Dina Boluarte declaró ante la fiscalía peruana mientras el Congreso volvió a frenar el adelanto de elecciones

Dina Boluarte, la presidenta de Perú, fue interrogada este martes por la fiscalía que investiga la represión en las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo, las cuales dejaron al menos 48 civiles muertos en tres meses.

Mientras tanto, la comisión parlamentaria que había prometido emitir un dictamen hoy para que el pleno del Congreso pudiera volver a considerar un eventual adelanto de las elecciones generales previstas para 2026, suspendió la sesión sin poder llegar a una conclusión.

La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del ministerio público, Patricia Benavides, por casi una hora y media y “brindó declaraciones respecto a las investigaciones”, informó sin dar más detalles la Presidencia peruana a través de Twitter.

Más temprano, la fiscalía precisó que la presidenta fue citada en el marco del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023”.

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que la fiscalía compartió en redes sociales. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en las afueras del edificio del Ministerio Fiscal en el centro de Lima.

Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. No obstante, en caso de una acusación firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que culmine su mandato, según fija la Constitución.

El 10 de enero de 2023, la fiscalía abrió una investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre pasado, murieron al menos 60 personas según la Defensoría del Pueblo: 48 civiles fallecieron por acciones de las Fuerzas Armadas; un policía fue incinerado por manifestantes y otras 11 personas perdieron la vida por consecuencias colaterales a la protesta. A este registro se agregaron ayer seis soldados, que murieron ahogados en Puno, en el sur del país andino, por haber cruzado un río en medio de una protesta.

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre todo en los departamentos de Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos de las protestas.

El actual jefe de gabinete, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de Gabinete, Pedro Angulo, también están implicados en el proceso judicial. Asimismo, el Congreso citó para este jueves al ministro del Interior, Vicente Romero, para interpelarlo.

Boluarte cumple hoy tres meses en el poder, luego de sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras intentar disolver el Congreso. El maestro rural de 53 años y líder gremial, cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una cárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de la capital.

Su caída, tras 17 meses, en el poder desató violentas protestas en las que los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.

El Congreso peruano vuelve a postergar el adelanto de elecciones

Paralelamente, el parlamento peruano aplazó una vez más la posibilidad de disponer un adelanto de las elecciones generales, el cual es el principal reclamo de los manifestantes y de la mayoría de la opinión pública del país andino.

La Comisión de Constitución, la cual había prometido emitir este martes un dictamen para que pudiera ser debatido y votado por el pleno del Congreso, suspendió la sesión sin haber llegado a una conclusión y sin fijar una fecha para reanudarla.

“Yo espero que en la siguiente sesión podamos seguir tratando este tema, poder tener el espacio para conversar, para llegar a acuerdos y tener este texto sustitutorio sobre el adelanto de las elecciones”, dijo a la prensa Hernando Guerra, el presidente de la comisión, según la agencia de noticias Andina.

El viernes, pleno del parlamento rechazó mayoritariamente, un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado el debate de una iniciativa para anticipar los comicios.

La legislación peruana establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional, y por lo tanto debe ser aprobada por el Congreso, con una mayoría de dos tercios durante dos períodos legislativos anuales consecutivos o con mayoría simple pero ratificada en un referendo.

Sin embargo, en los últimos meses el Congreso rechazó más de media docena de proyectos que pretendían adelantar los comicios los cuales, de no mediar reforma, están previstos para el primer semestre de 2026.

LC con información de agencia Télam