Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado y propuso ser condenado a ocho meses de prisión. El escrito fechado a principios de febrero, al que tuvo acceso elDiario.es, refleja que la defensa del empresario reconoce “íntegramente” que cometió dos delitos fiscales entre 2020 y 2021, que según la Agencia Tributaria suman más de 350.000 euros, en el Impuesto de Sociedades después de ganar varios millones de euros en comisiones salidas de la venta de mascarillas durante la pandemia.
La propuesta, que pudo examinar el periódico y que adelantó la Cadena SER, explica que González Amador “asume íntegramente los hechos” y propone una condena que no implique su entrada en prisión: cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos fiscales de los que está acusado, una multa de aproximadamente 140.000 euros y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas durante nueve meses. Todo condicionado a que, en cualquier caso, se suspenda la pena de prisión y, por tanto, no entre en la cárcel.
El propio escrito detalla y reconoce que defraudó 350.951,41 euros a los que suma otros 24.685,51 euros de intereses de demora y la multa, que se corresponde con el 40% de la cuota defraudada. El documento no hace alusión al tercer delito del que está acusado por la Fiscalía: la falsedad documental en la que, según el Ministerio Público, incurrió a la hora de falsificar hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros para imputar gastos a sus empresas de forma irregular y, en la práctica, reducir su factura del Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021 mientras sus ingresos crecían exponencialmente por el dinero que cobró intermediando en la compra de mascarillas.
En total, la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ofreció a pagar más de medio millón de euros. Los casi 351.000 euros del fraude fiscal, los casi 25.000 euros de intereses y los 140.000 euros de multa. En su escrito también reconoce que el dinero que intentó pagar por adelantado en 2023 para saldar su deuda con Hacienda, cuando ya sabía que estaba siendo investigado, no le hubieran servido en ningún caso para evitar la acusación penal a la que se enfrenta: “Estamos completamente de acuerdo”, dice, con la afirmación de Hacienda de que ese pago “no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad”. Insiste, sin embargo, en que “ya en la AEAT las cuotas defraudadas a través de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 2022”.
Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, intentó que este ofrecimiento de González Amador a la Fiscalía se convirtiera, de cara a la opinión pública, en todo lo contrario: en que fue la Fiscalía la que le ofreció un acuerdo pero que fue frenado “desde arriba”. Así lo difundió en la red social X y así lo reflejaron diversos medios de comunicación. Fue entonces cuando la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado detallando el desarrollo de los hechos para desmentirlo, comunicado que ha sido denunciado tanto por el propio González Amador como por el Colegio de Abogados de Madrid como un posible delito de revelación de secretos.
El documento ya obra en poder de todos los integrantes de la Junta de Fiscales que en los próximos días tendrá que resolver una de las derivadas del caso: la intención de una fiscal de poner en marcha diligencias y examinar las comunicaciones del fiscal general del Estado para investigar la filtración. Todo en contra del criterio exhibido por la misma Fiscalía en otro proceso sobre la misma filtración, criterio defendido por la teniente fiscal.
Sin rastro de la trama andaluza
La confesión de Alberto González, un documento de ocho páginas, aunque acepta la cuota defraudada en su totalidad, se refiere constantemente a las dos facturas de mayor importe: una de Gayani LTD por importe de 922.585,63 euros por la fallida venta de vacunas en Costa de Marfil y otra de MKE Manufacturing por valor de 620.000 euros, que corresponde a un negocio que nunca se produjo de expansión de las actividades de González en México.
Se trata de dos facturas que la pareja de Ayuso intentó presentar como gastos pese a que no se produjeron esos trabajos: cuando Hacienda detectó el engaño, Alberto González trató de retirarlas admitiendo que no había tenido esos gastos.
Pero hay otro grupo de facturas sobre los que Alberto González Amador no hace ninguna referencia en el escrito: 206.000 euros procedentes de un entramado de seis empresas andaluzas a los que giró más de una decena de facturas. No hay constancia de que esas empresas, dedicadas a labores como venta de caballos, transporte, comercio de alimentos o actividades agrícolas, hicieran trabajos para la consultora sanitaria de Alberto González. La mayoría de esas sociedades no tenía ni empleados.
Esas facturas sustentan la otra acusación que le hace la Fiscalía: falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades. Ese delito no aparece mencionado en ninguna parte de los ocho folios de la confesión y no hay alusión a las empresas andaluzas. Alberto González no ha sido hasta ahora capaz de justificar esos supuestos trabajos.
Un fraude de 350.000 euros con facturas falsas
Tal y como destapó en exclusiva elDiario.es el pasado mes de marzo, la Fiscalía llevó a los tribunales a Alberto González Amador, sus empresas y varias personas más por, supuestamente, urdir un entramado de facturas falsas para pagar de menos en el Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021. Los años de la pandemia en los que la hoy pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo fortuna intermediando en la compraventa de mascarillas, tapabocas que las administraciones públicas buscaban con desesperación en el mercado persa internacional del material sanitario.
Los ingresos de González Amador, presentado ante la opinión pública por el entorno de Ayuso como un “técnico sanitario” cuando se supo que mantenía una relación, se dispararon con estas comisiones: dos millones de euros. A partir de ahí, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía, la estrategia de González Amador fue buscar la manera de optimizar sus ganancias y pagar lo menos posible por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona. La solución fue presentar facturas falsas para hacer creer a Hacienda que su sociedad había incurrido en gastos millonarios y reducir la factura de ese tributo cuando, en realidad, esos gastos no habían existido.
Fueron 15 facturas por un valor de 1,7 millones de euros que, según la imputación que pesa sobre él, no se correspondían con ningún trabajo real. Según ha reconocido él mismo a través de su abogado, el resultado fue 155.000 euros pagados de menos en 2020 y 195.951,41 euros más en 2021, superando en ambos cursos el límite del delito fiscal.
La Agencia Tributaria empezó a sospechar cuando sus ingresos se multiplicaron pero sin que su factura del Impuesto de Sociedades lo hiciera de forma proporcional. Trasladó sus acusaciones a la Fiscalía, que terminó por denunciarle ante los tribunales y ha sido el juzgado de instrucción 19 de Madrid el que ha decidido imputar a González Amador y sus colaboradores, llamándole a declarar el próximo 20 de mayo.
Desde que elDiario.es destapara las irregularidades fiscales de González Amador, sus negocios y las incógnitas que rodean el piso en el que vive con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, la estrategia del gobierno regional ha pasado por atribuir todo a una persecución de Hacienda y de la Fiscalía mientras, en paralelo, el empresario reconocía los delitos y proponía un pacto a la Fiscalía mucho antes de lo que suele hacerse en estos casos, sin que ni siquiera hubiera sido denunciado. Además de la difusión de engaños y mentiras por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid, sobre redactores de este periódico y amenazas a una de sus periodistas.
Un posible pacto como el que busca la pareja de Isabel Díaz Ayuso, habitual en los delitos de fraude fiscal, evitaría su entrada en prisión si cumple con todos los términos económicos del acuerdo, pero no evitaría ni la fase de instrucción ni la apertura de juicio oral. El propio fiscal del caso, en las comunicaciones previas a la apertura de la investigación judicial, comunicó al abogado de González Amador que la negativa de otros imputados a pactar no obstaculizaría un posible acuerdo con él para evitar la prisión a cambio de reconocer, en palabras de su letrado, que “ciertamente” cometió dos delitos fiscales.