Evo Morales denuncia un plan para detenerlo mientras crecen las protestas contra el presidente Rodrigo Paz
La crisis política y social en Bolivia sumó este viernes un nuevo capítulo de extrema tensión luego de que el expresidente Evo Morales denunciara que existe un operativo conjunto entre la DEA estadounidense y el Ejército boliviano para detenerlo en las próximas horas. “Entre hoy y mañana el CIE, con la DEA, que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales”, afirmó el exmandatario en declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca.
Sus declaraciones se producen apenas un día después de que el Gobierno de Rodrigo Paz anunciara el regreso de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) al país, con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos.
La tensión escaló luego de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunciara la existencia de un “plan macabro” destinado a “romper el orden constitucional” mediante protestas, bloqueos y movilizaciones sociales que desde hace más de diez días exigen la renuncia de Paz.
Según el funcionario, el supuesto plan fue “pensado, financiado y operado” desde el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales y una de las regiones productoras de hoja de coca más importantes del país.
Gálvez sostuvo que detrás de las movilizaciones existe un “financiamiento oscuro” vinculado al narcotráfico y aseguró que esas redes buscan “hacerse del poder por la fuerza”. “Bolivia enfrenta uno de sus más grandes desafíos históricos: eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales”, afirmó el vocero.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno deberá “demostrar las mentiras”. Además, cuestionó que se vincule a todos los sectores movilizados con el narcotráfico. El exmandatario también denunció que el Ejecutivo pretende declarar un estado de excepción, militarizar el país y trasladar tropas al Trópico de Cochabamba bajo el argumento de una supuesta amenaza contra la democracia.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba protegido por cientos de seguidores que buscan evitar su detención en el marco de una causa penal por trata agravada de personas. La Fiscalía boliviana lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su presidencia.
Bloqueos y protestas en todo el país
Mientras tanto, distintos sectores sociales mantienen protestas y cortes de rutas en varias regiones del país. Campesinos del altiplano paceño sostienen bloqueos desde hace diez días para exigir la salida de Rodrigo Paz, en rechazo a sus medidas económicas. La protesta cuenta con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.
El principal dirigente de la COB, Mario Argollo, aseguró el jueves que “el pedido único” de la central sindical es ahora “la renuncia del presidente por la falta de capacidad para solucionar los problemas estructurales del país”.
La COB y los sindicatos campesinos e indígenas fueron históricamente aliados políticos de los gobiernos de Morales y posteriormente de Luis Arce.
La conflictividad también se trasladó a las calles de La Paz. Miles de mineros cooperativistas marcharon este jueves desde El Alto hacia la capital para reclamar combustible, explosivos y nuevas áreas de trabajo.
La protesta derivó en violentos enfrentamientos con fuerzas antidisturbios cerca de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano. Los manifestantes intentaron derribar barricadas metálicas colocadas por la Policía y utilizaron cargas de dinamita, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. Los choques duraron más de dos horas y dejaron al menos dos detenidos.
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, aseguró que las demandas del sector son “justas y necesarias” y aclaró que su protesta es independiente de la impulsada por la COB.
En paralelo, maestros rurales realizaron otra masiva movilización frente al Ministerio de Educación para reclamar aumentos salariales y rechazar la descentralización educativa. La protesta terminó con incidentes, destrozos en el edificio público y nuevos enfrentamientos con la Policía, que volvió a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.
Muertes y advertencias del Gobierno
El Gobierno informó además que ya son tres las personas fallecidas por no haber podido recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos de carreteras. Las autoridades responsabilizaron directamente a Morales y a los sectores movilizados por esas muertes y exigieron el levantamiento inmediato de los cortes.
A pesar de la escalada, el Ejecutivo insistió este viernes en que seguirá abierto al diálogo “con los sectores que quieran construir soluciones”, aunque advirtió que quienes “conspiren contra la democracia” deberán enfrentar consecuencias judiciales.
Con información de la agencia EFE
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