Opinión
El mito del estado quebrado: reformar el modelo social francés sin desmantelarlo
Durante años, una narrativa dominante ha penetrado las tertulias políticas y las columnas económicas de Francia: la idea de que el Estado del bienestar es un Leviatán insostenible que arrastra al país a la quiebra. Se insiste desde tribunas tecnocráticas en que la única salida es el desmantelamiento progresivo de las conquistas sociales: recortar presupuestos sanitarios, reducir transferencias a los municipios, congelar prestaciones y elevar la edad de jubilación.
Es indudable que el modelo social francés no es inmune al paso del tiempo. Frente a los cambios demográficos, los retos del mercado laboral y la transición ecológica, el sistema requiere transformaciones reales y ajustes estructurales. Negar la necesidad de modernizar la gestión pública sería irresponsable. Sin embargo, la brecha presupuestaria actual no demuestra la invalidez del modelo social, sino un colapso de la recaudación y una distorsión en las prioridades de gasto.
La crisis de ingresos: el impacto fiscal en las arcas públicas
El desfase en las cuentas públicas de Francia no obedece a una explosión repentina del gasto social o a la generosidad hacia jubilados y enfermos. El gasto social en relación con el PIB potencial se ha mantenido en niveles históricamente estables. De hecho, en la última década se redujo del 32,1% al 30,8%. Lo que verdaderamente ha caído de forma acusada son los ingresos estructurales del Estado.
Desde 2017, una serie de reformas fiscales orientadas a favorecer el capital —como el flat-rate tax (PFU, Prélèvement Forfaitaire Unique), la supresión del impuesto sobre la riqueza (ISF) y la rebaja del impuesto a las sociedades del 33% al 25%— han supuesto una pérdida estimada de entre 50.000 y 60.000 millones de euros anuales para el Tesoro. A esto se añade la expansión de las ayudas públicas a las empresas (aides aux entreprises), que se han duplicado en la última década pasando de unos 80.000 millones a más de 160.000 millones de euros al año.
Instrumentos como el Crédito Fiscal por Investigación (CIR), con un coste superior a los 7.000 millones de euros anuales, han funcionado en muchos casos como desgravaciones corporativas sin condicionalidad sólida ni impacto contrastado en la inversión privada. Sin este vaciamiento de los ingresos fiscales, el déficit público francés se mantendría por debajo del umbral comunitario del 3%. La brecha presupuestaria no es una inevitable tragedia económica, sino una consecuencia de opciones políticas deliberadas.
Elegir qué priorizar: cañones o cohesión social
El debate sobre la viabilidad del gasto público se vuelve paradójico cuando se examina la distribución de las partidas estatales. La Ley de Programación Militar 2024–2030 destina 413.000 millones de euros a la defensa en siete años, elevando el presupuesto militar anual a 68.280 millones de euros. Desde 2017 su parte del PBI pasó de 1,78% al actual 2,21%, superando el nivel estipulado por la Unión Europea.
La inversión armamentística muestra magnitudes reveladoras al compararse con el coste promedio anual de una pensión neta (aproximadamente 19.800 euros):
- Vehículos blindados Griffon (~2 millones de € c/u): Con un plan para desplegar más de 1.800 unidades en el marco del programa SCORPION, el coste total de esta flota equivale a pagar más de 180.000 pensiones anuales o asegurar la jubilación de 7.200 personas durante un cuarto de siglo.
- Cazas Rafale (~75 millones de € c/u): Con una flota proyectada de unos 225 a 255 aviones para las fuerzas aéreas y navales, el desembolso total de la flota representa el equivalente a financiar cerca de 900.000 pensiones anuales.
- Fragatas de Defensa y Intervención - FDI (~420 millones de € c/u): El encargo de 5 unidades de esta nueva clase supeditada a la Marina equivale a destinar recursos suficientes para cubrir más de 106.000 pensiones anuales.
- Submarinos nucleares de ataque Suffren - clase Barracuda (~2.100 millones de € c/u): El programa de 6 unidades representa un volumen de gasto comparable a costear 636.000 pensiones de un año o la jubilación vitalicia completa de más de 25.000 ciudadanos.
- Submarinos nucleares lanzamisiles de 3ª generación - SNLE 3G (~5.500 a 10.000 millones de € c/u): Con un programa previsto de 4 unidades estratégicas para asegurar la disuasión nuclear hasta la década de 2080, el volumen agregado del programa equivale al pago anual de más de 1,5 a 2 millones de pensionistas.
Esta acumulación masiva de compromisos industriales y de equipamiento pone de manifiesto la magnitud real de la Ley de Programación Militar. Francia deberá evaluar seriamente hasta dónde está dispuesta a sacrificar su bienestar social futuro a fin de financiar el elevado costo militar que requiere mantener su estatus de potencia regional y global. El dilema no es si el país carece de capacidad económica, sino cuál es la balanza tolerable entre la proyección geopolítica y la preservación de los derechos sociales de su población.
Renovar el modelo, no destruirlo
Presentar la austeridad como único camino es asumir un dogma con escasa efectividad macroeconómica. La contracción del gasto esencial en momentos de bajo crecimiento frena el consumo interno y la actividad productiva, lo que reduce la recaudación y puede deteriorar aún más la relación entre deuda y PIB. El modelo social francés necesita reformas, pero estas deben orientarse hacia la eficiencia administrativa, la modernización de los servicios públicos y la adaptación a las nuevas necesidades demográficas e industriales, no hacia la desprotección de la ciudadanía. El verdadero desafío no es la quiebra financiera, sino articular un proyecto político capaz de actualizar el Estado del bienestar para el siglo XXI sin renunciar a la equidad que lo define.