Manifestantes de todo el país marchan en Perú contra la presidenta: “No queda casi ningún actor político con legitimidad”

Miles de campesinos e indígenas llegaron este jueves a Lima, la capital de Perú, desde distintas regiones del país para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes demandan nuevas elecciones, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. En simultáneo, la presidenta de Perú mantuvo una reunión en el palacio de Gobierno con una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La huelga nacional había sido convocada por las principales centrales sindicales del país para las 16 hora local, cuatro días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Lima, Callao, Puno y Cusco.

Las protestas, que comenzaron siendo pacíficas, terminaron en enfrentamientos con la policía después de que las fuerzas de seguridad ordenaran desplegar un operativo de seguridad de más de 11.800 policías en la capital. “El despliegue se da en todos los puntos de Lima, e incluso el Callao, con la intención de garantizar que todos los ciudadanos realicen sus actividades económicas y culturales con total normalidad”, informó el jefe de la Región Policial Lima, Víctor Zanabria. Los efectivos de la policía dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes que lanzaban piedras contra los agentes. Los incidentes tuvieron lugar en las principales avenidas del centro de Lima como la avenida Abancay que conduce hasta el Congreso, según informaron medios locales.

Mientras avanzaban las movilizaciones, los bloqueos de rutas continuan en ocho regiones del país. En las primeras horas del día, los cortes interrumpían de manera total 46 rutas y 48 de manera parcial, según ha registrado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Funcionarios del Ministerio Público y miembros de la Policía controlan la entrada a Lima de manifestantes en vehículos procedentes de distintos puntos del país, sobre todo de regiones sureñas de Puno, Cuzco, Apurímac, Ayacucho y Arequipa.

En un país donde los reclamos de la zona rural, sobre todo del sur del país, parecen quedar desacoplados de la capital, llegar a Lima representa para los manifestantes un modo de hacer oír su rechazo al gobierno de Boluarte. Hasta el momento, al menos 41 manifestantes y un policía han muerto en las manifestaciones, mientras que otras ocho personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos y manifestaciones desde que estallaron las protestas el 7 de diciembre pasado.

La marcha campesina

Las organizaciones sociales decidieron llamarle a la movilización: “segunda marcha de los Cuatro Suyos”. Si bien el nombre hace referencia a los cuatro puntos cardinales del Imperio Inca, la referencia histórica es más reciente. Fue a mediados de 2000 que surgió la primera marcha de los Cuatro Suyos, la protesta más grande contra el Gobierno de Alberto Fujimori, después de su cuestionada tercera reelección. En ese momento, el líder de la oposición, Alejandro Toledo, buscó liderar una protesta masiva contra la reelección de Fujimori. Si bien las manifestaciones nacieron como expresiones pacíficas, terminaron en disturbios violentos y choques con la policía.

En este caso, a diferencia del 2000, la manifestaciones no están lideradas por un único actor. Hace 22 años, Toledo representaba la confluencia de distintos sectores de la oposición, con partidos políticos y organizaciones sociales más robustas. “Había una estructura centralizada de la organización. Ahora no existe un liderazgo concreto, lo que hace que las propuestas sobre qué hacer luego de que Boluarte caiga son muy dispersas”, dice Omar Coronel, doctor en Ciencia Política por la Universidad en Notre Dame de Indiana, Estados Unidos.

El escenario sobre lo que podría pasar después de una eventual renuncia de la presidenta es poco claro. Entre las opciones está la posibilidad de que, junto con la presidenta, se renueve la mesa directiva del Congreso, un llamado a elecciones inmediatas y la propuesta de una Asamblea Constituyente, entre otras reformas. “Eso tiene que ver con que no hay un liderazgo claro, que se explica porque no queda casi ningún actor político con legitimidad en el Perú”, explica Coronel. Es por eso que la caída de Boluarte no garantiza que el problema de la crisis política que vive el país desde hace más de cinco años quede resuelto, tal y como opinan algunos expertos.

Lima se activa

La plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, no ha sido está vez el único punto de encuentro de los manifestantes que exigen un nuevo Gobierno. Las manifestaciones han tenido lugar también en otras zonas como la plaza 2 de Mayo pasando por el adinerado barrio de Miraflores. El cambio responde a que en este paro nacional se han sumado a las organizaciones campesinos e indígenas manifestantes de la capital.

En un primer momento de las protestas, gran parte de Lima le dio la espalda a los manifestantes, pero el último mes el escenario cambió, después del casi medio centenar de manifiestes muertos. “El 12 de enero empezamos a ver a los sectores del anti-fujimorismo urbano sumarse a las protestas. Dejaron de ser solo los sindicatos y las organizaciones vinculadas a la izquierda, sino un amplio sector anti-fujimorista”, dice Coronel, especialista en movimientos sociales.

La distancia entre lo que sucede en los círculos de poder de Lima con los movimientos del interior del país no es un elemento nuevo. La idea de “la toma de Lima”, como la han apodado algunos medios locales e incluso los seguidores más radicalizados de Pedro Castillo, en una especie de reapropiación del concepto, tiene que ver con los fantasmas de los círculos de poder limeños desconectados de lo que sucede fuera de la capital.

“Desde Túpac Amaru, Lima ha tenido siempre el fantasma del 'aluvión de indios que van a tomar la ciudad', un fantasma colonial que permanece en la sociedad limeña. Las élites limeñas que controlan la política institucionalizada reproducen esta idea de homogeneizar al indígena del sur, siempre rebelde, probablemente terrorista, que va a saquear la ciudad. Esa lectura tiene que ver con un racismo enraizado en las élites del país”, dice Coronel.

AO