Milei profundiza su giro soberanista por Malvinas y lleva la disputa petrolera con el Reino Unido al Tribunal del Mar
El gobierno de Javier Milei dio este martes un nuevo paso en su ofensiva diplomática contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Durante una audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, la Argentina exigió que se frene el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion. La presentación constituye un nuevo capítulo del giro soberanista que el Presidente viene ensayando en los últimos meses, una transformación que contrasta con sus anteriores gestos de admiración hacia Margaret Thatcher y su alineamiento político con las principales potencias occidentales.
La delegación argentina reclamó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la extracción de hidrocarburos mientras se sustancia el arbitraje internacional. La estrategia apunta a evitar que la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa se convierta en un hecho consumado antes de que exista una resolución judicial. El Gobierno sostiene que Londres pretende disponer unilateralmente de recursos sobre los cuales la Argentina mantiene un reclamo histórico de soberanía, reconocido como controversia pendiente por las Naciones Unidas.
El argumento central fue desarrollado por el consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, quien advirtió sobre las consecuencias irreversibles de la extracción petrolera. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo durante su exposición. El proyecto Sea Lion contempla una explotación durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo, según la presentación argentina.
Pero hubo un argumento que resultó particularmente llamativo viniendo del gobierno de Milei: la defensa del medio ambiente. La delegación argentina advirtió sobre los riesgos ecológicos del emprendimiento impulsado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, y sostuvo que un eventual derrame de petróleo podría alcanzar aguas argentinas no disputadas en apenas 30 días, según los propios planes de contingencia de una de las compañías involucradas.
El planteo introduce una curiosa paradoja en la política exterior libertaria. El mismo Presidente que convirtió al ambientalismo en uno de sus blancos predilectos, cuestionó públicamente el consenso científico sobre el cambio climático y denunció las regulaciones ambientales como obstáculos al desarrollo económico recurre ahora a la protección del ecosistema marino como uno de los fundamentos de su ofensiva contra Londres. En el Atlántico Sur, al parecer, la preocupación ecológica también puede formar parte de la batalla cultural.
De Thatcher a la ofensiva contra Londres
La presentación ante el Tribunal del Mar no constituye un episodio aislado. Forma parte de una estrategia que Milei comenzó a desplegar con mayor intensidad durante el segundo semestre del año, cuando decidió colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional y recuperar un discurso de defensa de la soberanía que hasta entonces había ocupado un lugar secundario dentro de sus prioridades.
El cambio quedó expuesto el 3 de septiembre, cuando el Presidente utilizó una cadena nacional para anunciar medidas contra la explotación británica de recursos naturales en el Atlántico Sur. En aquella oportunidad, reivindicó el carácter argentino de las islas, anunció inversiones vinculadas con la defensa y anticipó el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinada a endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización argentina en el archipiélago.
La iniciativa, presentada formalmente dos semanas después, contempla restricciones económicas y sanciones para las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales, pero también introduce modificaciones institucionales de mayor alcance, como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articularía las áreas de Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia.
El 23 de septiembre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei volvió sobre el asunto y advirtió que la Argentina dejaría de limitarse a los reclamos diplomáticos tradicionales. “La Argentina va a tomar cartas en el asunto”, sostuvo entonces, antes de instruir el inicio del procedimiento arbitral contra el Reino Unido.
La nueva retórica presidencial contrasta con algunas de sus posiciones anteriores. Durante la campaña electoral de 2023, Milei había reivindicado públicamente a Margaret Thatcher, la primera ministra británica que condujo la guerra de 1982, a quien definió como una dirigente admirable. Ya en la Presidencia, mantuvo esa valoración personal, aunque buscó distinguirla del reclamo argentino de soberanía.
El contraste no desaparece con el nuevo discurso. El Presidente que convirtió su afinidad con Washington y su identificación con determinados liderazgos occidentales en un componente central de su política exterior impulsa ahora una confrontación jurídica con Londres. La diferencia es que, en esta oportunidad, el Gobierno decidió recurrir a herramientas diplomáticas, económicas y judiciales para sostener una reivindicación histórica del Estado argentino.
El giro también permite observar un cambio en la manera en que Milei presenta el papel del Estado. Después de construir buena parte de su identidad política alrededor de la reducción de la intervención estatal, el Presidente reivindica ahora la necesidad de fortalecer las capacidades públicas para proteger recursos estratégicos, controlar actividades económicas y sancionar a compañías extranjeras. La defensa de la soberanía aparece así como uno de los terrenos en los que el discurso libertario incorpora atribuciones estatales que, en otros ámbitos, el propio oficialismo busca restringir.
La alquimista de Santiago Caputo y un comunicado retocado
La ofensiva judicial tuvo, además, una particularidad política que quedó expuesta en la propia comunicación oficial. Entre los integrantes de la delegación argentina que viajaron a Hamburgo figura María Ibarzábal Murphy, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y una de las funcionarias de mayor confianza de Santiago Caputo. Su presencia en Alemania refleja la participación del área que conduce en una controversia internacional que tradicionalmente se tramita bajo la órbita de la Cancillería.
Ibarzábal Murphy, a quien elDiarioAR bautizó como “la alquimista” por su papel en la elaboración jurídica de algunas de las principales iniciativas del Gobierno, forma parte del esquema de poder que el asesor presidencial construyó dentro de la administración libertaria. Su intervención en la misión argentina también exhibe la dimensión que adquirió la cuestión Malvinas dentro de la Casa Rosada, más allá de los canales diplomáticos habituales.
Pero hubo un detalle adicional. En la primera versión del comunicado oficial, Ibarzábal Murphy aparecía en el centro de la escena, presentada como la funcionaria que había encabezado la comitiva argentina y la defensa ante el tribunal. Poco después, el Gobierno modificó el texto y reemplazó ese protagonismo personal por una fórmula institucional: “Argentina exigió frenar la explotación petrolera británica en Malvinas”.
El nombre de la secretaria Legal y Técnica permaneció entre los integrantes de la delegación, aunque ya sin ocupar el lugar destacado de la redacción original. Una pequeña postal de la trastienda política de una ofensiva que Milei busca convertir en una de las principales banderas de su nueva agenda soberanista de cara a un 2027 que será crucial.
PL / NB
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