El orden que tapa el río

El espacio público parece obsesionar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La propaganda oficial invoca la ley y el orden. Las imágenes muestran policías fuertemente equipados que ingresan en barrios populares, desalojan inmuebles y persiguen vendedores ambulantes. La fuerza del Estado se exhibe ante quienes menos pueden defenderse.

No se trata solo de hacer cumplir normas, sino de construir un relato. El orden necesita un enemigo: trapitos, trabajadores informales, familias sin vivienda. Incluso el lenguaje se vuelve un arma. Llamar okupas, con K, a quienes ocupan un inmueble, transforma un conflicto habitacional en una provocación ideológica. La estigmatización termina formando parte de la política urbana.

Una escena reciente resume esa lógica. Cerca del Congreso, varios policías intentaron quitarle la mercadería a un vendedor con discapacidad que ofrecía frutillas. El diputado Horacio Pietragalla -acompañado por su par Paula Penacca-, intervino durante el procedimiento. ¿Qué amenaza representa alguien que vende frutas para subsistir? ¿Por qué una contravención debe convertirse en un espectáculo de humillación?

El espacio público necesita reglas. Pero importa cómo se aplican, sobre quiénes recaen y qué intereses protegen. Gobernar una ciudad no consiste en demostrar cuánta fuerza puede desplegarse contra sus habitantes más vulnerables. La contradicción aparece cuando el propio poder pretende ocupar el espacio público.

Algo paradojal ocurre a la vera del Riachuelo. La Ciudad integra, junto con la Nación y la provincia de Buenos Aires, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR. Una decisión estratégica del saneamiento fue liberar los 35 metros del camino de sirga en las márgenes del río. No era simplemente abrir un paso. Era recuperar suelo, paisaje y acceso público después de décadas de fábricas, basurales y ocupaciones que habían separado a los barrios del agua.

Esa política permitió relocalizaciones y nuevos espacios verdes. Un ejemplo fue la feria La Saladita, en Lomas de Zamora. A través de acuerdos entre organismos públicos y feriantes, la actividad fue trasladada y se mudaron más de 1400 puestos de feriantes, a la ribera, sin convertir el operativo en una demostración de violencia. Ese fue un hito en la gestión de ACUMAR. Ordenar el espacio público y proteger el trabajo no eran objetivos incompatibles.

Por eso sorprende lo que hoy se proyecta en La Boca. En Vuelta de Rocha, entre Caminito y el puente transbordador, se plantea una ocupación comercial de la costa. El Gobierno porteño desplazó a la histórica feria de artesanos de su ubicación original y la llevó hacia la ribera, a pesar de los reclamos de sus trabajadores. Cabe destacar que dicha feria nunca fue una amenaza para el Riachuelo. La Administración General de Puertos, a su vez, impulsa una iniciativa absolutamente ilegal para también instalar puestos en el paseo ribereño. Vecinos y organizaciones barriales advierten que el proyecto podría ocupar unos 200 metros lineales de la ribera y levantar una barrera entre el barrio y el Riachuelo.

El problema no son los feriantes ni su derecho al trabajo. Merecen lugares dignos, adecuados y acordados con ellos, tal vez su lugar ocupado durante 25 años, antes de este súbito interés. El problema es que el poder promueva obstáculos donde el Estado trabajó años para eliminarlos. Tras décadas de recuperación ambiental, cuando el río volvió a ser navegable y su paisaje puede disfrutarse, se intenta convertir el horizonte en una sucesión de puestos de venta. Como si el río solo tuviera valor siempre y cuando tenga un negocio a su lado.

El presente de ACUMAR agrava esta contradicción. La institución afronta denuncias por recortes presupuestarios, despidos y debilitamiento del saneamiento. Resulta indispensable preguntar qué posición tiene frente al uso comercial propuesto para la ribera, y si lo avala, tal como están empezando a creer los vecinos y vecinas de La Boca. ¿Qué autorizaciones existen? ¿Se realizaron evaluaciones ambientales? ¿Hubo participación vecinal? ¿Qué información recibieron los organismos responsables del control? Todo debería aclararse antes de cualquier intervención.

Esta concepción comercial del espacio público no termina en el Riachuelo. Se expresa en las concesiones gastronómicas que avanzan sobre parques y plazas, y en los debates sobre los rellenos de Costanera Norte, cerca de la desembocadura del arroyo Medrano. Allí también existen propuestas de recuperación ambiental y acceso público que deberían discutirse antes de decidir nuevas transformaciones sobre el Río de la Plata.

¿Para quién se gobierna el espacio público? Hay una diferencia esencial entre administrar un bien común y disponer de él como una oportunidad permanente de explotación económica. Una plaza no necesita un café para ser valiosa. Una costa no necesita una feria para justificar su existencia. Y un río no debería convertirse en vidriera comercial para merecer la atención del Estado.

Lo público vale también por aquello que permanece libre: caminar, encontrar sombra, mirar el río, permanecer sin consumir. Buenos Aires vivió históricamente de espaldas a sus ríos. Recuperar esa relación exige una política sostenida, no una sucesión de emprendimientos. En La Boca, el Riachuelo es paisaje, memoria e identidad.

Mientras se despliega una política de fuerza contra quienes ocupan precariamente una vereda para sobrevivir, se proyectan ocupaciones más duraderas desde las estructuras del poder. A unos se los persigue con la ley en la mano; para otros se preparan permisos, convenios y negocios. La legalidad parece adquirir significados distintos según quién pretenda utilizar el espacio.

No se trata de negar las regulaciones, sino de exigir coherencia. El mismo Estado que invoca respeto por lo público debería ser el primero en respetar su carácter colectivo. Una ciudad no demuestra su grandeza cuando desaloja a un vendedor de frutillas. La demuestra cuando garantiza oportunidades dignas para trabajar y preserva para todos aquello que pertenece a todos.

Debemos invertir la pregunta oficial: no solo quién ocupa una vereda, sino quién decide sobre las costas y las plazas, y quién se beneficia. Después de tantos años de esfuerzos por recuperar el Riachuelo, sería inadmisible levantar nuevas barreras entre el barrio y el río.

El verdadero orden urbano no consiste en despejarles el camino a los negocios y cerrárselo a los ciudadanos. Consiste en impedir que nadie, ni siquiera el propio gobierno, se apropie de aquello que nos pertenece a todos.

AM / NB