Repudian el operativo “Tormenta Negra” de Jorge Macri: “Un show represivo que nos criminaliza”

Mientras el gobierno de Jorge Macri presentaba el megaoperativo “Tormenta negra” desplegado en las últimas horas en quince villas y barrios populares porteños como una acción de seguridad, del otro lado de los allanamientos, las organizaciones territoriales cuestionaron la criminalización de trabajadores y vecinos en lugar de garantizar seguridad real.

“Un ejército de más de 1.500 fuerzas represivas, bajo falsos pretextos de operar contra infractores de tránsito, venta ambulante, control migratorio o guerra contra el narco nos persiguen, nos hostigan y nos criminalizan”, plantearon en un comunicado más de veinte redes, asambleas y espacios comunitarios de las comunas 4 y 8, agrupados bajo el nombre Interredes Villeras.

El documento, difundido mientras el operativo todavía estaba en curso, califica la acción como un “show represivo” y la enmarca en una disputa política entre el macrismo y el mileísmo: “Lo único que se está buscando con este megaoperativo es reprimir trabajadores y niños, quitándonos nuestra fuente de trabajo y militarizando nuestros territorios como estrategia para competir entre las dos fuerzas de la derecha”.

Desde la villa 31, una de las más afectadas, el Padre “Toto” De Vedia —referente histórico del trabajo pastoral en barrios populares porteños— sumó su voz: “Es más parecido a un show mediático que una acción real buscando eficacia en ordenar”, dijo en Urbana Play. Y describió una escena concreta: “Va acompañado de venir con armas largas y sacarle la comida a gente que está vendiendo. Se crea un clima de denigración a los villeros”. El sacerdote aclaró que no se opone a la seguridad en sí: “Nosotros apoyaríamos acciones concretas y reales”.

Los números del operativo —27 detenidos, 113 motos y 64 autos secuestrados, 25 comercios clausurados— también fueron puestos en perspectiva desde la política. El diputado Itai Hagman señaló una desproporción: 1.500 efectivos para 27 arrestos, de los cuales, según precisó, 13 correspondían a detenciones por causas penales. “Destruyeron casas y se robaron la mercadería de muchos laburantes”, escribió en redes sociales.

El comunicado de las Interredes cierra con una convocatoria a la organización y un pedido de intervención a organismos de derechos humanos, defensorías del pueblo, legisladores y medios: “Para detener esta arremetida, revertir esta campaña mediática estigmatizante y garantizar la no repetición de los hechos”.