De los jubilados a la Marcha de la Gorra: volvieron a protestar contra Milei frente al Congreso
Jubilados, trabajadores del hospital Garrahan y personas con discapacidad volvieron a unirse este miércoles para reclamar contra el ajuste de Javier Milei. Fueron la cabeza de una marcha de organizaciones sociales en otro miércoles frente al Congreso, al tiempo que asumeron sus bancas los nuevos diputados. La protesta también se replicó en distintos puntos del país, como Mendoza, Chubut, Bahía Blanca y Salta.
La idea de la unidad de la protesta fue, según los referentes de cada una de las organizaciones, hacer “más fuertes” los reclamos debido a la coyuntura socioeconómica que atraviesa el país. La UTEP, a su vez, confluyó su tradicional “Marcha de la Gorra” con los jubilados.
Desde temprano las inmediaciones del Congreso estuvieron totalmente valladas porque justo este miércoles la Cámara de Diputados le tomó juramento a los nuevos legisladores. Hubo cortes sobre la avenida Entre Ríos, pero también a una cuadra a la redonda del Palacio Legislativo.
Ana Valverde de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) indicó que su objetivo es “seguir luchando en las calles por sus derechos” y en rechazo al Gobierno “ultraderechista” de Milei que los “ha vetado” y que “pretende seguir” haciéndolo como lo hizo con la medicación “con el descuento del 100%”.
“Nuestra jubilación mínima ya es de indigencia y, a pesar de las marchas, en lo que va del período presidencial, nunca hemos tenido diálogo. Pero si represión para callarnos en nuestros reclamos”, señaló.
Por su parte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que este año decidieron hacer “La Marcha de la Gorra” bajo el lema “ningún pibe es descartable” junto a los jubilados: “Unidos contra la crueldad para ”acompañarlos en su lucha“.
“Esta movilización se hace una vez por año con los jóvenes, a nivel federal, y esta vez, por el contexto, quisimos acompañar el reclamo de los jubilados. También vamos a hacer una jornada de lucha para los próximos días con el objetivo de poner en el centro del reclamo los problemas alimentarios, el congelamiento del salario social y complementario ($78.000) y, por supuesto, repudiar el intento del Gobierno de avanzar en una reforma laboral regresiva y con quita de derechos”, indicó.
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