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TRIBUNA ABIERTA

¿Es posible estar preso por twittear? En Jujuy todo es posible

Nahuel Morandini, preso por tuitear

Marcos Aldazabal / Eli Gómez Alcorta

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Estamos en 2024. La mayoría de las personas tenemos Twitter o conocemos a alguien que tenga Twitter. Es usual que tanto nosotros como nuestros amigos o amigas usemos Twitter para comentar cuestiones políticas, a veces en serio y a veces en broma. Llegamos a casa y, después de un día de trabajo, nos tiramos en el sillón y vemos algún meme o algún comentario pintoresco, o quizás lo hacemos nosotros. Por esta conducta, tan extendida como banal, Nahuel Morandini está preso hace 40 días, al igual que Roque Villegas.

No puede ser, pensará quien nos lea, aquí debe haber algo más, nadie está preso por tuitear. Nahuel Morandini, docente universitario y padre de dos hijas pequeñas, sí. Todo lo que hizo fue publicar este mensaje el 26 de diciembre de 2023: Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

Diez días después de compartir ese mensaje, Tulia Snopek, la pareja del ex gobernador jujeño Gerardo Morales, presentó una denuncia contra Morandini. Al otro día, Morandini fue detenido y se le imputaron los delitos de lesiones leves contra Snopek y de supresión de la identidad respecto de la hija de dos años de Morales y Snopek.

A esta altura, usted se preguntará cómo un tuit puede lesionar a alguien y de dónde sale la supresión de la identidad a una persona que el tuit no nombra. Según el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, el tuit de Morandini derivó en una serie de publicaciones en distintas redes sociales que hacen alusión a un romance entre Snopek y el cantante del grupo los Tekis y que ponen en duda la paternidad de Morales sobre su hija. En cuanto a las lesiones, el mensaje de Morandini y los mensajes publicados por otras personas en otras redes sociales habrían provocado daños psicológicos en Snopek. Lo cierto es que Morandini no tiene vínculo alguno con quienes publicaron mensajes que sí refieren a la hija de Morales y Snopek, que su mensaje ni siquiera menciona a Morales y Snopek, y que, evidentemente, está escrito en un tono satírico.

En nuestro país, que sigue la jurisprudencia norteamericana, la libertad de expresión siempre fue considerada un baluarte democrático y fue ampliamente protegida. Esta protección es aún mayor cuando la expresión cuestionada se refiere a personajes públicos. Ya la difusión de noticias contra estas personas está protegida si se usa el potencial, cosa que aquí sucede (“Todo parece que es…"). Sin embargo, esto ni siquiera es una noticia, es un comentario humorístico, y ese tipo de comentarios tiene todavía mayor protección.

En un fallo reciente, la Corte Suprema recordó que al evaluar un mensaje siempre debe considerarse el medio en el que es emitido y el grado de agresividad discursiva del medio en cuestión. Lógicamente, no todo está permitido en Twitter (no puedo, por ejemplo, amenazar a alguien), pero es evidente que es una red social propensa a bromas subidas de tono y hasta a insultos. Para algunos, puede no ser moralmente agradable, pero es la dinámica en la que todos sus usuarios están inmersos. Otro punto relevante es que las lesiones al honor suelen ser tramitadas como reclamos dinerarios en juicios civiles, pero no hay antecedentes conocidos que las traten como lesiones y, menos, como supresión de la identidad en causas penales.

Pero la vulneración a la libertad de expresión no quedó en la imputación penal, sino que se extendió, debido a la orden del juez relativa a que los imputados, sus familias o incluso sus amigos se abstengan de “efectuar expresiones públicas por cualquier medio” que siquiera mencionen al exgobernador o a su familia. Además, ordenó borrar la cuenta de Morandini y sus publicaciones desde el 26 de diciembre hasta la fecha. En algunas de esas publicaciones, Morandini denunciaba la persecución que sufre. Esto, de acuerdo con normas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, es censura previa, y va contra la base misma de la libertad de expresión: poder cuestionar a quienes nos gobiernan.

Estamos, entonces, ante un caso tan excepcional como oscuro en nuestra historia democrática. Sin justificación legal alguna, la causa solo se explica como un ejercicio totalitario contra quienes molestan al poder. Una muestra es la prisión preventiva, que solo procede para evitar obstrucciones al proceso. En este caso, el fiscal la justificó como medio para que no se cometan nuevos delitos (es decir, que no se siga tuiteando). El mismo fiscal dejó entrever que podía llegar a existir una “pena máxima”: su razonamiento parece ser que cada tuit, aunque no los haya escrito Morandini, debe considerarse un delito independiente, por lo que si hubiera muchos tuits sus penas se sumarían y alcanzarían una condena muy elevada. Un ejemplo aún más concreto de la voluntad de mostrar qué le puede pasar a quien se meta con él es que en la causa se presentaron como parte, además del fiscal principal, una fiscalía especializada en violencia de género y una defensoría de niños, niñas y adolescentes. Hay, en total, seis dependencias que trabajan en la acusación contra Morandini.

El caso, claro, tramita con métodos y concepciones casi medievales. Las lesiones de Snopek surgen de un informe psicológico en el que la defensa de Morandini no pudo participar, a pesar de que la ley dice expresamente que, para ser válida, una pericia debe dar la posibilidad de intervenir a todas las partes. Además, a Morandini le impusieron asistencia psicológica obligatoria en la cárcel por violencia de género (todo por ese tuit). Pero, mientras el fiscal manda a otros a formarse en género, en las audiencias ha dicho que el daño a las víctimas era irreparable y se refirió a la virginidad existencial como el daño o la perdida a la que hacía referencia.

Tras más de un mes de detención arbitraria, los organismos de derechos humanos más importantes del país y la región (CELS, ANDHES, Amnistía Internacional) han informado del caso de Morandini a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Otros actores de la sociedad civil, entre los que hay organizaciones como CONADU o Pensamiento Penal, y personas individuales de diferentes campos, han expresado su preocupación. Hasta ahora, el Poder Judicial de Jujuy es impermeable a todo esto. Morandini sigue preso, en la cárcel no lo dejan ver la luz del sol, la pobre alimentación que recibe le ha provocado cólicos renales y su familia no puede ni mencionar a Morales sin ser también imputada. Esta es, hoy, la democracia en Jujuy.

Los autores son abogados de Nahuel Morandini.

MA/EGA/CRM

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