José Luis Espert trata de sortear el avance de la causa que investiga su vínculo con Federico “Fred” Machado. El economista y fallido candidato de Javier Milei en las últimas elecciones pidió recientemente la nulidad de la causa en la que está investigado por recibir del presunto narco una transferencia de US$ 200.000 durante la campaña presidencial de 2019. Pero al mismo tiempo –según supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente– la Justicia avanza en el análisis de unos 30 dispositivos electrónicos allanados y que pertenecían tanto al diputado con pedido de licencia como al empresario extraditado a Estados Unidos.
La reacción de la defensa de Espert se conoció el viernes a última hora, justo cuando otra novedad judicial golpeaba al corazón del Gobierno: el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Diego Spagnuolo para el 19 de noviembre por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Este medio reveló una conexión entre ambas causas: Sergio Mastropiero, el empresario que conectó a Machado con Espert, también es investigado por el escándalo que salpica a Karina Milei.
Espert pidió la nulidad de la causa que instruye el fiscal de San Isidro Ramiro González a través de sus defensores, Alejandro Freeland y Santiago Kent. Son letrados –como ya publicó este medio– especialistas en buscar interrumpir las causas. Hace apenas dos meses atrás representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert el 30 de septiembre.
Según el escrito que presentaron, se vulneraron los derechos básicos de defensa desde el inicio del proceso. Dicen que hubo un “ocultamiento de la designación de defensores” y califican como un “refrito” de lo ya investigado hace años y señalan su carácter político-electoral, dado que se presentó en plena campaña y Espert era primer candidato del oficialismo bonaerense. Y afirman que los hechos señalados (vuelos o un pago en 2020) no pueden vincular a Espert con actividades ilícitas de Machado, que recién salieron a la luz en 2021.
Espert fue denunciado por el dirigente Juan Grabois ante la sospecha de que el dinero y los bienes que recibió de Machado son “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. Hace 15 días Machado fue extraditado a Texas para enfrentar un proceso por lavado, estafa y narcotráfico en el que ya fue condenada a 16 años una socia suya.
En el ámbito judicial miran esa causa con mucha atención. Según supo elDiarioAR, el fiscal González remitió un exhorto al juez federal de Texas Bill Davis para que le envíe información sobre lo que declare Machado. Por ahora el empresario se consideró “no culpable” y tiene una ventana de tiempo para negociar una pena menor a cambio de información.
El fiscal también pidió información en Guatemala, donde una de las empresas de Machado contrató a Espert para una supuesta asesoría financiera. Ese acuerdo era por un total de US$ 1 millón y el economista libertario cobró al menos una primera parte de 200.000 dólares a través de una cuenta vinculada al fideicomiso de Machado, según reveló este medio semanas atrás.
La publicación generó tal revuelo que Espert terminó declinando a su candidatura de La Libertad Avanza y la justicia aceleró en su investigación. Se allanó su propiedad y la de Machado en Neuquén –donde se encontraron sendas copias del contrato–, así como domicilios de personas vinculadas a ambos. Se secuestraron unos 30 dispositivos electrónicos, entre ellos una veintena de teléfonos. Los investigadores están ahora en el proceso de apertura de esos aparatos para intentar acceder a la información de contactos, así como llamadas y comunicaciones.
La intención de los sabuesos es encontrar elementos que prueben el vínculo personal que tenían Espert y Machado, y acercarse a la hipótesis de que el dinero –así como el uso de aviones y una camioneta blindada– que recibió el diputado provenía de actividades ilícitas.
Un detalle sobresaliente en la relación entre ambos es que el escribano que certificó el contrato fue Bernardo Mihura de Estrada, actual titular del Registro de la Propiedad Inmueble, designado allí por la venia del Gobierno y actualmente con llegada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Estrada confirmó en declaración testimonial haber sido el encargado de dar el visto bueno de ese pacto.
Además de esperar los resultados de las pericias a los dispositivos, los investigadores tienen en carpeta una serie de medidas de prueba que están ahora suspendidas porque Espert cuenta con fueros parlamentarios que aún lo protegen. Al economista se le vence el mandato el 8 de diciembre próximo y, al no ser candidato, no renovará su banca en el mileísmo.
*Con la colaboración de Sebastián Lacunza
MC