comprar mercadería. En las iglesias evangélicas admiten que algunos comenzaron a recibir, no todos. En las organizaciones piqueteras reconocen que los censaron, pero niegan en general haber recibido la plata, salvo casos muy puntuales. En el Ejecutivo se jactan de haber eliminado la intermediación de estos movimientos, que antes recibían los bolsones y después los distribuían. Acusan al gobierno de Fernández de mandarle el año pasado un millón de kilos de alimentos a la Tupac Amaru, de Milagro Sala, y nada a la Cooperadora de la Nutrición Infantil (Conin), de Abel Albino, al que ahora asisten.

A las organizaciones sociales también les quitaron poder al desaparecer el plan Potenciar Trabajo. Más de un millón de personas recibía antes medio salario mínimo a cambio de media jornada de trabajo en cooperativas

A las organizaciones sociales también les quitaron poder al desaparecer el plan Potenciar Trabajo. Más de un millón de personas recibía antes medio salario mínimo a cambio de media jornada de trabajo en cooperativas organizadas por provincias, municipios, iglesias o movimientos piqueteros. El beneficio iba directo al individuo, pero las organizaciones controlaban la asistencia a la media jornada. Pero con el nuevo gobierno el subsidio quedó congelado en el valor de 2023: $78.000. Y a partir del mes próximo, los menores de 50 años pasarán al programa Volver al Trabajo, por el que seguirán recibiendo el mismo dinero licuado por dos o tres años mientras deben asistir a capacitaciones. Si consiguen un trabajo registrado, podrán seguir cobrando la subvención por 12 meses. Quedará en manos de Cordero.

Los mayores de 50 y las madres de cuatro o más hijos irán al plan Acompañamiento Social, bajo la orbita de De la Torre, volverán a cobrar medio salario mínimo –hoy serían $101.000– y cumplirán tareas como cocinar en merenderos. ¿Sobrevivirán las guarderías o los centros de recuperación de adicciones? En las organizaciones sociales advierten que el Gobierno acaba de dar de bajar a 250.000 beneficiarios por integrar cooperativas productivas y conseguir así ingresos extra, como los cartoneros y recicladores, los que producen alimentos o ropa o los que se dedicaban a la construcción, por ejemplo, de obras en villas. Sus líderes sostienen que la AUH y la Tarjeta Alimentar no resuelven los problemas, las changas son los primeros que se caen en la recesión y por eso las estadísticas muestran que el consumo se desploma. “La gente come menos”, exponen. Admiten que sus organizaciones perderán el control de comedores y cooperativas, algunas desaparecerán, pero otras persistirán como desde hace un cuarto de siglo y reunirán a aquellos disconformes. No obstante, admiten que por ahora el enojo social contra el peronismo persiste y por eso persisten las expectativas en que el futuro pueda ser mejor con Milei. En el Gobierno saben que si no bajan la inflación, no mantendrán la popularidad, empeorará la situación social y no se crearán los empleos con los que sueñan reemplazar los planes Volver al Trabajo.

AR/MG

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