Se cumple un año de Cristina Fernández de Kirchner presa en su domicilio y desde el PJ advierten por sus condiciones de detención

Este miércoles se cumplirá un año del histórico fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, acontecimiento que marcó un punto de quiebre en el sistema político y que dejó en estado de shock y movilización permanente a los seguidores kirchneristas.

Asimismo, en las últimas horas, los consejeros de la Magistratura que representan al kirchnerismo Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti expusieron el lunes en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA los resultados del informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de la expresidenta y del resto de las personas condenadas por delitos federales.

En tanto, Axel Kicillof hizo un posteo en redes sociales en el que sostuvo que un año atrás “se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.

De acuerdo al gobernador bonaerense, “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: 'no podía no saber'”. “Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, apuntó Kicillof.

“A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, concluyó.

Un año de shock para el PJ, las vigilias militantes y la polémica del balcón

Los días que precedieron a la condena judicial de CFK se vivieron en un clima de extrema tensión social e institucional en toda la Argentina, con el Partido Justicialista (que había elegido como titular a la ex jefa de Estado) en estado de alerta deliberativo y vigilias de emergencia, denunciando un intento de “proscripción” para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.

El 9 de junio, la exmandataria dio su último discurso presencial en la sede de Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un “certificado de dignidad” ante la persecución del “Partido Judicial”

Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enfrentado a Máximo Kirchner, se acercó ese día para escucharla y transmitirle su solidaridad, pero fue recibido con provocaciones por la militancia camporista. 

La idea de resistir colectivamente el arresto fue desechada rápidamente y la propia Cristina Kirchner esperó la notificación del fallo confinada dentro de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución, esquina que se convirtió hasta estos días en punto de peregrinación de la militancia. 

Desde el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema (10 de diciembre), miles de simpatizantes se acercaron a la esquina de San José 1111 a montar guardias de apoyo y vigilias que duraron semanas, con consignas contra la “proscripción”.

Mientras el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo celebraban el encierro de Cristina Kirchner, la ex mandataria tomaba contacto con la militancia a través del balcón de su vivienda, con efusivos saludos y hasta bailes que despertaban la euforia y el alivio de sus seguidores.

La aparición frecuente en el balcón generó disgusto entre quienes consideraban que una persona condenada no podía trivializar su condena o alterar la convivencia en el vecindario.

No obstante, la Justicia aclaró que Cristina Kirchner podía hacer uso del balcón con “buen juicio, prudencia y sentido común”, por lo que se zanjó la polémica y no hubo inconvenientes para que siguiera manifestándose en ese sector de su vivienda.

Entre el 10 y el 12 de junio se realizaron cortes masivos por parte de sindicatos y movimientos sociales en accesos clave a la Capital Federal, escalando el conflicto social. 

Mientras la Corte Suprema definía las condiciones de detención y en el kirchnerismo se barajaba la opción de una inmensa movilización a los tribunales de Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner para su notificación formal, la ex presidenta esperó dentro de su domicilio. 

El 17 de junio recibió la notificación del arresto de forma virtual y comenzó de inmediato a cumplir la pena de prisión.

El Tribunal Oral Federal 2 le había impuesto el uso de una tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas, lo cual fue calificado por el kirchnerismo como un “trato degradante” y discriminatorio que ni siquiera se aplicaba a represores de la última dictadura militar.

Pese a la persistencia de los reclamos, los pedidos de revisión de las condiciones de detención fueron desestimados por la Justicia hasta el día de hoy.

El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, que tuvo un inmenso acompañamiento social pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica ni oficial. 

Desde su confinamiento en San José 1111, Cristina Kirchner empezó a recibir visitas de carácter político y personal de forma casi diaria, lo que generó reparos de parte de sus detractores, quienes consideraban que no correspondía que una persona inhabilitada realizara actividad política.

Cuando se difundió una reunión política con nueve economistas, la polémica cobró mayor magnitud y el TOF 2 le impuso limitaciones estrictas en el régimen de visitas, con un tope de tres personas en simultáneo y por un lapso no mayor a dos horas.

Desde entonces, Cristina Kirchner y su entorno político sostienen un reclamo público para la flexibilización de las condiciones de detención, que consideran “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”.

La campaña por “Cristina Libre” se adueñó del accionar militante del ala kirchnerista, que busca convertir esa causa en la principal demanda del campo opositor, aunque eso suponga entrar en tensión con otros sectores del peronismo como el que lidera Kicillof.

La denuncia del PJ por las condiciones de detención de CFK

Los consejeros de la Magistratura que representan al kirchnerismo Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti expusieron hoy los resultados del informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner y del resto de las personas condenadas por delitos federales

“Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”, concluyeron durante la actividad realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA.

Los expositores coincidieron en señalar que estas medidas no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión política orientada a limitar su actividad pública, condicionar a la dirigencia política y obstaculizar la reorganización del “campo nacional y popular”.

El informe da cuenta, por ejemplo, de que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en nuestro país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.

“Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”, consideró Tailhade.

A su turno, la consejera Vanesa Siley presentó datos que a su entender “demuestran el carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina Fernández de Kirchner”.

Siley señaló que, en la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tiene restricciones en materia de visitas.

Asimismo, indicó que, entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina kIRCHNER es la única sometida a limitaciones para recibir visitas.

“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó.

La consejera también vinculó la situación de la ex presidenta con una larga tradición de persecución contra líderes populares.

“A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, remarcó.

Por su parte, el senador Mariano Recalde afirmó que “Cristina es una presa política”.

“Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”, apuntó.

A su criterio, “el informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino y señaló a la actual Corte Suprema de Justicia como uno de los principales problemas institucionales.

“La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo”, planteó la mendocina.

“Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, remató.