La Administración Trump detuvo a los padres de al menos 27.000 niños en siete meses

La haitiana L.T. llevaba tres meses en un centro de detención de inmigrantes de Dilley (Texas), a 2.400 kilómetros de su hija de 13 meses. Su bebé vomitaba de manera constante porque, entre otras intolerancias alimentarias, era alérgica a la leche de fórmula. La niña necesitaba leche materna, pero las autoridades se negaban a conceder la libertad bajo fianza a su madre, solicitante de asilo en Estados Unidos, para que le diera el pecho.

El pediatra familiar solicitó entonces que permitieran a L.T. extraerse la leche para enviarla por correo a su bebé, en Florida, pero esa solicitud también fue denegada. Desesperada, L.T. pidió que trajeran a su hija al centro de detención para estar con ella y el Gobierno volvió a denegarlo. Según L.T., porque la niña era ciudadana estadounidense y no podía permanecer en un centro de detención de inmigrantes. “Me aterra perder a mi bebé”, dice L.T.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. en enero de 2025, el Gobierno tuvo en su punto de mira a miles de madres y padres inmigrantes para su deportación. The Guardian analizó los registros oficiales y concluyó que solo en los primeros siete meses de la presidencia de Trump, el Gobierno detuvo a los progenitores de al menos 27.000 niños. Durante este periodo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) deportó cada mes el doble de padres comparado con 2024.

Los registros oficiales no detallan cuántos de esos niños fueron detenidos o deportados junto a sus progenitores, ni cuántas familias fueron separadas. Pero muestran la descarnada realidad del efecto que el plan de deportaciones a gran escala de Trump está teniendo en padres e hijos. En miles de casos, el DHS deportó a progenitores con una nacionalidad diferente a la de sus hijos, creando importantes obstáculos legales y logísticos para mantener unidas a las familias.

Crisis de separación familiar

Del análisis de The Guardian también se extrae lo siguiente que, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno detuvo a 18.400 progenitores (3.000 madres y 15.000 padres) de entre 27.000 y 32.000 niños. Al menos 12.000 de esos niños tienen la nacionalidad estadounidense. Casi 7.500 padres y 1.000 madres de los detenidos tenían una nacionalidad diferente a la de al menos uno de sus hijos. En la mitad de estas familias, había hermanos con diferentes nacionalidades. En promedio, la Administración Trump detuvo a unos 2.300 progenitores por mes y deportó a unos 1.400 progenitores por mes. El promedio de 2024 para la Administración Biden fue de unos 700 progenitores deportados cada mes.

Según defensores de los derechos humanos, las cifras reflejan el alcance gigantesco de la nueva crisis de separación familiar provocada por el Gobierno estadounidense. Su magnitud superó con creces a la política de ‘tolerancia cero’ que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando su Gobierno separaba de manera sistemática a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y EE.UU.

Los datos a los que tuvo acceso The Guardian proceden de los formularios I-213 que los agentes de inmigración deben cumplimentar cada vez que detienen a una persona por vivir sin papeles en Estados Unidos. Los agentes deben recopilar la edad, la nacionalidad y los antecedentes penales de las personas detenidas. Y lo que es más importante, el número de hijos menores de edad y su nacionalidad.

Un portavoz del DHS responde que la agencia no puede “verificar la veracidad de estos datos”, obtenidos por The Guardian en virtud de la ley de transparencias y cotejados por el periódico con registros de otras fuentes gubernamentales.

Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán

En la opinión de varios abogados y especialistas en inmigración, lo más probable es que esos datos del Gobierno infravaloren el número real de separaciones familiares: los agentes de inmigración no siempre preguntan a las personas detenidas si tienen o no hijos, y muchos inmigrantes detenidos prefieren no decir que tienen hijos para proteger a sus familias de una detención o una deportación.

Según Faisal Al-Juburi, de la ONG de asistencia jurídica Raíces, estas separaciones dejarán marcas generacionales y transnacionales. “Con este Gobierno hemos llegado ya a la fase de metástasis de la separación familiar”, dice. “Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán”.

Secuelas en los menores

L.T. tiene 30 años y huyó de Haití por la violencia política. Según cuenta, los simpatizantes de un partido político opositor incendiaron su casa, la secuestraron y la violaron. En su huida, primero fue a las Bahamas y de allí viajó en barco a Miami (Florida) en 2019. Si la obligan a regresar a Haití podría morir, dice. Según su relato, mataron a su hermana el año pasado. También le preocupa que su hija no reciba en Haití la atención médica que necesita. Aunque pudiera, no se arriesgaría a llevar allí a su bebé.

También le preocupa cada vez más que su bebé termine en una casa de acogida. La madre de L.T. cuida de la niña, pero le resulta muy difícil compaginarlo con su trabajo a tiempo completo, especialmente por las complejas necesidades médicas del bebé. Además, L.T. presentó una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, al cual acusa de amenazar con matarlas a ella y a la pequeña. “Ojalá pudiera estar ahí para mi hija”, escribe L.T. en una declaración compartida con The Guardian por sus abogados. “Es mi primera hija y no puedo estar ahí para ella”.

The Guardian analizó más de una decena de casos y entrevistó a numerosos padres e hijos separados por el proceso de detención o deportación. En todos los casos, la detención o deportación repentina de uno de los progenitores alteró radicalmente la vida del niño.

A la guatemalteca K.O., con 41 años y tres hijos, la detuvieron durante una cita rutinaria del ICE. Tenía a un bebé de 19 meses esperándola en casa. “El agente dijo que, por lo que a él respectaba, mi hijo y yo nos podíamos morir”, dice.

Herminia estuvo separada durante ocho meses de su hija de nueve años y de su hijo de 16. En ese período, la salud mental de los niños comenzó a deteriorarse. Herminia contó que la niña tenía problemas para dormir toda la noche; y que su hijo, adolescente, pensó en abandonar los estudios para ponerse a trabajar y mantener a su hermana. A Marco, de 61 años, lo detuvieron en un Home Depot de Maryland y lo deportaron a El Salvador. Su hijo Mark, de 17 años, tenía la nacionalidad estadounidense y estaba en los últimos meses del instituto. Los pasó trabajando para que él y su madre pudieran pagar el alquiler.

Las familias entrevistadas cuentan cómo se vieron obligadas a buscar fondos a toda prisa tras la detención o deportación del sostén financiero del hogar. Adolescentes y jóvenes que tuvieron que dejar los estudios para cuidar de sus hermanos menores tras la deportación de los dos progenitores. Niños que se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a sus padres, deportados a países donde enfrentaban amenazas de muerte. “Están desarraigando vidas”, dice Al-Juburi.

Récord de personas detenidas

Para satisfacer la promesa de Trump de “deportaciones a gran escala”, su Gobierno detuvo a un número récord de inmigrantes. Entre ellos, personas que llevan muchos años en Estados Unidos, donde construyeron sus vidas y formaron familias. En su mayoría, los detenidos carecen de antecedentes penales o solo tienen condenas por faltas menores, como una infracción de tráfico.

La campaña de deportaciones a gran escala tuvo un impacto nefasto en las familias. Especialmente, en las madres. Analizando los mismos registros que The Guardian, el portal de periodismo de investigación ProPublica descubrió que la Administración Trump deportaba al día cuatro veces más madres de ciudadanos estadounidenses que la Administración Biden.

El Gobierno también debilitó la protección para progenitores no estadounidenses, dando marcha atrás en el compromiso de mantener a las familias unidas. En varios casos, las autoridades de inmigración amenazan con separar a las familias con el fin aparente de coaccionar a los padres y madres para que se vayan de EEUU de forma voluntaria.

Lauren Bis, portavoz del DHS, rechazó responder a preguntas de The Guardian sobre la política oficial en separaciones familiares. La agencia niega estar separando a las familias y sostiene que “se pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos”. Bis asegura que estar detenido es “una elección” y que los padres inmigrantes pueden utilizar una app del Gobierno para “autodeportarse”.

No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo

Muchos de los progenitores que huyeron de situaciones peligrosas en sus países de origen no quieren arriesgarse a llevarse a sus hijos de vuelta con ellos. Y cuando los deportan de Estados Unidos sin sus hijos, la separación puede ser indefinida.

Este es el caso de la venezolana E.F.A., una mujer solicitante de asilo detenida de forma inesperada cuando acudía a una cita rutinaria del ICE en octubre. Antes de que la detuvieran, E.F.A. trabajaba en turnos de noche; y su marido, de día. De esa forma, siempre había uno de los dos en casa para atender a su hijo de dos años. Tras la detención, la congregación de su iglesia organizó un turno de cuidado de niños de forma que su marido pudiera seguir ganando el dinero necesario para mantener al hijo. Pero la situación es precaria: el marido de E.F.A. es también solicitante de asilo y teme que lo detengan, dejando al niño sin tutor. “No puedo evitar una tristeza y sensación de impotencia enormes por esta separación”, escribe E.F.A. en una declaración que sus abogados de la ONG Raíces compartieron con The Guardian.

Si E.F.A. fuera deportada a Venezuela, las cosas podrían complicarse aún más, dice. Debido a su activismo político, tanto ella como su marido siguen enfrentándose a la amenaza de la violencia. No quieren que su hijo viva allí, pero si abandona EE.UU. sin el niño, la reagrupación familiar podría resultar muchísimo más difícil. A los deportados les prohíben entrar en EE.UU. durante una década. Pero si ella y su marido decidieran llevarse a su hijo a Venezuela, se encontrarían con obstáculos logísticos y legales. En EE.UU. no hay consulados de Venezuela y el marido de E.F.A. no tiene ningún lugar en el que obtener un pasaporte nuevo para viajar. A pesar de que el Gobierno estadounidense sigue animando a los inmigrantes a “autodeportarse”, muchos venezolanos están teniendo dificultades en EE.UU. para conseguir los documentos de viaje necesarios.

E.F.A. explica que su salud y su cordura se están desmoronando en el centro de detención de Dilley, donde vive recluida. “No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo”, dice. Todas las noches llora hasta quedarse dormida.

Más perverso que en el primer mandato de Trump

Hace siete años, las separaciones familiares de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump desató la indignación nacional después de que los medios difundieran fotos de agentes arrancando de brazos de sus padres a niños llorosos para meterlos en jaulas. Trump le puso fin oficialmente después de unas seis semanas, pero más de 5.500 niños habían sido separados ya de sus padres. Años después, cientos de padres siguen separados de sus hijos por la negligencia del Gobierno, que perdió el rastro de muchas familias a las que había obligado a separarse.

Según Kelly Kribs, abogada de la ONG por los derechos de los inmigrantes Young Center, la crisis de separaciones que se está desarrollando en la actualidad es aún más perversa. “Está provocando el mismo tipo de traumas que vimos desarrollarse allá por 2018”, dice Kribs, que trabajó durante años reagrupando a familias separadas por la política de tolerancia cero. “Pero la rapidez y magnitud de las separaciones de ahora han llegado a un nivel nunca antes visto”.

En los últimos meses, Kribs trabajó con progenitores detenidos o deportados lejos de sus hijos en Estados Unidos. Según un informe publicado a principios de 2026, el Gobierno está deportando a un número significativo de progenitores sin preguntarles antes si tienen hijos, ni darles la oportunidad de organizar su cuidado, en una aparente violación de sus propias políticas. Una vez que las familias quedan separadas, explica, por fronteras internacionales, reagruparlas puede resultar extraordinariamente difícil.

Es el caso del hondureño Oscar, de 32 años, deportado al país del que había huido después de que lo amenazara de muerte por su activismo ecologista. Pueden pasar meses o años antes de que pueda volver a estar con Ana, su esposa, y sus hijos de siete y nueve años, en Maryland. Él y su mujer habían solicitado asilo juntos, pero a él lo detuvieron durante una cita rutinaria, lo trasladaron a un centro de detención de Texas y lo deportaron. A Ana y a los niños sí se les concedió el asilo, y el abogado pidió que a Oscar se le permita la reagrupación familiar en EE.UU. Pero el trámite de estas solicitudes tiene “retrasos dramáticos”, según la ONG International Refugee Assistance Project.

En Honduras, el plan de Oscar es vivir oculto el máximo tiempo posible, evitando salir del apartamento a la calle. “Papá va a volver pronto”, les dice a los niños cuando habla con ellos. Les pide que se porten bien por el bien de su madre, que recuerden que no los abandonó por voluntad propia, y que piensen que, tal vez, todo forma parte del plan de Dios. “Vamos a superar esto, eso lo sé”, les dice. “Creo en la voluntad de Dios y sé que podré volver con vosotros”.

Las cosas se complican todavía más cuando padres e hijos no comparten la misma nacionalidad. Kribs cuenta la experiencia reciente de un venezolano deportado a México por el Gobierno de Estados Unidos (uno de los muchos casos en los que la Administración envía a los inmigrantes a un tercer país que esté dispuesto a aceptarlos). El hijo del venezolano deportado había nacido en Colombia y se quedó en Estados Unidos. Lo primero que hizo Kribs para ayudarlos fue pedir que Estados Unidos deportara al niño a México, pero México se negaba a acogerlo. El padre tuvo que encontrar la manera de llegar a Colombia, donde finalmente pudo reunirse con su hijo tras dos meses de separación.

Uno de los muchos obstáculos que Kribs tuvo que vencer en ese caso, y en muchos otros, fue cómo ayudar a un niño pequeño a cruzar fronteras sin un acompañante. Por lo general, los familiares que asumen la tutela tras la deportación de los progenitores tampoco tienen los papeles en regla y no pueden viajar con el menor. Conseguir que un no familiar acompañe a los menores requiere documentación notarial para que no haya riesgo de que el adulto sea detenido por sospecha de tráfico de menores.

La compleja y siempre cambiante política internacional también puede influir en la dificultad o facilidad con que un niño puede obtener los documentos de viaje adecuados. Las políticas de las aerolíneas sobre viajes de niños sin un acompañante no son siempre iguales. Incluso si la aerolínea lo permite, puede ser un viaje aterrador para un niño pequeño. “¿Cómo se puede esperar que un niño de seis años pase por aduanas y por inmigración por su cuenta?”, pregunta Kribs.

Según Kribs, se cuentan por cientos las familias que enfrentan obstáculos de este tipo para la reagrupación, trabas mundanas y gigantescas a la vez. Son cientos las madres y padres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos. “Creo que en parte por eso a la gente le resulta más difícil comprender este problema: la separación de las familias es algo que está pasando todos los días alrededor nuestro por todo el país, y eso hace difícil considerarla una crisis puntual”, dice Kribs. “Se convirtió en nuestra realidad cotidiana”.

Traducción de Francisco de Zárate.