Kicillof fustigó a Milei, tildó al fallo de Preska de “disparate jurídico” y dijo que “YPF no se vende, no se entrega y no se regala”

Axel Kicillof reapareció en escena con una extensa conferencia de prensa en la que, además de repasar las razones técnicas y políticas que llevaron a la expropiación de YPF en 2012, cargó contra el Presidente Javier Milei por lo que calificó como una “omisión deliberada” de la defensa jurídica del Estado en un juicio millonario. “Esta sentencia es un disparate jurídico”, sostuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en referencia al reciente fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la petrolera como forma de pago a los fondos litigantes.

“Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, argumentó Kicillof. El fallo en cuestión no discute la potestad del Congreso argentino de expropiar una empresa, sino que condena al país por no haber realizado una oferta pública de compra al resto de los accionistas cuando se reestatizó la compañía. Así lo estipulaba una cláusula en el estatuto de YPF.

“Las acciones de YPF no se pueden entregar sin una ley del Congreso aprobada por dos tercios”, enfatizó. Y agregó: “No estuvo mal hecho el proceso de recuperación de YPF. La Argentina tiene razón y está defendiendo su soberanía”.

Kicillof fue más allá en sus críticas: “Milei está alineado con los fondos buitre, no con el interés nacional. Pone en riesgo la soberanía energética y el futuro de la Argentina”. Denunció que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que no se puede ir sobre acciones estatales, por ser bienes inmunes. “Esto es una agresión a la soberanía argentina. YPF no se vende, no se entrega y no se regala”, sentenció.

Preska ya había condenado a la Argentina en 2023 a pagar US$16.000 millones, pero el Gobierno de Alberto Fernández apeló. Cuando asumió Milei, en enero de 2024, debía presentar garantías para que esa apelación siguiera su curso. No lo hizo. “Fue esa desidia del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta la situación actual”, denunció Kicillof.

Los fondos beneficiarios son Burford Capital, del Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos. Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, con la promesa de pagar con futuras ganancias. Esa “argentinización” de YPF se frustró tras la expropiación de 2012, cuando el reparto de dividendos se interrumpió y el grupo de los Eskenazi no siguió pagando.

En su intervención, Kicillof defendió su protagonismo en aquella expropiación, que se realizó mediante una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo sectores de la oposición como la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales.

“Recuperar YPF fue una decisión basada en el interés público y en la Constitución Nacional. Repsol había convertido a la principal petrolera del país en una empresa que producía la mitad que antes, con reservas reducidas en un 50% y sin invertir un solo dólar en Vaca Muerta”, afirmó el gobernador.

Según Kicillof, la gestión privada de Repsol fue “una catástrofe energética y macroeconómica”. Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones en 2007 a un déficit de US$3.000 millones en 2011, lo que obligó a importar energía a precios internacionales. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, sentenció.

El gobernador destacó también los logros posteriores a la expropiación: la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y en 2024 el país recuperó un superávit energético de US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.

Kicillof apuntó además contra el abogado Santiago Castro Videla, actual titular de la Procuración del Tesoro, por conflictos de interés. Recordó que uno de los socios de su estudio había asesorado a Burford en esta misma causa. “¿Quién está defendiendo a la Argentina?”, se preguntó.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof advirtió sobre el retorno del discurso privatizador que hoy impulsa el oficialismo libertario. Lo dijo con énfasis: “Privatizar YPF fue una desgracia para la Argentina, y eso es lo que algunos sectores vuelven a proponer como receta mágica para todos los problemas”. Y enseguida, apeló a la memoria histórica: “Hay que recordar cómo terminó esa historia: con la pérdida del autoabastecimiento, el colapso de las reservas y una empresa saqueada”.

Luego apuntó directo al corazón del modelo de negocios que impuso Repsol durante su control de la petrolera: “Repsol vació YPF, pero sacó ganancias extraordinarias. Entre 1997 y 2010 distribuyó dividendos por US$14.000 millones, más de lo que pagó para quedarse con la compañía. El negocio fue brillante para ellos, desastroso para el país”.

Kicillof recordó sus diálogos con el entonces presidente de Repsol, Antoni Brufau, cuando él era viceministro de Economía: “Cuando se le planteó la urgencia de invertir, la respuesta fue: 'esto es una empresa privada, hagan otra cosa'. Ahí comprendimos que la única salida era recuperar el control de la compañía para ponerla al servicio del desarrollo nacional”.

Con gesto didáctico, explicó que la ley de expropiación aprobada en 2012 “no hablaba de las acciones individuales sino del control accionario”. Y remarcó que “por eso se expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Esa fue la base legal de toda la operación y fue respaldada por el Congreso con una mayoría amplísima”.

También hubo lugar para volver sobre el abandono de Vaca Muerta durante la gestión privada. “Repsol no invirtió un solo dólar en Vaca Muerta”, recordó. Y graficó: “Solo quería vender pedazos del yacimiento en presentaciones internacionales. Sin la recuperación de YPF, ese recurso estratégico seguiría dormido”.

Finalmente, el gobernador citó al ex procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, quien también calificó el fallo como “jurídicamente insostenible” y sugirió un per saltum a la Corte Suprema. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó Kicillof.

Una ley del Congreso

Al responder preguntas de periodistas, consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Milei apele la sentencia, Kicillof aclaró que aún si quisiera entregar las acciones de YPF, no podría hacerlo sin una ley del Congreso. “Las acciones de YPF solo pueden disponerse con una ley aprobada por dos tercios del Congreso Nacional”, explicó. Y agregó que el 49% del paquete accionario está legalmente asignado a las provincias argentinas, por lo cual “ni siquiera se trata de un patrimonio exclusivo del Estado nacional”.

Frente a una pregunta sobre el impacto del fallo en la vida cotidiana de los argentinos, el gobernador fue tajante: “La intención del Gobierno es privatizar YPF, pero ni siquiera bajo las formas legales, sino entregarla por la ventana, a través de una sentencia que no corresponde”. Advirtió que la entrega del control de la empresa estatal por esta vía es aún más grave que las privatizaciones de los años noventa y que representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”.

En otro pasaje, Kicillof advirtió sobre la posibilidad de una apelación “cosmética” por parte del Ejecutivo: “Si el Presidente dice que va a apelar pero en público le da la razón al fondo buitre, ¿a quién está defendiendo?”. Denunció una contradicción en el discurso oficial y cuestionó la idoneidad del Procurador del Tesoro: “Este juicio es el más importante que enfrenta la Argentina, y el abogado del Estado fue alguien vinculado a los demandantes. Es un escándalo”.

El cierre fue enfático. “YPF no se vende. Y menos aún se regala”, dijo Kicillof. Y responsabilizó directamente a Milei: “Está poniendo en riesgo la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, una compañía que permitió recuperar el superávit energético y activar Vaca Muerta”. También anunció que desde su fuerza política impulsarán investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y los fondos buitre.

JJD