El Gobierno aceptó cambios en el Súper-RIGI para lograr el apoyo de los bloques aliados en el Senado

El oficialismo resolvió incorporar modificaciones al proyecto de Régimen de Grandes Inversiones ampliado —conocido como Súper-RIGI— para asegurarse el respaldo de los bloques aliados en el Senado, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia. La definición se conoció este martes, en la previa a la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Legislación General, convocada para este miércoles a las 13 en el Salón Azul del Senado.

El Súper-RIGI es una versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en 2024. Apunta a capitales de gran escala —a partir de US$1.000 millones— en sectores sin desarrollo previo en el país, como litio, baterías, hidrógeno, GNL, energías renovables y sector aeroespacial. Una de las inversiones clave que el Gobierno busca atraer es la de data centers. A cambio, ofrece beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales —entre ellos una alícuota de Ganancias del 15%, frente al 25% del RIGI vigente y el 35% general— junto con garantías de estabilidad normativa por 30 años.

Las dos modificaciones que el oficialismo terminó aceptando apuntan a los reclamos que venían planteando PRO y la UCR desde las primeras reuniones informativas. La primera obliga a las empresas que instalen centros de datos a construir sus propias subestaciones eléctricas, con el objetivo de mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro. La segunda incorpora un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso de contratación de bienes, servicios y obras nacionales equivalente, como mínimo, al 20% del monto total de la inversión. También se sumó como objetivo explícito del régimen el incentivo al desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas y tecnológicas.

La concesión llega después de varias semanas de tironeo. A fines de agosto, los bloques aliados habían planteado reclamos más ambiciosos —extender los beneficios a industrias ya instaladas en el país y exigir inversión en obra pública vial— que el oficialismo rechazó de plano. La Libertad Avanza buscaba, incluso, cerrar el dictamen sin cambios hacia el 26 de agosto. La negociación se destrabó recién con una versión acotada de esos pedidos, centrada en los data centers y en el contenido nacional de las inversiones. Por su parte, la UCR había impulsado además un régimen complementario para inversiones menores, desde 12 millones de dólares, que no forma parte de los cambios finalmente incorporados.

La negociación se dio en un escenario particular para el oficialismo: la derrota de la Ley de Tierras semanas atrás había debilitado su margen de maniobra frente a los gobernadores y bloques provinciales, que endurecieron sus condiciones para acompañar otras iniciativas del Gobierno. En ese contexto, Patricia Bullrich —presidenta provisional del Senado y jefa del bloque libertario— encabezó los gestos de apertura hacia los aliados, entre ellos la habilitación de tratamiento de proyectos sobre créditos de carbono impulsados por senadoras provinciales, como forma de recomponer acuerdos de cara a la sesión.

Para obtener el dictamen se necesitan 25 firmas en el plenario de comisiones. Como el texto final tendría al menos dos cambios respecto de la media sanción que giró Diputados, el proyecto debería regresar a la cámara de origen antes de poder convertirse en ley, lo que posterga su sanción definitiva. De lograrse el dictamen este miércoles, la expectativa oficial es llevar el proyecto al recinto del Senado el jueves 10 de septiembre.