Senado: habrá cambios en la reforma del Banco Central y el Gobierno no tiene los votos asegurados para Zonas Frías

El Senado convocó para este jueves al mediodía una sesión para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la readecuación del régimen de subsidios de Zonas Frías, después de que La Libertad Avanza —que preside Patricia Bullrich— y los bloques de la UCR, el PRO y espacios provinciales cerraran ayer el temario en una reunión de Labor Parlamentaria. La sesión arranca a las 12, aunque se estima que el debate por el Banco Central recién comenzará alrededor de las 14, una vez que el bloque justicialista plantee las cuestiones de privilegio que anticipó.

Banco Central

El proyecto de reforma del BCRA llega al recinto tras ser aprobado por Diputados. El dictamen de comisión (Orden del Día 367/26) reproduce, en el punto más sensible, el texto que sancionó la Cámara baja: establece que la remoción de un director del Banco Central deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con aprobación previa de ambas Cámaras del Congreso, por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Sin embargo, para poder sesionar, LLA y los bloques aliados acordaron modificar esa fórmula en el recinto: el Senado retendría la exclusividad para designar y remover directores —sin intervención de Diputados— pero ya no exigiría los dos tercios, sino una mayoría agravada de 37 votos.

Ese cambio no es un matiz menor. Si el Senado aprueba hoy una redacción distinta de la que le giró la Cámara de Diputados, el proyecto debe volver a Diputados para que esa cámara decida si acepta la modificación introducida por los senadores o insiste con su versión original. Recién después de ese nuevo paso por la Cámara baja la reforma del Banco Central podría quedar sancionada.

El resto del dictamen circunscribe la misión del BCRA a preservar el valor de la moneda, le prohíbe conceder adelantos transitorios al Gobierno y comprar títulos públicos en el mercado primario, elimina la participación del ministro de Economía en las reuniones de directorio y le quita al organismo la facultad de orientar el destino del crédito mediante encajes diferenciales. También declara inembargables los activos que integran las reservas y limita las utilidades que el Central puede transferirle al Tesoro a las que sean “realizadas y líquidas”, previa recomposición del capital cuando corresponda.

Subsidios al gas

El otro proyecto en danza, la readecuación de Zonas Frías, llega con un consenso mucho más débil. El texto reformula el subsidio de la ley 25.565: reemplaza el descuento actual sobre la tarifa plena por una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano, y deja en manos del Poder Ejecutivo definir el alcance del beneficio. Mantiene el subsidio para los usuarios de Patagonia, Malargüe y la Puna, para los hogares del ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y quienes acrediten el Certificado Único de Discapacidad, pero les quita el beneficio a más de un millón de personas de 90 ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis que lo habían incorporado en 2021, a cambio de un compromiso del Gobierno de subsidiar las tarifas eléctricas de las provincias del norte durante el verano.

Ese esquema le permitiría al Estado un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones. Pero una parte relevante de esa cifra se diluye por el propio compromiso asumido a cambio: el Gobierno acordó subir los subsidios eléctricos de verano para las zonas cálidas y muy cálidas del norte (de 300 a 550 kWh en las muy cálidas, y de 150 a 300 kWh en las cálidas, entre noviembre y abril), un refuerzo que en esa misma negociación se había estimado entre US$71 y 90 millones anuales.

Ese esquema divide a los bloques de manera transversal y su aprobación no está garantizada. Los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, junto con la mayoría del bloque del PJ, rechazan el proyecto de plano, mientras que legisladores de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones —y algunos senadores peronistas— podrían acompañarlo. La propia comisión que dictaminó el proyecto quedó dividida: además del dictamen de mayoría, existe un dictamen de minoría que propone una bonificación adicional del 70% para la llamada zona polar (Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y la exención del IVA para esos usuarios, lo que confirma que el oficialismo no logró cerrar filas ni siquiera dentro de la comisión.