En 1985, Enrique Pinti estrenó Salsa Criolla, uno de los espectáculos más vistos de la escena teatral porteña con casi 3 millones de espectadores. Allí, el genial humorista desmigajaba la escencia del ser argentino y en uno de sus pasajes se referia a la cantidad de muertos que cada verano se producían a causa de siniestros viales en la Ruta 2. “¡La ruta trágica, la ruta trágica!”, se enojaba Pinti en su monólogo. “Los argentinos hacemos inventos con el lenguaje, ma que trágica, una merda, la ruta es angosta, es nada mas que angosta”, razonaba.
Pinti tenía razón. La conversión de la ruta en autovía con doble mano –cuando dejó de ser angosta– bajó de manera drástica las muertes y demostró que la única tragedia fue no haber invertido antes en su ampliación.
Pero lo ocurrido en la Ruta 2 lejos estuvo de haberse convertido en una lección. El descontrol siguió en otros ámbitos. Se encendieron bengalas en lugares cerrados hasta que ardió Cromañon, se contaminaron medicamentos hasta que el fentanilo adulterado se cobró más de 170 muertes.
El lunes pasado, el 12 de enero, los canales de televisión, los informativos de radio y los portales de noticias repitieron en cadena el accidente que dejó la vida de Bastián, de 8 años, pendiendo de un hilo. El niño iba junto a su padre y otros chicos en un UTV, un todoterreno más potente que los cuatriciclos tradicionales. El vehículo chocó de frente contra una 4X4 en La Frontera, esa zona del norte de Pinamar a la que los autos comunes y silvestres no acceden y mucho menos quien van de a pie. A La Frontera, donde hace años impera la ley del más fuerte, solo llegan quienes ostentan un motor poderoso se puede acceder con ese tipo de transporte y
Se estima que en temporada alta unas 15 mil personas por día pasan por allí a medir el tamaño de sus motores. La periodista de Clarin, Candela Toledo, quien viene dando cuenta del descontrol en que se convirtió esa zona, la describió como “un escenario de riesgo permanente, a la vista de cualquier que pase por allí”. Los videos que los mismos protagonistas suben a las redes no hace más que ratificarla.
La Frontera es el lugar donde se refugiaron quienes antes hacían sus picadas de cuatriciclos en medio de la playa de Pinamar. Sólo que ahora aumentaron la potencia de sus motores y lograron escapar al control estatal. Allí no hay control y no es una apreciación. El predio, unas 900 hectáreas de tierras sin urbanizar, pertenece a un puñado de empresas privadas. El Municipio sostiene que no tiene juridiscción para intervenir precisamente, porque se trata de una propiedad privada y así, los accidentes en La Frontera se volvieron parte de la rutina del verano de Pinamar. En lo que va del año ya hubo seis, el último este viernes, el mismo día que Bastián era sometido a una cuarta operación.
Desde diciembre de 2023, Pinamar está en manos de Juan Ibarguren, de Juntos por el Cambio, quien ganó la intendencia por la difencia de un solo voto con la candidata de Unión por la Patria.
En la nota de Clarín, el secretario de Gobierno, Francisco Montes, explicó: “Hay momentos donde es de autodeterminación y de responsabilidad individual. Me parece que hasta es correcto que el Estado no llegue”. Es decir que hay una zona que pertenece a un grupo de empresas privadas que, por voluntad, error u omisión, posibilitan que cada día asistan allí miles de personas para hacer picadas, mostrar su destreza –o falta de ella– para conducir entre dunas, y llevar niños sin ningún tipo de protección. Pero al encargado de cuidar que esto no suceda, le parece que es correcto que el Estado no haga nada.
Ayer, el Municipio daba a conocer un decreto (el 0104/2026) firmado por el intendente y el propio secretario de Gobierno en el que se establecen multas de hasta $15 millones para la circulación indebida de cuatriciclos, motocicletas, UTV, camionetas y otros vehículos motorizados en zonas no habilitadas, incluidas propiedades privadas. En 48 horas Montes pasó de un Estado que no debía hacer ante la propiedad privadad –aunque niños vuelen por el aire ante sus ojos– a un Estado que sí tiene facultades para intervenir tal como establece que la ley de tránsito del año '94 y el propio decreto ahora recuerda su existencia.
MG