Reforma laboral y crisis sindical: en las puertas de una derrota histórica

Desde la Alameda siempre defendimos de manera incondicional el modelo sindical por rama, los convenios colectivos, la ultraactividad y el derecho irrestricto de huelga y de acción directa, entendiendo estas herramientas como pilares fundamentales para defender y ampliar derechos y para mejorar, mediante la lucha, las condiciones de vida y de trabajo del movimiento obrero. Nos lo enseñó Juan Domingo Perón aquel 17 de octubre de 1945: “Trabajadores: únanse y sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa Patria, la unidad de todos los argentinos”

Sin embargo, desde hace años venimos alertando sobre el crecimiento sostenido de la informalidad laboral, un proceso que se inició en la década del 90 y alcanzó su punto máximo durante la crisis de 2001, cuando llegó al 45 %. Durante la llamada “década ganada”, a pesar de contar con un gobierno popular, mayorías parlamentarias y un período de expansión económica, no se logró incluir de manera masiva a los trabajadores que habían quedado excluidos del sistema laboral formal y, por lo tanto, despojados de derechos. Si bien se implementaron políticas de inspección y registración que redujeron la informalidad del 45 % al 34 %, este proceso se estancó en 2012.

Entre 2012 y 2021, la informalidad volvió a crecer lentamente, del 34 % al 36 %. Durante la pandemia, un dato estremecedor sorprendió tanto a funcionarios como a sindicalistas: al censar mediante el IFE a quienes estaban en condiciones de trabajar pero fuera del sistema, se constató la existencia de 9 millones de trabajadores informales. Frente a esta realidad, ni los funcionarios ni la dirigencia de la CGT impulsaron reformas legales que permitieran la inclusión efectiva de estos sectores, aun contando con mayorías parlamentarias. Tampoco se avanzó seriamente en la integración de quienes percibían planes sociales al circuito productivo, más allá de anuncios reiterados que se diluían en fotos y titulares vacíos.

Bajo el gobierno de Milei, la informalidad volvió a trepar hasta niveles cercanos a los de 2001. Según datos oficiales del INDEC, el 43,3 % de la población económicamente activa se encuentra fuera del sistema laboral formal y carece de derechos, lo que equivale a 5,6 millones de personas que trabajan sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

Durante gobiernos neoliberales como los de De la Rúa y Macri se intentaron imponer reformas laborales que, bajo el pretexto de la alta informalidad, buscaban naturalizar la precarización y “igualar para abajo”, arrasando con convenios y conquistas históricas del movimiento obrero. Esos intentos pudieron frenarse mediante la lucha y la movilización, pero nunca se resolvió el problema estructural de la informalidad masiva, ni siquiera durante los 16 años de gobiernos populares (Duhalde, Néstor, Cristina y Alberto), cuando existieron condiciones políticas y parlamentarias favorables para sancionar leyes que, sin afectar derechos adquiridos, permitieran incorporar a millones de trabajadores que sobrevivían de changas y empleos precarios.

Desde el menemismo hasta la actualidad se realizaron 32 paros generales, casi todos en defensa de los trabajadores formales. Sin embargo, no hubo medidas sostenidas orientadas específicamente a exigir, mediante propuestas concretas, la inclusión masiva de los millones de trabajadores informales al sistema productivo. Esos trabajadores fueron invocados en los discursos, pero rara vez representados en la acción. Durante tres décadas, vieron a la CGT defender con firmeza a quienes estaban “dentro” del sistema, pero hacer poco y nada por quienes permanecían totalmente “afuera”.

No se puede reprochar a esos millones de trabajadores, obligados a aprender a sobrevivir en condiciones extremas, que no valoren herramientas como la negociación colectiva, la ultraactividad o el derecho de huelga, cuando ninguna de ellas mejoraba su realidad cotidiana. En los gobiernos populares aumentaban el consumo y los ingresos, pero no los derechos, postergando una solución de fondo. Cada nueva crisis volvía a poner en evidencia una estructura laboral partida: trabajadores de primera y trabajadores de segunda.

Sobre esa fractura social avanzaron las patronales con el gobierno de Milei para imponer la media sanción de la reforma laboral. También lo hicieron sobre trabajadores formales golpeados por paritarias a la baja, pérdida del poder adquisitivo, despidos y cierres de empresas, frente a los cuales la respuesta sindical resultó, en general, tardía, débil e ineficaz.

La conducción actual de la CGT, lejos de realizar una autocrítica profunda por no haber representado al conjunto del pueblo trabajador, priorizó una estrategia de negociación superestructural. Apostó al respaldo de gobernadores asfixiados financieramente y pactó con el gobierno no convocar a una huelga general a cambio de preservar el financiamiento de las obras sociales, la cuota solidaria obligatoria y la ultraactividad, resignando en ese trueque derechos centrales como las indemnizaciones, la estabilidad laboral, las vacaciones y otras conquistas fundamentales.

El resultado fue desalentador: se preservaron los aportes a las obras sociales, se logró apenas una prórroga limitada de la cuota solidaria y la ultraactividad quedó gravemente debilitada al habilitarse convenios por empresa que priman sobre los convenios colectivos. Se formalizó así una ultraactividad vaciada, donde en la práctica cada empresa puede ir fragmentando derechos uno por uno.

La movilización del 11 de marzo dejó al descubierto una conducción sin verdadera voluntad de lucha. La protesta terminó siendo una puesta en escena, un “como si” se estuviera luchando. Repudiamos la infiltración y la represión policial planificada, pero si hubiera existido una decisión real de confrontar, una vez controlados los incidentes la CGT debería haber retomado la concentración para presionar al Senado. Ni siquiera eso ocurrió.

La tragedia de millones de trabajadores informales, que la CGT no supo o no quiso representar, hoy es utilizada por las patronales para naturalizar la precarización y extender la explotación hacia quienes aún conservaban derechos. Así, se consolida un modelo de degradación laboral generalizada.

Que la defensa de las obras sociales, de la cuota solidaria y de la ultraactividad quede asociada no a la potencia de la lucha colectiva sino a la mezquina preservación de privilegios sectoriales de una porción de trabajadores es responsabilidad de una conducción que no está a la altura del momento histórico. Esta actitud le ha entregado a los grandes medios y a las patronales la excusa perfecta para fomentar el desprestigio sindical, alejando a los trabajadores y profundizando su desconfianza. Esa es una derrota aún más grave que la pérdida de conquistas puntuales, porque lo más difícil de reconstruir no son los derechos, sino la fe en la lucha colectiva.

A pesar de los errores y omisiones, la CGT todavía está a tiempo de recuperar parte de esa confianza perdida. Para ello, debe impulsar un verdadero plan de lucha federal, de Ushuaia a La Quiaca, que exprese el poder real del movimiento obrero organizado y convoque a un paro general capaz de afectar los circuitos estratégicos de importación y exportación. Solo así se podrá demostrar que la clase trabajadora no está dispuesta a regalar derechos conquistados con décadas de sacrificio y que puede proponer, al mismo tiempo, políticas concretas para regularizar a millones de trabajadores informales bajo condiciones dignas.

Si, en cambio, persiste en marchas inconducentes, cargadas de gestos vacíos, selfies, actos breves, discursos sin convicción y comunicados efímeros en redes sociales, la derrota será profunda y de consecuencias devastadoras para todo el movimiento obrero. Porque lo más grave no es perder derechos, sino ni siquiera haber intentado defenderlos.

El autor es Presidente de la Alameda