Un poder que se disputa entre el palacio y la calle, mientras Milei invoca a las fuerzas de cielo

El jueves a la noche durante el segundo cacerolazo contra el mega DNU de Javier Milei, un grupo de manifestantes llegó a colgarse de las rejas del Congreso de la Nación. Alineados rigurosamente en las escalinatas del Parlamento, efectivos de la Policía Federal fueron testigos privilegiados de la protesta un largo rato, mientras en las calles aledañas la Policía de la Ciudad de Buenos Aires había montado su propio operativo de custodia. Ninguna de las fuerzas activó el trístemente célebre protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, pese a que habría –según su letra– sobrados argumentos para ello: se había cortado el tránsito sobre la avenida Entre Ríos y un “objetivo federal” estaba siendo violentado. El porqué de esa brumosa situación es una postal de la Argentina actual, cuando el poder está en pugna entre el palacio y la calle, y el Gobierno ruega la bendición de las fuerzas del cielo.

“Patricia se cree que es la dueña de la justicia y la seguridad. Si las cosas no se hacen como ella quiere, te quema. Pero el jueves la Federal estaba adentro del Congreso y no hizo nada”. La queja que recogió ayer elDiarioAR en un importante ministerio porteño revela el ruido que hay entre la Ciudad y la Nación a partir de los piquetes, luego de la primera semana en que puso a prueba el protocolo Bullrich de manera desmesurada: la ministra desplegó en las calles miles de efectivos federales para aleccionar una marcha de la izquierda de no más de 10 mil personas y que se hace anualmente para recordar el estallido del 2001. “Tiene que empezar Jorge Macri a hacerse cargo de la seguridad, pero no quiere asumir el costo político”, reprocharon al lado de la ministra. 

Fueron elocuentes los gestos de fastidio de Diego Kravetz, jefe de la policía porteña y segundo de Waldo Wolff, cuando los agentes federales acorralaron al Polo Obrero a metros suyo, en el cruce de avenida Belgrano y Diagonal Sur. El piquetero había acordado otro trato con la Ciudad. En ese mismo momento, pero en el Departamento Central de la PFA, Bullrich hacía gala de su mano dura frente a Milei. Otra imagen llamativa: la ministra parada, casi como disfrutando la escena que veía por las cámaras, y el jefe de Estado tapándose la boca y sin pestañear. 

El miércoles próximo Milei y Bullrich tendrán la segunda prueba de fuego: la CGT, las dos CTA, la UTEP de los movimientos sociales, grupos kirchneristas y hasta piqueteros concentrarán frente a Tribunales a las 11 para reclamar la inconstitucionalidad del decretazo. Los cortes de calle serán inevitables, pero Héctor Daer, Gerardo Martínez y Pablo Moyano –los organizadores– no quieren darles el gusto al Gobierno de “incitar a la violencia” y bajaron línea interna.

Pidieron que “no haya grandes columnas” y que sea “sin estandartes grandes y poca percusión”, más un dato revelaron que regocija a los libertarios: ordenaron a los suyos que vayan “sin micros y en grupos pequeños por la vereda”. Está previsto que la comisión de la CGT ingrese por la calle Tucumán para entregar su denuncia judicial. Por la avenida 9 de Julio entrará a la plaza el sector de los estatales de UPCN, por Lavalle los camioneros y por Libertad, la UOCRA. Al día siguiente –el jueves 28– reunirá a su Consejo Federal para definir su primer paro general contra el nuevo gobierno. La huelga sería durante la primera quincena de enero.

Hay un hilo rojo entre los cacerolazos del jueves y la concentración de las organizaciones obreras y sociales. En la Ciudad monitorearon antenoche 17 “microcortes” en simultáneo después de las 21. “Es algo aparateado; no fueron voluntarios”, plantearon en Uspallata. Sin pruebas a la vista, la sospecha del macrismo apunta a la CGT y las CTA. Son datos sueltos que el Gobierno también consume para construir su propia política de criminalización de la protesta, como quedó demostrado en su intención de cobrarle a las agrupaciones que manifestaron el miércoles $60 millones. Del listado difundido por el portavoz Manuel Adorni, es falso que hayan participado el Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, el MTE, entre otras.

Debajo de la espuma callejera, desde el palacio Milei está buscando construir una base política que le dé cierta legitimidad a su DNU, que ya fue judicializado. Otra vez aparece allí la figura de Bullrich, el canal para que el Presidente incorpore a Federico Sturzenegger a su equipo: el exfuncionario de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri había escrito casi el mismo proyecto de decreto desregulador para Bullrich. Juntos desembarcaron entre los libertarios esa semana post-balotaje en que Milie desairó a Macri en el Libertador Hotel. El expresidente y el ahora asesor estrella llevan tiempo distanciados.

“El decreto es una obra de arte maestra”, lo calificó un senador nacional de La Libertad Avanza ante elDiarioAR. El legislador argumentó su celebración en la positiva reacción de los mercados y las empresas privadas. “Son unos monstruos y vagos”, calificó a las protestas en contra, y señaló el porqué del apuro presidencial: “A esto lo tenés que hacer de un plumazo; si no era un DNU, no nos daba el tiempo”. El legislador estimó que “recién en mayo” se va a notar la supuesta mejora económica.

Milei está convencido de que la gobernabilidad se le juega este mismo verano. Por eso avanzó con una medida temeraria buscando aprovechar a su favor la luna de miel que le dio el 56% del electorado en la segunda vuelta, aunque internamente en LLA reconocen que todos esos votos no fueron propios: “Javier sacó 30, Patricia nos dio su veintipico y Schiaretti lo suyo. Con eso estamos gobernando. Los otros que eligieron a Massa que esperan 4 años, como nosotros tuvimos que bancarlo a Alberto”, sentenció el senador libertario.

El diagnóstico es certero a la luz de las frenéticas negociaciones que el oficialismo tiene en el Congreso. El ministro del Interior, Guillermo Francos, se paseó por el Palacio Legislativo el jueves para cerrar filas en el Senado y Diputados con Victoria Villarruel y Martín Menem –además de aleccionar a legisladores propios–, pero también con los opositores que circunstancialmente podrían acompañar el DNU y el paquete de reformas que irán a extraordinarias. En esa ronda de conversaciones pasaron los cambiemitas que están buscando una tercera vía, como Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot. El bloque de la UCR pidió –en la voz del diputado Rodrigo de Loredo– “remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.

Francos les transmitió a los opositores la línea oficial que se concretó anoche con el llamado a extraordinarias: habrá finalmente una ley “ómnibus” con reformas impositivas como Ganancias y bienes personales –“son las que hacen al déficit cero”, interpretó un diputado del PRO–, pero también irá en el articulado la eliminación de las PASO y hasta la reforma jubilatoria. Son los tópicos que están vedados de legislar por DNU. Todo quedará compactado entre la semana próxima y el 31 de enero.

Serán días frenéticos, como estos primeros quince, porque también está el toma y daca por la famosa comisión bicameral que deberá expedirse sobre el DNU. Menem cuenta con el apoyo incondicional de los amarillos más macristas y bullrichistas, y trabaja en tándem con Cristian Ritondo y Hernán Lombardi para encontrarle la “trampa” al reglamento que permita que el decreto no sea invalidado por ambas cámaras, situación que nunca pasó en la historia y deja al DNU vigente con fuerza de ley.

Una lectura que hacían en el oficialismo –lease LLA y PRO– es que el decreto “duerma” en la comisión de 16 diputados y senadores –donde Unión por la Patria tendría 9– los diez días hábiles que estipula el reglamento para que sea necesario su tratamiento en el recinto desde que llega al Congreso, fecha que se cumpliría en febrero. Entonces debería ser debatido “sobre tablas”, con el requerimiento de una mayoría de dos tercios de los presentes. Si en cambio la comisión dictamina, su discusión en las Cámaras queda supeditada al quórum reglamentario –la mitad más uno–. “De alguna manera u otra lo vamos a hacer pasar, pero no puede pasar mucho tiempo porque sino está en riesgo la seguridad jurídica”, apuntó un legislador al tanto de esas negociaciones. 

Un operador parlamentario opositor lo planteó diferente: la norma no es taxativa de que sí o sí tiene que discutirse en la comisión en el plazo de diez días desde que a mitad de enero el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lo remita al Congreso. “Si el dictamen es negativo puede ser complicado porque te hace pagar un costo político. Como el DNU no está en el llamado a extraordinarias, puede dilatarse hasta el 1 de marzo. Pero ahí ya va a ser otro país, va a haber sangre en las calles, y puede ser un riesgo que se demore tanto”, apuntó.

Definiciones habrá la semana próxima. Milei debería tener abrochados a gran parte de los cambiemitas y los peronistas no-K para que su DNU no caiga por su propio peso. Y en paralelo para que se vote afirmativamente su ley “ómnibus”. El Presidente cuestiona que los que lo rechacen deberán “dar cuenta al pueblo. Dependerá del saldo de la disputa abierta entre el palacio y la calle, aunque él se remita a las fuerzas del cielo. 

MC/DTC