Desde 2010, cada 30 de agosto la ONU convoca al mundo a recordar a las víctimas de desapariciones forzadas. Lejos de un ritual encapsulado en una fecha del calendario, se trata de mantener, todos los días del año, el desprecio hacia una de las prácticas más atroces del poder estatal. Y también de garantizar su impedimento.
Cierto que en nuestro país, esta memoria resuena con una densidad. La valentía de un periodista le hizo confesar al tirano: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”. Y la reacción frente a experiencia sufrida en la última dictadura cívico-militar hace medio siglo nosconvirtió en referencia universal y hasta hoy constituye marca indeleble. Ahora, ¿Cuál es su sentido de futuro?
La respuesta no puede reducirse a la evocación del pasado. Y menos aún en un presente marcado por la relativización —cuando no la reivindicación— de los crímenes de Estado, al tiempo que persisten hipótesis de desaparición forzada, como lo evidenció, hace apenas un año, el caso doloroso de Loan Peña.
Cuando este niño correntino de apenas cinco años no fue habido, la primera línea de pesquisa apuntó precisamente a la tipología de desaparición, tras la ubicación en escena de integrantes de fuerzas. La burocracia judicial —oscilando entre instancias provinciales y federales— expuso un tratamiento burdo y descoordinado, con ausencia de temprana reacción institucional y hasta la participación de autoridades extranjeras, reflejo de desconfianza en las capacidades locales. Los reconocidos Protocolos de Minnesota y de Estambul, como tantas herramientas esenciales para investigaciones de esta gravedad, quedaron archivados en los escritorios, sin traducción práctica. En el colmo del disparate y el desprecio por las víctimas, se proclamó la radiografía de animales.
Hoy, Loan no es solo un nombre. Es la advertencia de que la desaparición forzada puede reaparecer bajo nuevas formas, con víctimas especialmente vulnerables, como lasinfancias, cada vez más empobrecidas. La indiferencia que siguió a la propaganda inicial —en parte porque se trataba de un niño provinciano, lejano del centro— revela cómo opera la crueldad de la reacción estatal y también social. Allí donde todavía se cree que la vida vale menos, la desaparición encuentra campo fértil.
Por eso un 30 de agosto no puede ser leído como un mero ejercicio de almanaque. La fecha nos advierte sobre el riesgo de seguir hipotecando el futuro, cada vez que el Estado no protege a sus excluidos, cada vez que el sistema penal fracasa en dar respuestas, cada vez que la sociedad se acostumbra al silencio. Hace tiempo que la deuda dejó de ser externa, medida en cifras y compromisos financieros. Antes, esa deuda es interna y ética, y se orienta a resguardar la dignidad de quienes más cuidado necesitan.
Recordar a los desaparecidos siempre implica impedir que nuevas generaciones crezcan bajo el signo del miedo y la desprotección. Y, sobre todo, que la desaparición siga siendo una posibilidad en nuestra democracia.
*La autora es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Observatorio Memoria y Justicia.