Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero

Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery en el marco de dos investigaciones judiciales vinculadas con presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de dinero. La mujer fue arrestada junto a otras dos personas que habían viajado desde Río Gallegos y que, según sospechan los investigadores, podrían haber intentado escapar del país.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde, cuando los tres pasajeros arribaron a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Por disposición de la Justicia federal de Santa Cruz, los efectivos que participaron del operativo también secuestraron cuatro valijas de grandes dimensiones que habían sido despachadas por los sospechosos.

Junto con Insaurralde fueron detenidos Cristian Ibáñez y Valentina Devetac. Los investigadores seguían sus movimientos desde hacía varias semanas y decidieron avanzar con las detenciones cuando recibieron la confirmación de que habían abordado el vuelo AR 1857, que partió de Río Gallegos el lunes a las 10.30.

La medida fue ordenada por el juez federal Claudio Vázquez a pedido del fiscal Julio Zárate y estuvo a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La causa apunta a esclarecer la existencia de una presunta organización dedicada al tráfico de cocaína mediante camiones de transporte, que habría desarrollado actividades al menos desde diciembre de 2025. Paralelamente, se investigan posibles operaciones de lavado de activos y maniobras relacionadas con la administración de bienes del empresario.

Allanamientos, drogas y armas secuestradas

Como parte de la investigación, la Justicia dispuso 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, incluidos domicilios particulares, propiedades vinculadas con Báez, estancias, establecimientos comerciales, inmobiliarias y un lavadero de autos.

Los procedimientos permitieron secuestrar cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación que será analizada para determinar las responsabilidades de los involucrados.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos, confirmó que cuatro personas fueron detenidas en esa provincia y detalló que las fuerzas de seguridad incautaron sustancias estupefacientes, vehículos y otros elementos considerados relevantes para la causa.

En los operativos participaron efectivos de la Policía de Santa Cruz, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, bajo las directivas de la Justicia federal.

Las pesquisas buscan determinar si existía una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas que, al mismo tiempo, mantenía vínculos con personas encargadas de administrar activos relacionados con Báez.

La investigación sobre los bienes de Báez

Una de las hipótesis judiciales sostiene que el empresario, pese a encontrarse detenido y tener numerosos bienes embargados, habría continuado interviniendo desde la cárcel en la administración y explotación de parte de su patrimonio.

Los investigadores intentan establecer si esos activos fueron utilizados en operaciones destinadas a poner en circulación dinero de origen ilícito o a evitar la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.

En ese contexto, Báez fue notificado de las nuevas actuaciones en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple condena. Además, las autoridades allanaron su celda y dispusieron que permaneciera incomunicado.

La investigación incluye el análisis de conversaciones y documentación que podrían permitir reconstruir los vínculos entre el empresario y algunos de los sospechosos de integrar la presunta organización dedicada al narcotráfico.

Báez, que fue uno de los principales contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a través de Austral Construcciones, acumula condenas por delitos económicos.

En la causa Vialidad recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También fue condenado a diez años de cárcel por lavado de dinero en el expediente conocido como La ruta del dinero K.

Las nuevas actuaciones judiciales buscan determinar si, mientras cumplía esas condenas, el empresario mantuvo participación en operaciones patrimoniales irregulares y cuál habría sido su eventual relación con la organización investigada por tráfico de drogas.

Con información de la agencia NA