El mito de Casandra: Vaca Muerta, litio y la otra cara del récord exportador
Según la mitología griega, Casandra recibió de Apolo el don de anticipar el futuro y la condena de que nadie le creyera. Advirtió sobre el caballo mientras Troya celebraba. Algo parecido ocurre con los récords que llegan cada mes desde Vaca Muerta y la Puna. Las cifras son ciertas y hay motivos para festejarlas. Lo que casi nadie pregunta es qué país se está construyendo mientras crecen.
Entre enero y julio la Argentina exportó 58.365 millones de dólares, casi un 23% más que un año antes. El petróleo crudo pasó a ser el principal producto de exportación del año, por encima de la harina de soja, con una producción que en julio tocó el máximo histórico de 916.200 barriles diarios. La minería facturó 4.742 millones en el primer semestre, un 75% más que en 2025, y el carbonato de litio casi triplicó sus ventas externas. Para un país que durante décadas importó gas cada invierno, el cambio es enorme.
Suele hablarse del petróleo y del litio como historias separadas, una energética y otra minera. Conviene mirarlas juntas, porque responden a la misma lógica. La Argentina vive con una escasez crónica de dólares y esa escasez define qué se hace con sus recursos. Es lo que puede llamarse una soberanía de la escasez. El Estado sigue decidiendo, pero su prioridad deja de ser transformar la estructura productiva y pasa a ser conseguir divisas para pagar deudas y sostener el tipo de cambio. Cada barril y cada tonelada de litio valen antes que nada por los dólares que traen, y las condiciones para que lleguen las fijan, en buena medida, quienes invierten.
El resultado se ve primero en la propiedad. En el litio, ninguno de los proyectos en producción o construcción avanzada está controlado por capital argentino. A mediados de 2025, Rio Tinto concentraba casi la mitad de la capacidad instalada y un grupo de empresas chinas, otra quinta parte. El único capital público, la empresa jujeña JEMSE, reunía apenas el 2,6%, sin participar en la gestión. Las sociedades están inscriptas en la Argentina, pero las decisiones se toman afuera, y el litio alimenta una transición energética que se diseña en otros países.
Con la renta ocurre algo parecido. Los salares de la Puna producen a costos muy inferiores al promedio mundial, lo que en años de precios altos deja ganancias extraordinarias. Sin embargo, la regalía provincial, el principal tributo específico, se calcula sobre el valor en boca de mina y termina rondando un 1,6% efectivo. Entre 2010 y 2020 el Estado argentino se quedó con el 28% de la renta del litio, contra el 36% que capturó Chile. Se estima, además, que los precios declarados en las exportaciones argentinas se ubicaron en promedio un 58% por debajo de los internacionales, y en 2023 una empresa del sector fue sancionada por subfacturar más de 400 operaciones. Una parte de la ganancia se realiza en otras jurisdicciones.
En Vaca Muerta el cuadro es distinto, porque el principal operador es YPF, con mayoría estatal. Pero una petrolera pública que necesita socios y financiamiento externo también termina negociando bajo las reglas de la escasez, y el patrón tiene una larga historia. En 2013, un decreto pensado para el acuerdo con Chevron habilitó a exportar parte de la producción sin retenciones y con libre disponibilidad de divisas. En 2017, el Estado garantizó a las productoras de gas no convencional 7,50 dólares por millón de BTU cuando la referencia estadounidense estaba por debajo de 3, y una sola empresa se quedó con más de la mitad de esos incentivos. Hoy el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones generaliza esa lógica con estabilidad fiscal por treinta años y acceso creciente a las divisas que generan los proyectos. El riesgo queda del lado público y buena parte de la renta, del lado privado. Los números del Banco Central lo reflejan. En el primer trimestre de 2026, las actividades extractivas explicaron el 45% de la renta de la inversión extranjera en el país, y las utilidades y dividendos distribuidos marcaron un récord que superó a la inversión que ingresó.
Hay además una trampa de largo plazo, la de los activos varados. Pozos, ductos, plantas y salares son miles de millones de dólares enterrados en el territorio que no pueden trasladarse ni apagarse sin pérdidas enormes. Cuando los precios caen, amenazan con quedar inmovilizados y la presión para sostenerlos se descarga sobre otros. Ya pasó. Tras el derrumbe del crudo de 2014, la reactivación de Vaca Muerta llegó con una adenda al convenio colectivo que abarató costos laborales. En 2020, con el precio en el piso, el Estado fijó un barril criollo de 45 dólares para sostener la producción y las regalías, que representan entre un cuarto y dos quintos de los ingresos de las provincias petroleras. El litio perdió el 86% de su valor entre fines de 2022 y mediados de 2025, y la transición energética agrega una amenaza de fondo sobre el petróleo. Cuanto más capital se hunde, menos margen queda para cambiar de rumbo y más probable es que el ajuste lo paguen los trabajadores y las provincias.
Casandra no le pedía a Troya que se rindiera, sino que mirara el caballo antes de abrirle las puertas. El debate útil tampoco es extraer o no extraer. La historia reciente muestra que el Estado argentino, aun bajo la escasez, decidió de maneras muy distintas. Estatizó YPF, garantizó precios a las petroleras privadas y sostuvo el barril cuando el mercado se hundía. La escasez achica el margen, pero no lo elimina. Lo que se define dentro de ese margen es quién se queda con la renta y quién paga cuando el ciclo se da vuelta. Esa es la discusión que ningún récord puede reemplazar.
*Es autor es doctor en Ciencias Sociales y maestrando en Energía (UBA), investigador del IEALC-UBA. Estudia la economía política de los hidrocarburos y el litio en América Latina.