Uno de los detenidos por la protesta contra la reforma laboral inició una huelga de hambre mientras espera un juicio con agravante por terrorismo

Milton Tolomeo, uno de los dos detenidos tras la movilización del 11 de febrero frente al Congreso contra la reforma laboral, inició el domingo 8 de noviembre una huelga de hambre en el penal federal de Marcos Paz. Según informó la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, reclama por la falta de atención médica, la suspensión de actividades educativas y recreativas y las restricciones a las visitas de organismos de derechos humanos, y mantendrá la medida hasta obtener respuestas.

Tolomeo, preso desde mediados de febrero, y Eneas Gallo, detenido el 18 de marzo, llegarán a juicio oral acusados de delitos que la fiscalía busca agravar con la figura de terrorismo. Si el tribunal la aplica, la pena puede llegar a 30 años. Ambos cumplen prisión preventiva y el juicio todavía no tiene fecha.

“Es una locura porque son dos laburantes precarizados y es una figura muy, muy severa. Imaginate que son más años que si hubieran matado a una persona”, dijo Vanessa Pollini, pareja de Gallo, junto a Eva del Rosario, esposa de Tolomeo, en una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich en C5N.

Se los acusa como coautores de tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública, con penas de 5 a 15 años. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió sumar el artículo 41 quinquies del Código Penal, que duplica el mínimo y el máximo cuando un delito se comete para “aterrorizar a la población” u obligar a las autoridades a actuar. El juez federal Ariel Lijo elevó la causa a juicio con esa calificación.

En febrero, cuando la causa tramitaba en la justicia porteña, el juez Gonzalo Rúa había rechazado ese agravante al dictar la preventiva de Tolomeo. Las defensas, a cargo de la Correpi y la Gremial de Abogadas y Abogados, recuerdan además que la norma excluye los hechos ocurridos “en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

Dos versiones sobre el allanamiento

El Ministerio de Seguridad Nacional denunció por terrorismo a los responsables de los incidentes, en una jornada que, según el Gobierno, terminó con 71 detenidos. La acusación sostiene que Tolomeo preparó bombas molotov y las arrojó contra las fuerzas de seguridad. Al anunciar su captura, la ministra Alejandra Monteoliva afirmó que en su casa habían encontrado “bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos” y material vinculado a grupos anarquistas.

Del Rosario, que comparte la vivienda con él, lo rechaza: “Se encontraron cosas que no había en mi casa”. Contó que nunca les entregaron los resultados del análisis toxicológico de las prendas ni de una computadora que, según dijo, era de ella. María del Carmen Verdú, abogada de Tolomeo, sostiene que ambos fueron identificados por ciberpatrullaje, con imágenes en las que no se les ve la cara.

Tolomeo es masajista y trabajaba como ayudante del encargado de un edificio. Gallo, repartidor de una aplicación, fue detenido cerca de su casa, en General Rodríguez. “Laburaba hasta 12 horas diarias a veces. La verdad que se rompía el alma laburando”, dijo Pollini.

Del aislamiento al nuevo penal

Tolomeo pasó su primer mes preso en el sistema para detenidos de alto riesgo de Ezeiza, pese a que el juez había descartado el agravante. “Estuvo un mes sin posibilidad de comunicarse telefónicamente con ningún familiar. El personal del servicio penitenciario está encapuchado, no está identificado”, relató Del Rosario.

A mediados de octubre, los dos fueron trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Sus parejas denunciaron que la primera semana no recibieron pertenencias, medicación ni comida, y que el Servicio Penitenciario Federal reprimió un reclamo con balas de goma y gases. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que recorrió el complejo el 19 de octubre, advirtió demoras en la devolución de pertenencias, incluidos medicamentos.

Las familias estiman que el juicio se hará a comienzos de 2027 y preparan una marcha para el 10 de diciembre.