Noticia boliviana típica

En Noticia peruana típica, crónica del limeño Jaime Bedoya, aparece un aluvión de protagonistas pasivos -y decisivos personajes secundarios- con circunstancias irrepetibles de días y horas repetidas, delitos consuetudinarios, ingestas cotidianas de alcohol, corrupciones permisivas o punitivas de funcionarios, legislaciones antiguas derogadas pero vigentes que conviven sin conflicto con normativas novedosas más puntillosas en sus exigencias y más ricas en multas, la ausencia abrumadora del Estado de Bienestar y la presencia masiva pero diminuta del Estado en empleados o inspectores, el motor del comercio y el transporte que tarda. Todo eso lleva a una “trágica muerte que encontraron aproximadamente tres docenas de ciudadanos en un choque múltiple de dantescas proporciones. Once vehículos de uso público y particular, incluyendo tres buses interprovinciales, un tráiler y un burro, colisionaron indiscriminadamente entre sí.”

Los vehículos habían encontrado a una multitud en aparente estado de ebriedad, librando “una batalla campal por un malentendido en torno a si un terreno municipal debiera ser cedido a un parque de diversiones o a un burdel”. Los niños “no se libraron de varios politraumatismos, pero peor hubiera sido su suerte de haber llegado a su destino final, el cuartel militar de la localidad donde se realizaría una chocolatada veraniega hecha por error a base de raticida”. Es imposible desbrozar las causas de las consecuencias: cuál fue el primer descontrol, cuál la primera desidia de la administración pública, cuál el nivel o estrato del poder, desde Vialidad Nacional, Comercio Interior, las Fuerzas Armadas, a quién atribuir el primer eslabón de la serie de catástrofes. Si es que son serie y no más bien suma de concomitancias.

Las indignaciones por el vacunatorio VIP argentino se dejan resumir, como señaló el cronista porteño Oberdán Rocamora, en asombros escandinavos ante la incólume persistencia plurisecular del acomodo, constatada en que la inyección del “elixir ruso” les había llegado antes y sin burocracias a personas con quienes los administradores de las dosis tenían un compromiso previo. Que el hecho fuera reprochable, y que luciera tanto más así al hacerse a la vez sin registro y sin publicidad, no lo priva de racionalidad en su desarrollo general y en la sumatoria de casos específicos. A las personas favorecidas, y a su entorno, se les administró una primera dosis de Sputnik V.

En Perú, en cambio, todo se pareció demasiado a la ‘peruana típica’. Quienes fueron vacunados mintieron sobre las circunstancias de su vacunación, fueron descubiertos, presentaron nuevas excusas... Eran ex funcionarios y nuevos funcionarios. Una ministra de Salud que anunciaba ante los medios su virtuosa determinación -que se ofrecía como modelo de vacunarse última- ya estaba vacunada al hacer gala de su sobria abstinencia y capacidad de autosacrificio. Lejos de existir algo así como un vacunatorio VIP unificado, el Vacunagate se desperdigó en plexos de corrupción en los centros donde habían llegado lotes de vacunas. Algunos favorecidos, ya que podían hacerlo, se aplicaron no dos dosis, como era la indicación farmacológica, sino tres, para reforzar la inmunidad personal según la propia concepción de un gasto a la vez conspicuo y provechoso. También vacunaron a sus niños, o regalaron vacunas a los dueños de restaurantes chifa favoritos. No se puede anticipar cómo influirán estas noticias, que ya empiezan a perder toda su frescura, en las atomizadas elecciones presidenciales peruanas del 11 de abril. En todo caso, a la reacción del público peruano faltó cualquier grado de asombro, incredulidad y/o ultraje -lo que no significa ni aceptación de una normalidad que debe lidiar con estos componentes ni movilización antipolítica-.

Esta promiscuidad de funcionarios y niveles nacionales, provinciales, municipales, corporativos, municipales que se atoran y desembocan en los mismos hechos -agregados o distribuidos- es un rasgo de la progresiva pérdida del goce de un poder nacional unificado que había sido el logro y baluarte de la Fujicracia, que llegó a su fin dos décadas atrás, mientras a Alberto Fujimori se le inician nuevos juicios por nuevas infamias -el lunes el fiscal presentó en los tribunales virtuales los cargos por las campañas masivas de esterilizaciones forzadas de indígenas-.

En Bolivia, el ejercicio de un respetable poder central por el gobierno del MAS en 2005 parece incontrovertido, y no lo dilapidó -más bien, lo usó en su provecho- el gobierno golpista que nació en noviembre de 2019 y murió un año más tarde. Las elecciones bolivianas, lejos de ofrecer el espectáculo de dispersión y fragmentación, muestran enfrentamientos nítidos de dos bloques, que pueden llegar, en el peor de los casos, al temido pero conocido ‘empate catastrófico’. Lejos de haber demandas independientes que se suman a otras sólo categorialmente -el presidente Ollanta Humala llegó a tener más de 500 conflictos mineros abiertos en el Perú, cada uno de los cuales esperaba una resolución propia-, los movimientos sociales en Bolivia y las instituciones del Estado son los canales de esas demandas.

Lo ocurrido en la Universidad Popular de El Alto (UPEA) el martes, cuando siete estudiantes cayeron desde más de 16 metros de altura al ceder la baranda de seguridad de un quinto piso (donde decenas de estudiantes se concentraban en el lugar debido a un conflicto por el control del centro de estudiantes), es una noticia boliviana típica. El jueves, al final de una audiencia de al menos ocho horas, la Justicia decidió enviar a la cárcel con detención preventiva a otros siete dirigentes universitarios, cinco varones y dos mujeres, que habían convocado a la asamblea. Convocatoria masiva a asamblea en universidad nueva en la ciudad nueva de El Alto, capital aymara del mundo y sede los jueves y domingos del mayor mercado a cielo abierto del planeta, asistencia masiva, infraestructura universitaria nueva, bien mantenida, pero incapaz de sostener a esas masas, accidente, muertes, identificación de culpables individuales y cárcel. En la noticia boliviana típica, hay indignación colectiva por las muertes y actuación veloz de la policía y los fiscales para atrapar a los “responsables”: en este caso, a los estudiantes que convocaron a la Asamblea.

Nada se dice sobre el rol de las autoridades superiores, sobre la situación edilicia de la universidad. Los estudiantes deberían haber pensado mejor antes que confiar por exceso en la seguridad de la Universidad donde estudian. Afán punitivo satisfecho.

En Bolivia, la detención preventiva parece casi obligatoria de tan automática. En la UPEA puede detectarse un clientelismo docente-estudiantil muy vigoroso. En la Universidad boliviana un objetivo de la Reforma Universitaria de 1918 -que, nacida en Argentina, se encendió en toda América- se ha cumplido y se mantiene sin deterioro o erosión: el cogobierno del estudiantado y del claustro profesoral. Es una administración bipartita, sin un tercer claustro de graduados. Esto explica la masividad de la asamblea estudiantil y la obligatoriedad, no expresa pero inescapable, de la asistencia. Pero también la alianza, en la convocatoria, de autoridades universitarias y docentes. Porque de la elección de las autoridades estudiantiles no nace la representación de un claustro en perpetua minoría frente a otros dos que sumados pueden decidir el curso de la Facultad en cuestión, sino que del apoyo de esas mismas autoridades estudiantiles depende el futuro del cuerpo de profesores. Sin embargo, en la asignación de responsabilidades, la investigación de los nexos se agota en los más inmediatos, que no necesariamente fueron los determinantes.

La separación de los claustros limita el castigo, y es otra forma de organización, esta capacidad de replegarse. Tan formidable aquí, como la de unirse para decidir el cogobierno universitario de esta universidad masista -a diferencia de la paceña Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que tiene peso y corporativismo propios- o para movilizarse en las calles según las reglas de los movimientos sociales. Estos le dieron la victoria a Evo Morales en 2005 -antes que el primer presidente indígena de Bolivia, fue un sindicalista cocalero de una habilidad e inteligencia sin par-, y estos le dieron la presidencia actual a Luis Arce Catacora, que sin embargo no es líder de ninguno de ellos, ni tampoco fue militante o técnico en su interior. Es un hombre de partido, un economista de mérito que del socialismo histórico boliviano pasó a integrar el gobierno del MAS, pero sin pasar por las filas de este partido. Los movimientos sociales, hay que decirlo, tampoco son ante todo sociales en Bolivia. Son corporaciones que definen su perfil y deben la prolongación en el tiempo de su existencia según los vínculos que establecen o buscan establecer con el Estado. Que los intereses corporativos de unos se solapen con otros intereses de otras corporaciones, que entren en relaciones antagónicas entre sí, está lejos de ser una 'desprolijidad' que no debería tolerar el Estado: es un prerequisito de la concordia ex discordia que ha sido el triunfo del estilo de gobernar que fundó Morales, y en el que a su vez funda su legitimidad.

El MAS en el gobierno tiene que ser un árbitro permanente de conflictos que él sólo sabe reencauzar. Quienes deploraron el golpe de noviembre de 2019, solían acompañar el repudio a un gobierno nacido por la fuerza de una idealización del período anterior que, siendo rotundamente aprobatoria, introducía un coeficiente de deformación que no hacía justicia a esos años que habían llegado abruptamente a su fin. La utopía retrospectiva consideraba a la década y media del MAS en el Palacio Quemado y la Casa del Pueblo como un período de pacífica estabilidad creciente, cuando, muy por el contrario, Bolivia había vivido cotidianamente en un equilibrio perpetuamente inestable y la litigiosidad cotidiana -nacional, regional, sectorial - fueron la regla y no la excepción. La inconexión y desarticulación de movimientos, grupos, reclamos y corporaciones entre sí, acentuaba la conexión y articulación de cada una de ellas con el Estado. 

El desafío de Luis Arce es el de evitar desequilibrios que hagan que fuerzas liberadas del juego de contrapesos crezcan hasta ganar una masa crítica como nunca antes. Desafío tanto más difícil, cuando el MAS ha dejado de ser el cuerpo monolítico que sus enemigos denunciaban, o envidiaban. Y tanto más difícil, como no podría ser de otro modo, cuando Morales no es presidente.