Si los héroes fugan capitales ¿invertirán los villanos?

La semana del mayor desafío callejero que enfrentó hasta ahora Javier Milei fue también la que eligió el Congreso para empujar el manoseado proyecto de ley ómnibus, que el oficialismo promociona como el trampolín para el despegue “en V” de una economía real por ahora en caída libre. Se supone que la reforma laboral, los cambios a la Ley de Hidrocarburos y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsarán ese salto, pero lo que no termina de quedar claro es el sujeto social de la revolución inversora libertaria. Si los que fugan divisas son héroes, como dijo Milei en el Foro Llao Llao, si el tipo de cambio se va a seguir atrasando hasta fin de año, el cepo no se afloja y el ajuste ahoga la demanda ¿quién enterrará en Argentina un dólar para producir algo?

Es lo que pregunta insistentemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que entrevé en el blanqueo de capitales que debatirá la semana próxima Diputados una invitación al ingreso masivo de dinero del narcotráfico. El aval de esa agencia global antilavado del G7 es clave para que fondos de inversión supervisados por las comisiones de valores europea y estadounidense compren activos argentinos. Justo está terminando de estudiar si devuelve al país a la “lista gris” de países riesgosos donde cayó entre 2010 y 2014. 

Los sabuesos del GAFI desembarcaron un mes atrás en Buenos Aires para la fase final de evaluación y auscultaron a jueces, fiscales, legisladores y reguladores. A todos les dijeron que preferían que no hubiera otro blanqueo pero que entendían que todos los gobiernos desde 1983 arrancaron con uno. Veteranos lobos de Wall Street, Luis Caputo y Santiago Bausili les prometieron controles implacables. Lo que no ayudó es que Milei haya dicho en una entrevista justo por esos días que le importaba “un rábano” de dónde provenga el dinero que vaya a blanquearse. 

Lo más bochornoso, sin embargo, fue el escándalo que protagonizó Silvina Rivarola, nombrada directora del Central junto con Bausili, en plena reunión con los enviados del GAFI en el Palacio San Martín. Cuando advirtió que también estaba la jueza en lo Penal Económico Karina Perilli, que había ido a explicar detalles del juicio al ‘clan Loza’, se acercó a increparla. “¡Vos nos arruinaste la vida! ¡Le rompiste la carrera a mi marido!”, le espetó. 

El marido de Rivarola es el exfiscal José Carlos Barbaccia, condenado en 2019 a dos años de prisión en suspenso y a cuatro de inhabilitación especial por haber encubierto el atentado a la AMIA junto al exjuez Juan José Galeano y al abogado Carlos Telleldín, entre otros. Perilli firmó aquel fallo como parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que también condenó a cuatro años y medio de prisión al extitular de la SIDE en el momento del atentado, Hugo Anzorreguy, casado a su vez con Margarita Moliné O´Connor, prima de Rivarola.

El entredicho no solo dejó al descubierto una desinteligencia entre poderes que podría ser aprovechada por narcotraficantes para esquivar los controles antilavado del Estado. También exhibió el vínculo de una directora del Central con el peor atentado terrorista de la historia argentina, algo que ya había llamado la atención cuando Milei y Caputo la designaron. Combatir el financiamiento al terrorismo es el otro objetivo del GAFI. 

De la letra del proyecto, puntualmente, lo que objeta el GAFI es el artículo 41 inciso b). A diferencia de los blanqueos anteriores, habilita a exteriorizar dinero a los cueveros del mercado blue. Si bien era difícil probar que los fondos provinieran de ahí, siempre estuvieron explícitamente excluidos. 

Quién entra y quién no

Relajar controles para aceitar la actividad económica es siempre una tentación, pero conlleva sus riesgos. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) habilitadas durante el macrismo, que proliferaron hasta convertirse en el 10% de las empresas activas en el país en solo seis años, se convirtieron por ejemplo “en uno de los vehículos legales predilectos entre la criminalidad económica” según un informe publicado este año por la Fundación Friedrich Ebert. El trabajo revela que en el 99% de los casos en los cuales la Inspección General de Justicia (IGJ) fue a visitar la sede social de una SAS denunciada por irregularidades, se encontró que la empresa investigada no tenía allí su domicilio y que ni el encargado de la propiedad ni sus vecinos conocían a la persona jurídica ni a sus integrantes. 

Si Milei hubiera cumplido su promesa de campaña de dolarizar la economía, el riesgo de una amonestación del GAFI habría sido aún mayor. La experiencia de Ecuador es lapidaria: al no tener que pasar por el sucre, los cárteles narcos hicieron base ahí para negocios que migraron de Colombia y Bolivia. Terminaron por poner en jaque al gobierno de Daniel Noboa. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es otro foco de conflicto interno. Milei casi no conoce el alcance de las cuantiosas facilidades que ofrece a grandes proyectos de inversión, como la estabilidad fiscal de largo plazo y las desgravaciones de IVA, retenciones, aranceles y Ganancias. Delegó su redacción original en el eyectado Guillermo Ferraro, que lo conversó a su vez con abogados de los estudios Marval O’Farrell y Mairal y Lisicki, Litvin y Asociados, que asesoran a empresas que podrían aprovecharlo. El texto –tal como descubrió Pablo Ibáñez– fue luego modificado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado por el jefe de la UIA, Daniel Funes de Rioja.  

La autoridad de aplicación del RIGI era el Ministerio de Infraestructura, que tras el despido de Ferraro quedó bajo la órbita de Caputo. Pero Nicolás Posse pidió intervenir y será quien decida quién entra y quién no. El jefe de Gabinete se prepara para que el país le conozca la voz –algo que preferiría que no ocurriera– cuando conteste preguntas del Senado el 15 de mayo. Tarde pero seguro: la Constitución lo obligaba a hacerlo antes de marzo. 

Bausili también pataleó por el RIGI. Reclamó que sea gradual la liberación del cepo cambiario para las empresas que adhieran al régimen, a las cuales se permitirá disponer de los dólares que generen para el pago de dividendos, ganancias y deudas con el exterior. “Nosotros en la programación cambiaria contábamos con los dólares de la minería para los dos primeros años. No podemos prescindir de eso”, aclaró.

Es todo un dilema para el dúo que flanqueó a Milei en la cadena nacional del lunes por la noche, escenificada al estilo de las proclamas de viejos gobiernos de facto. Tanto Caputo como Bausili habrían querido conseguir los U$S15.000 millones que les negó el FMI para liberar el cepo, pero ambos saben que sin ellos es ilevantable. Tampoco saben si China va a renovar el swap, tal como se advierte en esta columna desde diciembre. Eso podría restar otros U$S5.000 millones a las reservas. Difícilmente ayude la foto que se sacó el viernes el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert, con la directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Buenos Aires, Florencia Miao-hung Hsie. 

Depresión, mulas y Moreno

No es que Sergio Massa habría hecho las cosas muy distinto en materia tributaria y cambiaria. Lo admitió abiertamente ante operadores de fondos de Wall Street que lo visitaron en sus oficinas de Avenida del Libertador el mes pasado: “Hay muchas medidas que yo comparto, que hacían falta, pero cuando queremos dialogar sobre los proyectos que presenta el Gobierno nos hostilizan y nos insultan”, les dijo. 

El problema para el despegue de las inversiones es que la demanda sigue catatónica. ¿Por qué invertiría un industrial, por ejemplo, si el uso de la capacidad instalada está en su piso desde 2001, con la sola excepción de la pandemia? ¿Qué señal de precios alcanza para despertar los animal spirits del emprendedor cuando las ventas de algo tan esencial como los lácteos se desploma un 20% promedio? ¿Quién compraría máquinas para abastecer de algo al exterior si una lata de atún vale la mitad en dólares en Manhattan que en La Matanza?

El atraso cambiario que gritan esas latas se verifica también en las caras de horror que ponen los turistas europeos al pagar más de 150 dólares el cubierto en parrillas como Don Julio (con buen vino, eso sí) o en el el auge de Grabr, una aplicación que permite contratar a cualquiera que llegue al país como una especie de “mula legal”. ¿Cómo funciona? El usuario publica el link de un producto que quiere comprar en el exterior y los viajeros pueden ofrecerse a traerlo a cambio de una comisión. Si el fee no es abusivo, conviene usarla hasta para las compras del súper.

Caputo lo sabe: aprovechó en Washington para comprar zapatillas. También sabe que los piropos del lunes de Milei no le garantizan la supervivencia. Sus detractores internos cuchichean cada vez más sobre cómo se cocina el superávit fiscal que promociona a los cuatro vientos y seduce a sus excolegas de Wall Street. “Las dudas que expresan tipos como Cavallo o Broda le entran a Milei. Puede bardear a Melconian pero le entran. Acá hay licuadora y hay motosierra pero también hay freezer. Y poner la pata arriba de la caja no dura para siempre. Explota con temas como la deuda con CAMMESA y la negativa de las generadoras a financiarla gratis”, comentó con elDiarioAR uno de esos críticos. 

Ocurre de modo más palpable con los ferrocarriles, que sacan de circulación cada vez más formaciones por falta de combustibles. Y con los contratos que empiezan a caerse por falta de pago y a disparar juicios contra el Estado. El no pago termina generando más gasto futuro, porque los expedientes litigiosos insumirán dinero en abogados, intereses y actualizaciones. Pero la planilla da bien, como los índices de inflación de la época de Guillermo Moreno. “Parece que no solo le copió el estilo de apretar a las prepagas por los medios”, ironizó la misma fuente que advierte sobre los pagos en el freezer.

  

AB/DTC