Crecen las protestas por la pérdida salarial mientras el Congreso debate la reforma laboral

El país atraviesa una escalada persistente de conflictos sociales y laborales como respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan. En un contexto de ajuste, congelamiento salarial y desregulación, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales comienzan hoy una nueva etapa de movilizaciones, con epicentro en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto oficial de reforma laboral.

La protesta arranca a las 17 horas con una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso y continuará con una radio abierta en la vía pública. Participan sindicatos de base, movimientos piqueteros, agrupaciones de jubilados y representantes de medios de comunicación que presentarán un petitorio para preservar el Estatuto del Periodista Profesional, amenazado por la reforma.

El plan de lucha fue votado durante el fin de semana en distintos plenarios obreros y piqueteros. La articulación incluye a trabajadores despedidos de Lustramax, la Mesa Coordinadora del Norte del Conurbano, la UTEP y sindicatos como UOM, Bancarios y ambas CTA. Las organizaciones impulsan un paro nacional activo el día que se trate la reforma en la Cámara alta.

Caída del salario y conflicto abierto

La protesta se da en paralelo a un deterioro salarial extendido. Entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados subieron 25,6%, frente a una inflación del 27,9%, según datos del Indec. La caída real supera los 2 puntos porcentuales en promedio y golpea con más fuerza al empleo público nacional, donde el alza fue apenas del 19%.

En sectores como el transporte, la pérdida es mucho mayor. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída real del 61,87% en dos años, con salarios congelados y sin reapertura paritaria. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está devaluado y no alcanza para lo básico”, denunció Esteban Simonetta, delegado gremial.

Frente a este panorama, cada vez más trabajadores abandonan actividades formales para buscar ingresos en la informalidad o en plataformas digitales, según advierten desde los sindicatos.

Una reforma en debate y resistencias

El Congreso sesiona en período extraordinario hasta el 27 de febrero, y la reforma laboral es uno de los proyectos centrales. El texto enviado por el Ejecutivo plantea cambios en la jornada de trabajo, la modalidad de contratación, las indemnizaciones y el régimen de sanciones.

Uno de los puntos más cuestionados es la figura del “banco de horas”, que permitiría a las empresas modificar unilateralmente los tiempos de trabajo sin pagar horas extra. “Ese esquema lo decide el patrón, no el trabajador. Es inconstitucional y elimina toda previsibilidad”, advirtió Jorge Sola, cosecretario de la CGT.

En la misma línea, el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra, sostuvo que se trata de una “modernización al servicio de los empresarios” y llamó a salir a la calle: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya demostraron que pueden votar en contra de los trabajadores”.

Golpe a provincias y estatuto del periodista

Otro eje de conflicto es la modificación del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto. Los gobernadores peronistas y aliados se reúnen hoy en CABA para evaluar su impacto, ya que la rebaja implicaría una caída en la coparticipación nacional y, por ende, en los recursos provinciales.

En simultáneo, se presentará en el Congreso un petitorio firmado por periodistas de diversas orientaciones políticas que rechazan la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Denuncian que la iniciativa oficial implica una derogación encubierta del régimen laboral específico del sector.

Los plenarios preparatorios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con participación de delegados, activistas y referentes políticos como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo. La exigencia común fue clara: parar el país el día que se trate la ley y rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

El conflicto de Lustramax, donde la empresa despidió sin telegrama a 24 trabajadores –incluidos dos delegados gremiales– y desconoció la conciliación obligatoria, se convirtió en caso testigo de la ofensiva antiobrera. “No vamos a esperar pasivamente. Este conflicto busca sentar un precedente contra la organización sindical”, advirtió Leandro Gómez, delegado de la planta de Tortuguitas.

JJD