La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá la posibilidad de dar sus últimas palabras el próximo 29 de noviembre antes de conocerse el veredicto en su contra por la causa Vialidad a raíz de la obra pública que le cedió durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Será la jornada donde el Tribunal luego defina la fecha y hora del veredicto, cosa que no hizo este viernes en la última audiencia donde la defensa de Lázaro Báez contestó algunos planteos de la fiscalía.
El viernes 25 de noviembre próximo, los acusados Julio De Vido y Lázaro Báez junto a otros imputados también tendrán la posibilidad de dar sus últimas palabras.
Los acusados tienen el derecho a hablar o no y, en caso de hacerlo, no es para referirse a cuestiones técnicas como ser alegatos de la fiscalía o planteos de nulidad.
Para eso, ya las defensas de cada uno de ellos tuvo la jornadas donde dio respuesta a las acusaciones hechas por el fiscal Diego Luciani y su par Sergio Mola.
Para la vicepresidenta y el empresario Báez, la fiscalía reclama la pena de 12 años de prisión.
En principio, se mantiene la incógnita sobre la fecha certera en la que se dará a conocer el veredicto, esto es, si es condenada Cristina Kirchner o no junto a los demás acusados.
En caso de serlo, nadie irá detenido pues todo fallo recién se ejecuta cuando queda firme, cuando resuelve la Corte Suprema de Justicia.
Lo que sí definió el Tribunal es que el próximo viernes 25 de noviembre podrán hablar Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; el ex jefe de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda; y Raúl Daruich, uno de los ex jefes de la delegación Vialidad en Santa Cruz.
En la audiencia del 29 de noviembre, además de Cristina Kirchner podrán hablar los imputados Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López; y Héctor Garro.
Hay un grupo de imputados sobre los cuales no se definió la fecha en que podrán dar sus últimas palabras, pues se supone que le fijarán el mismo día en donde se establecerá el veredicto.
El pasado lunes el fiscal culminó su acusación al replicar algunos dichos de la defensa de Báez a raíz de una nulidad vinculada con la prueba que utilizó el Ministerio Público.
Se trata de mensajes del teléfono del exfuncionario José López de otra causa que fue incorporada para el juicio por fraude en la obra pública.
La pena máxima solicitada por Luciani fue para la vicepresidenta y Báez, pero también reclamó condena a los demás acusados como ser a De Vido y Julio López de diez años de prisión.
El juicio se viene desarrollando desde hace más de tres años, comenzó en mayo de 2019, y se juzga el presunto fraude al Estado Nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner en lo que hace al otorgamiento de obra pública vial al empresario Báez.
Se trata de 51 obras viales de las cuales, según la acusación, algunas no se terminaron pese a que se cobraron, otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular.
La fiscalía acusa que existió una asociación ilícita y pone en cabeza de la misma a la vicepresidenta.
En su alegato final ante el Tribunal, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, reclamó la absolución y denunció que los fiscales cometieron “prevaricato”.
Antes de anunciar el cronograma de últimas palabras, el Tribunal escuchó en la audiencia de este viernes al abogado del acusado empresario Báez, Juan Villanueva, quien respondió afirmaciones de la fiscalía vinculadas a incorporación de prueba nueva mostrada en su alegato, obtenida mediante la Ley de acceso a la información pública.
“Cualquier cosa parece servir para intentar revivir una acusación que ya fue herida de muerte por todas las defensas”, advirtió el defensor.
El abogado de Báez sostuvo que los alegatos de las 13 defensas fueron “tan sólidos” que la fiscalía “eligió autopreservarse y decir que no iba a replicar”
“Eligieron los fiscales no decir absolutamente nada respecto de los agujeros groseros de la investigación, después de que las defensas demostramos de manera indiscutible que el Ministerio Público Fiscal faltó a la verdad”, agregó.
A la hora de responder de manera puntual al planteo por introducción de prueba nueva en su alegato sin incorporarla antes a la causa para el acceso a todas las partes, sostuvo que “parece existir alguna confusión” en la fiscalía.
“El planteo del señor fiscal se empieza a poner un poco surrealista”, al remarcar que usó información pública “para demostrar que la acusación es falsa”
“La fiscalía renunció conscientemente a la búsqueda de la verdad en este juicio”, afirmó en relación a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La defensa usó “todos los medios legales para demostrar que la acusación es falsa y lo demostramos”.
“Voy a hacer todo lo que la ley me permite para defender a Lázaro”, aseguró el abogado y remarcó que pidió “información pública”.
La fiscalía no replicó “porque no se puede replicar contra la realidad, contra una foto satelital y por eso eligieron los fiscales seguir renunciando a la verdad y atacar la forma, no dijeron nada sobre la verdad que contiene la prueba”.
En la audiencia pasada, Luciani sostuvo que su acusación “se mantiene absolutamente incólume”, en el juicio por supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz a favor de Báez entre 2003 y 2015.
El juicio comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de “asociación ilícita” y administración fraudulenta.
La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.
Con información de agencias.
IG