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Negocio millonario

Condenan a seis integrantes de una red que vendió 42.530 decodificadores para piratear Netflix, películas y fútbol

Imagen de la sede de Netflix en Los Ángeles

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La Audiencia Provincial de Madrid impuso penas de casi dos años de prisión a seis integrantes de una organización que, en menos de tres años, vendió hasta 42.530 decodificadores que permitían piratear contenidos pagos, como películas, Netflix o los partidos de fútbol de La Liga. A todos se les atribuyeron delitos de organización criminal y contra la propiedad intelectual. Además, deberán indemnizar con algo más de 100.000 euros a una larga lista de damnificados que incluye a Amazon, Disney, Warner y Mediapro. La Justicia no logró llevar a juicio al dueño de la empresa china GTMedia, que ganó más de un millón de euros con la venta de los decodificadores desde un galpón industrial de Vallecas.

Las sentencias que pudo examinar elDiario.es explican que la empresa GTMAX tenía su sede en un galpón industrial de una zona cercana al casco histórico de Vallecas. Desde allí, según los jueces, vendió durante años decenas de miles de decodificadores de la marca GTMedia “preparados para acceder a contenidos pagos de forma gratuita”. Una vez comprado e instalado el aparato, acceder a canales pagos, plataformas como Netflix o partidos de primera y segunda división de Bein Sports era tan sencillo como utilizar listas de enlaces para una red privada IPTV, recurrir al método cardsharing para compartir la tarjeta de un abonado o instalar un firmware especializado.

Los investigadores detectaron que las miles de personas que compraban estos decodificadores distribuidos desde el sur de Madrid podían acceder gratis e ilegalmente a todo tipo de contenidos pagos, sobre todo a plataformas “protegidas por derechos de propiedad intelectual”. Los acusados, además, facilitaban tutoriales e instrucciones para permitir ese acceso fraudulento. Los aparatos se vendían en plataformas como Amazon, eBay y AliExpress. También existían aplicaciones para instalar en televisores y teléfonos celulares.

La investigación comenzó en la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Brigada Central de Delincuencia Especializada de la Policía Nacional. Los agentes, por orden de un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, allanaron las oficinas de la empresa en Vallecas durante los primeros días de febrero de 2022. Allí pudieron comprobar la magnitud del negocio. Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, la empresa había ganado casi 1,2 millones de euros con la venta de 42.530 decodificadores. A esa cifra se sumaban otros 23.087 dispositivos listos para ser enviados, según la documentación.

La causa por delitos de organización criminal y contra la propiedad intelectual llegó a juicio recién en octubre pasado, en la Audiencia Provincial de Madrid. El proceso debió desarrollarse en dos jornadas diferentes y dio lugar a dos sentencias distintas —aunque idénticas en su contenido— porque uno de los acusados no se presentó el primer día. El resultado fueron dos sentencias de conformidad, con condenas de un año y 11 meses de prisión para cada uno, multas de 720 euros y la obligación de indemnizar entre todos a las empresas damnificadas con algo más de 100.000 euros.

Un empresario chino en rebeldía

En un primer momento, las acusaciones eran más graves y la Fiscalía llegó a pedir cuatro años de prisión para los seis acusados. Algunas de las partes acusadoras, por su lado, reclamaron que tuvieran que devolver los casi 1,2 millones de euros que habían obtenido con la venta de estos decodificadores. Sin embargo, el mismo día del juicio en la Audiencia Provincial, las partes llegaron a un acuerdo que, si se cumple con el pago de las indemnizaciones, evitará que los condenados tengan que ingresar en prisión.

La Audiencia Provincial de Madrid explica en su sentencia que la causa no logró cerrarse con todos los acusados sentados en el banquillo. El principal responsable de la fabricación y exportación de estos decodificadores, dueño de la empresa china Winsat Technology —con una facturación anual de decenas de millones de dólares—, no pudo ser llevado ante los tribunales españoles.

La lista de empresas afectadas que deberán ser indemnizadas por esta organización incluye a algunas de las principales plataformas y productoras audiovisuales del mundo, además de la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA). Entre ellas figuran Warner Bros, Universal Studios, Columbia Pictures, Sony, Paramount, New Line, Amazon, Disney y Netflix, además de Mediapro y La Liga de Fútbol Profesional.

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