La AFA les respondió al Gobierno y a la IGJ y dijo que las acusaciones públicas “carecen de prueba documental”

En medio del escándalo que envuelve desde hace meses a la Asociación del Fútbol Argentino y a sus principales dirigentes, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el organismo que rige el deporte más popular del país emitió en las últimas horas un comunicado en su página web para desmentir acusaciones y los dichos del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, que hace un mes acusó a la AFA de no tener balances aprobados “hace 8 años” y de estar “funcionando con reformas estatutarias que tampoco están aprobadas y nadie dice nada”.

De acuerdo a Vítolo, la FIFA “actúa como si fuese un país y las federaciones que la integran como embajadas, y que esta situación de impunidad se ha vivido ”al margen de la ley durante años“. 

Tras la embestida del Gobierno de Javier Milei contra el “Chiqui” Tapia, con diversas denuncias desde el fuero penal, desde el ARCA que investiga posibles delitos económicos y la propia IGJ, con foco en los manejos de la AFA con contratos millonarios, y con el tesorero Pablo Toviggino en la mira por su relación con sus posibles testaferros, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, más la relación del ente del fútbol con el empresario Javier Faroni, la Asociación hizo su descargo con un comunicado extenso.

Mientras la Justicia actúa en varios frentes y a días de que la Cámara Federal en lo Penal Económico determinara la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal, la AFA salió al cruce de las acusaciones “ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo”. En su comunicado, el máximo organismo del fútbol argentino reveló que este lunes “se procedió a contestar la intimación de la IGJ, como también a responder las vistas contables con relación a los ejercicios contables por los años 2017 a 2023”. 

En su descargo, consideran “objetivamente falso afirmar que la AFA 'se escapó', que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”. Y describe los hechos:

Para la AFA, “estos actos —todos documentados— demuestran de manera inequívoca que la IGJ conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo”.

Asimismo, aclara que la AFA “nunca desconoció la existencia de trámites pendientes ante la IGJ, circunstancia que fue expresamente informada a sus socios en la Asamblea del 28 de octubre de 2025 (previo al raid mediático del Dr. Vitolo), en la cual se trataron los puntos necesarios para culminar dichas actuaciones. Asimismo, corresponde destacar que durante todo el año 2025 la AFA fue contestando, de manera progresiva, las vistas formuladas por dicho Organismo en el trámite de reforma de estatuto cuya inscripción se encontraba pendiente”.

Y agrega: “Por lo tanto, es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal. Lo que existió fue —y es— el ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos. Del mismo modo, carece de todo sustento la afirmación del Inspector General de Justicia en cuanto a que el cambio de jurisdicción de AFA a la Provincia de Buenos Aires respondía a la falta de aprobación de una reforma estatutaria por parte de la IGJ. Muy por el contrario, aun después de haber resuelto dicho cambio y durante todo el año 2025, la AFA continuó adecuando dicha reforma a los sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ, con el exclusivo objeto de obtener su aprobación”.

Más adelante, en el extenso comunicado, la AFA describe de qué manera presentó “en tiempo y forma” la información y balances requeridos por la IGJ desde 2017 a la fecha, con lujo de detalles, dispara: “El incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas. Ello torna particularmente grave que el Inspector haya manifestado públicamente que la AFA habría expresado un supuesto 'no te voy a mostrar nada', afirmación absolutamente falsa, que no consta en ningún expediente ni en presentación alguna”.

Además, aclara que la IGJ “no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos”.

De acuerdo a la AFA, el organismo dependiente de la FIFA “se encuentra en la actualidad bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, conforme surge de la normativa vigente y de los propios actos administrativos dictados, tanto de la Inspección General de Justicia (CABA), como de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (Pcia Bs de As). En consecuencia, la IGJ carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización, sin perjuicio de la fiscalización sobre los trámites pendientes de finalización originados con anterioridad al cambio de jurisdicción”.

El descargo final de la AFA

“La AFA niega categóricamente la existencia de incumplimientos de su parte.

Reafirma su voluntad de cumplimiento normativo y su disposición a responder —como siempre lo ha hecho— por los canales institucionales y legales correspondientes.

Lo que sí resulta preocupante es la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados, en abierta contradicción con actos propios del organismo y en un contexto que ya ha merecido pronunciamientos judiciales previos por desviación de poder y falta de imparcialidad manifiesta. Recordemos que incluso, insólitamente, el Inspector General ha filtrado y divulgado en entrevistas periodísticas información contenida en los balances de la AFA, datos que forman parte de expedientes administrativos y que se encuentran protegidos por deberes de reserva, confidencialidad y custodia. Esta conducta no solo resulta incompatible con las obligaciones legales del Organismo, sino que confirma la utilización indebida de información administrativa con fines ajenos a la función de control y en clara línea con la presión pública que se intenta ejercer sobre la AFA.

En ese marco, el Dr. Vitolo ha afirmado públicamente que la AFA incumple desde hace ocho años, cuando la realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo. La única vista que fue efectivamente cursada y debidamente notificada a la AFA fue contestada en tiempo y forma. Posteriormente, y recién a partir de la intimación reciente, la AFA se presentó voluntariamente en todos los expedientes, se notificó espontáneamente de las vistas y procedió a contestarlas en su totalidad.

Resulta absolutamente falso —y no existe constancia alguna que lo respalde— que la AFA haya manifestado a la Inspección General de Justicia que “no te voy a mostrar nada” o que se haya negado a exhibir información. Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa.

También es falso que la IGJ desconociera el cambio de jurisdicción de la AFA: el Organismo participó de la Asamblea a través de dos veedores, emitió el certificado necesario para que la AFA pudiera inscribirse en la Provincia de Buenos Aires y fue formalmente notificado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires de la inscripción de AFA en provincia de Buenos Aires.

En contraste, lo que sí es real y se encuentra debidamente documentado es que la Inspección General de Justicia demoró, en algunos casos, más de 700 días hábiles en siquiera analizar los trámites presentados por la AFA. Las vistas fueron emitidas tardíamente, suscriptas por funcionarios que carecerían de competencia, incorporadas en expedientes sin foliar o con hojas que contienen la leyenda “No foliar”, y posteriormente archivadas sin motivo alguno.

A todo lo anterior se suma un hecho central: ninguna de las vistas que el Inspector afirma que la AFA no contestó fue debidamente notificada. No existe una sola constancia documental de notificación de esas observaciones que hoy se utilizan para imputar incumplimientos inexistentes. La ley es clara y exige notificación fehaciente, lo que en este caso nunca ocurrió.

La única vez que el Organismo notificó válidamente una vista, la AFA la contestó en tiempo y forma. Entonces cabe preguntarse quién es realmente el incumplidor: ¿la Inspección General de Justicia, que demora hasta tres años en analizar estados contables y emitir una vista que nunca notifica por los medios legales establecidos, o la AFA, a la que año a año se le expiden certificados dejando constancia de que se encuentra al día con sus obligaciones frente al Organismo y que nunca recibió requerimiento alguno que contestar?

El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones.

El Organismo ha actuado con una desidia gravísima a lo largo de los años. Resulta inadmisible que, aprovechando la coyuntura política, pretenda ahora valerse de su propia inacción para presentar falsamente a la AFA como incumplidora.

La AFA no se “escapó” de ninguna jurisdicción para eludir controles. La realidad es exactamente la contraria: lo que aquí queda expuesto es un Organismo que actuó de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento.

Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control“.

 Qué había dicho la IGJ

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, arremetió en diciembre pasado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga, al sostener que “se mueven al margen de la ley” y anunciar la citación a los auditores que certificaron sus balances millonarios.

En una comunicación que tuvo con Radio Rivadavia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Vítolo abordó la supuesta corrupción y la falta de control en ambas entidades al explicar que operaron con una estructura de impunidad durante años, negándose a responder a la IGJ sobre balances no aprobados y cifras millonarias sin detallar.

Vítolo señaló que tanto la FIFA como la AFA se conciben como si fuesen “países independientes”, a raíz de que evadirían la Justicia ordinaria y las normativas argentinas.

El funcionario ejemplificó esta situación con lo que ocurre con la FIFA, que tiene una estructura “montada como si fuera un país independiente y hace creer a la gente que en realidad o se considera ella que en realidad no es una federación de asociaciones civiles de 211 países del mundo, sino que se trata de un país independiente que tiene sus propias reglas”.

Además, reveló que la AFA intentó realizar acciones irregulares, como crear una “universidad” sin la debida aprobación y mudar su jurisdicción para escapar de la fiscalización.

Señaló que las federaciones de la AFA, por estatuto, tienen prohibido recurrir a la Justicia de sus países o a autoridades administrativas para resolver conflictos, los cuales “solamente se pueden resolver dentro de un tribunal arbitral o de diversos tribunales arbitrales que tiene la AFA y perdón, la FIFA”.

Y agregó: “Esto se replica en cada uno de los estatutos de las federaciones”. Como ejemplo de esta situación, citó el caso de Verón y la sanción aplicada, la cual, para ser revisada, “tiene que ir a un tribunal en Loyan Suiza, que pertenece a la FIFA”.

El titular de la IGJ sostuvo que la FIFA actúa como si fuese un país y las federaciones que la integran como embajadas, y que esta situación de impunidad se ha vivido “al margen de la ley durante años”. Recordó que la CONMEBOL, hasta el estallido del FIFA Gate en 2015, tenía estatuto de embajada en Paraguay.

También desestimó la amenaza constante de que la FIFA pueda separar de los torneos internacionales a los países donde sus gobiernos o la justicia intervienen en las asociaciones, mencionando que en casos como Bolivia y Brasil, “la FIFA no hizo absolutamente nada ni descalificó a las elecciones”.

Vítolo diferenció el caso de la AFA con el de las sociedades y pymes: mientras en estas últimas la autoridad de contralor no aprueba balances, sino que solo realiza un análisis formal, en el caso de las asociaciones civiles, “los balances solamente tienen efecto cuando son aprobados por la autoridad de contralor”.

Consecuentemente, la AFA está funcionando “hace 8 años con balances que no están aprobados y es más está funcionando con reformas estatutarias que tampoco están aprobadas y nadie dice nada”. Además de operar con balances irregulares, la AFA incurrió en acciones como la creación de una universidad que “no existe, sin aprobación universitaria, con carreras que no existen, con carreras que no están aprobadas por la CONEA”, con un rector y vicerrectores para una sociedad que “no está ni siquiera constituida”.

También comentó que la AFA, en un intento de “blindarse políticamente”, buscó incorporar en su Consejo Directivo a funcionarios públicos, plan que fue rechazado por la IGJ en 2023.

Superliga

Respecto de la Superliga, vinculada a la AFA y que maneja la comercialización de derechos de transmisión por “cifras multimillonarias”, Vítolo expresó que hace lo mismo que la AFA: “La inspección de justicia le ha pedido durante 5 años que explique algunas rendiciones de cuentas que están en el balance, por ejemplo, rendiciones de cuentas a los clubes por valor de 70 millones de 120 millones de dólar donde no han informado cuánto le han dado a cada club”.

El titular de la IGJ anunció que no tolerarán más esta situación y que si las entidades no dan explicaciones, designarán un veedor “para que vaya con la fuerza pública, abra todas estas cuentas para que nosotros las podamos analizar”. Ante esta presión, la AFA se mudó de jurisdicción a la provincia de Buenos Aires, en un acto que Vítolo considera “absolutamente nula” porque no se cumplieron las normas necesarias, ya que “para poder mudarse de jurisdicción, primero tiene que resolver las cosas pendientes en la jurisdicción actual”.

Vítolo anticipó, además de poder pedir la intervención del Ministerio de Justicia –aunque aclaró que no es un escenario que estén considerando en lo inmediato y de haberla sería acotada a la designación de un informante–, una medida inminente es la citación a los auditores: “Estamos citando en un sumario que se abre a los auditores también, es decir, esto ya no es un tema solamente del AFA, sino que estamos ni de la Superliga”.